SOS de periodistas mexicanos

SOS de periodistas mexicanos

Patricia Dávila

EL PASO, TEXAS, 19 de enero (Proceso).- El viernes 21 de enero, la Corte de Justicia local emitirá su dictamen sobre el caso del periodista juarense Emilio Gutiérrez Soto, quien huyó a Estados Unidos en junio de 2008 acosado por el Ejército Mexicano y solicitó asilo político de inmediato. El fallo, dice el defensor Carlos Spector, “sentará un precedente en la relación México-Estados Unidos”.

La sentencia será emblemática porque, arguye, de ser favorable, quedaría en evidencia la administración calderonista por los excesos de los militares contra la ciudadanía, sobre todo contra los periodistas. Spector dice que el de Gutiérrez Soto es el primer caso de asilo político que analiza la corte texana.

E insiste: serviría de antecedente para que otros periodistas que abandonaron el país a causa del Operativo Conjunto Chihuahua (Occh) apelen a la justicia estadunidense y demanden un trato similar al de Gutiérrez.

Y menciona los casos del juarense Ricardo Chávez Aldama, reportero de Radio Cañón, quien fue amenazado de muerte por un grupo de narcotraficantes, y el de Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa en la región lagunera, quien incluso fue secuestrado por el cártel de Sinaloa. Apenas recuperó su libertad, el comunicador se internó en territorio estadunidense.

El caso de Emilio Gutiérrez alienta a sus colegas, sobre todo porque en septiembre de 2010 otro de sus connacionales, Jorge Luis Aguirre, obtuvo el asilo por la vía política gracias a los canales abiertos en el Senado de ese país a raíz de la polémica desatada en torno a la situación del periodista juarense.

En entrevista, en la modesta casa de Las Cruces, Nuevo México, Emilio Gutiérrez Soto relata su odisea:

“Trabajaba en el municipio de Ascensión, Chihuahua, como corresponsal de El Diario, donde era encargado de la oficina. Ahí hacía de todo: de reportero, vendedor, cobrador… Tenía ocho años trabajando ahí.

“En 2005 escribí dos o tres notas sobre asaltos, despojos y abusos de elementos del Ejército a comerciantes y tenderos. En una de ellas informé que un comando de soldados –liderado por Mabeto Amaya, un maleante del pueblo– se metió a un hotel denominado La Estrella, en Puerto Palomas, y despojaron a todos los huéspedes (‘aspirantes a indocumentados’) de su dinero, joyas y perfumes; se llevaron todo lo que pudieron.”

La información molestó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice el entrevistado. El militar envió al jefe de la V Zona Militar, el general Alfonso García Vega, a Ascensión a buscar al reportero para “aclarar el asunto”.

El alto mando militar encomendó la tarea a uno de sus subordinados, el coronel Filadelfo Martínez Piedra, quien llamó por teléfono al reportero. Fue un día de febrero, alrededor de las ocho de la noche. “Él me dijo que su jefe quería hablar conmigo. Hacía frío. Le dije que ya no estaba trabajando, pero él insistió: ‘Vienes o vamos por ti’.

“Me citó en el hotel Miami, en la calle Guerrero y México. Ahí me esperaba un pelotón de soldados, eran como 50. Iba acompañado de mi hijo Emilio, pues no quise dejarlo solo. Al bajarme de mi camioneta comenzaron a rodearme.”

Comenta que su hijo fue testigo de la amenaza del militar: “¿No te da miedo que te suba aquí mismo (señalando la caja de la camioneta) y te desaparezca en la sierra después de que veas cómo trabajamos?”.

En ese momento, prosigue Gutiérrez, “vi que descendía un tipo de una camioneta. Se estaba acomodando las fornituras y la casaca militar. Después supe que era el general Alfonso García.

“Me increpó: ‘¿Tú eres el pendejo que está escribiendo esta chingadera’…?

“Le contesté que había fuentes de información”.

Él insistió: “Ya publicaste tres (notas); una cuarta no va a haber...”

Gutiérrez decidió presentar una denuncia en la fiscalía estatal. La dependencia tardó tres meses en turnar la orden de investigación a la Policía Judicial. La coordinadora de ministerios públicos, Elisa Victoria, incluso le recomendó que se desistiera porque, dijo, los soldados son “peligrosos”.

Pero Gutiérrez no le hizo caso. Poco después presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Ejército negó los hechos e intentó una conciliación. Y aun cuando el reportero accedió, los soldados nunca se disculparon. “Yo cumplí, ellos no”, insiste.

Admite que a partir de entonces tuvo que bajarle de tono al trabajo. Las órdenes de trabajo relacionadas con los militares se las asignaron a otros colegas suyos.

El acoso militar

Pero la situación se agravó para Emilio Gutiérrez en 2008, con el despliegue del Occh. Gutiérrez dice que él fue uno de los primeros perjudicados. En una ocasión, cuenta, un grupo de soldados irrumpió en su casa. Presuntamente iban en busca de drogas y armas, pero no encontraron nada.

“Yo estaba con mi hijo, entonces ya de 14 años. Para entrar, los soldados tumban la puerta, nos encañonan, nos tiran al suelo y nos sacan en calzones a la calle. Nuevamente denuncio ante el Ministerio Público y ante la CNDH. No hicieron nada”, recuerda.

Otra vez el miedo.

“El 14 de junio de 2008 noto vigilancia fuera de mi casa y de la oficina. Era sábado y casi no había fuentes de información, por lo que solía darme una vuelta por las oficinas de la policía. Noté que me seguían, pero logré esconderme. Por la tarde una amiga me contacta por teléfono. La percibí muy nerviosa. Me dice que quiere verme, que es urgente.

“Cuando nos encontramos, me pide que me vaya del pueblo porque me van a matar. Ella lo sabía porque tenía una relación sentimental con un militar de alto mando en la guarnición de Palomas.”

La advertencia lo dejó frío, comenta. Se despidió de su amiga y fue por su hijo, quien estaba con un amiguito. Luego fue a su casa por ropa y documentos. Esa noche se escondió en el rancho de un conocido suyo. Al día siguiente volvió a su domicilio para recoger las denuncias que había presentado contras los militares.

“Estaba decidido –dice–. La única salida era brincar pa’l Paso a través del Berrendo; si cruzaba por Ciudad Juárez o Palomas tenía que pasar por unos tres retenes militares. Por el entronque fue un albur, lanzamos una moneda al aire… Llegamos a la garita mexicana: ‘¡Eh!, qué traín, ¡Párense ahí!’ –nos dijo uno de los soldados.

“Le contesté que más miedo de la chingada era lo que llevábamos. Le expliqué la situación y le dije que iba a Estados Unidos a pedir asilo. Nos dejó continuar.”

–¿Cómo es El Berrendo?

–Puro desierto y mezquite. De Ascensión a Janos son 27 kilómetros. Luego hay que recorrer 47 kilómetros más, hasta donde termina la carretera, y después otros 11 de terracería…

El 16 de junio de 2008, ambos cruzaron la frontera por El Berrendo. Gutiérrez solicitó asilo para su hijo y para él. Recuerda que los agentes del Servicio de Seguridad Interna de Estados Unidos (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) los trasladaron a las instalaciones de Columbus, donde estuvieron dos días.

El 18 de junio, su hijo fue enviado a una escuela para migrantes indocumentados ubicada en Canutillo, donde estuvo dos meses. Gutiérrez permaneció recluido durante ocho meses en El Paso. Durante ese lapso ambos sólo se vieron en dos ocasiones.

Las trampas

El abogado Carlos Spector sostiene que su cliente es una de las víctimas de la “limpia ideológica” instrumentada por los militares del Occh en Ciudad Juárez. Emilio Gutiérrez, insiste el experto en la defensa de los mexicanos que solicitan asilo político en Estados Unidos, fue perseguido e intimidado por los soldados por haber evidenciado la corrupción y los abusos de las tropas federales.

Spector dice que la solicitud de asilo de su cliente se fortaleció por el desdén de las autoridades del estado de Chihuahua. Aun cuando Gutiérrez presentó su denuncia, las autoridades locales nunca lo atendieron; la CNDH también actuó con negligencia; querían que dejara Estados Unidos y regresara a Juárez a declarar, en lugar de acudir los visitadores a El Paso. Lo que pretendían era que desistiera de pedir asilo.

De nada valió porque, insiste, el caso de Gutiérrez ya está muy fuerte. Cuando algún ciudadano mexicano solicita asilo político en Estados Unidos es porque algún grupo ajeno al gobierno lo persigue y las autoridades no lo pueden o no quieren proteger, o bien cuando es el propio gobierno el que lo persigue, como es el caso de Emilio. Por eso, dice, “sólo tenemos que comprobar ante la corte tejana que no es razonable que Emilio regrese a México”.

–¿Ya lo hicieron?

–Sí.

Spector alude a los casos de los reporteros Alejandro Hernández y Ricardo Chávez. Ambos, dice, fueron amenazados por grupos de la delincuencia organizada. Lo que se tiene que demostrar es la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad personal y la de sus familias. Y eso es fácilmente comprobable.

Spector también menciona el caso de Luis Horacio Nájera, corresponsal del periódico Reforma en Ciudad Juárez, quien recibió amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada. Dice que cuando el reportero se enteró de lo que vivieron Emilio Gutiérrez y su hijo, optó por irse a Canadá.

Según el litigante, lo que el gobierno de Estados Unidos pretendía era que los periodistas no solicitaran asilo acá. Pero ese es un argumento falaz. Aun sin papeles, ellos pueden ingresar a este país y solicitar asilo.

Y remata: “El caso de Emilio y su hijo es emblemático para ambos países, pues la petición se hizo en un momento en que Estados Unidos le apostaba todo al Plan Mérida y cuando México iniciaba el Operativo Conjunto Chihuahua para combatir al narcotráfico”.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV