En concreto | Laura Itzel Castillo
El 16 de febrero pasado presenté a la Cámara de Diputados, como integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y de la Comisión de Equidad y Género, una iniciativa para combatir los feminicidios en el país, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
El proyecto de decreto, que consta de 13 cuartillas, deberá ser turnado por la Mesa Directiva de la Cámara a las comisiones de Equidad y Género y de Justicia, pero antes, posiblemente hoy o mañana, habrá oportunidad de presentarla ante el pleno.
Si bien desde el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, poco ha cambiado para buena parte de la población femenina mexicana. Como parte de sus disposiciones, esta ley establece en su capítulo V la violencia feminicida y la alerta de violencia de género. Los artículos 21, 22 y 23 definen claramente el problema.
Sin embargo, a cuatro años de haberse promulgado esta ley, los hechos y las cifras demuestran que las mujeres en nuestro país continúan sufriendo una violencia que llega a límites extremos. De ello han dado cuenta diversos organismos de la sociedad civil. Por eso, nuestra iniciativa plantea como agravante la existencia de las conductas que conforman el concepto de violencia feminicida, establecido en el artículo 21 de la citada ley, y propone el incremento de penalidades.
La problemática ha rebasado el ámbito nacional. Consecuentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano, el 16 de noviembre de 2009, por su responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
El clima preelectoral ha contaminado las discusiones sobre los feminicidios. Lo ha contaminado particularmente en el estado de México, entidad que registra un alarmante incremento en el número de muertes violentas de mujeres, sin que hasta la fecha las autoridades locales hayan hecho nada por impedirlo.
Durante cinco años, de 2005 a 2010, 922 mujeres fueron asesinadas en el estado de México, según denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Por su parte, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad reporta que entre 2007 y 2009, por cada 100 mil habitantes en Toluca, fueron asesinadas 12 mujeres.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, el primer lugar en feminicidios lo ocupa Ecatepec con 118, seguido de Nezahualcóyotl con 71, Tlalnepantla con 53 y Toluca con 45. A pesar de estas cifras, el 11 de enero pasado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, descartó la posibilidad de declarar una alerta de violencia de género (AVG) en el estado de México, es decir, se impidió que se tomaran medidas gubernamentales para detener esta violencia criminal en esa entidad.
Con la iniciativa buscamos que ya no existan pretextos para negar la intervención de todo el aparato gubernamental. Se propone que la PGR informe oficialmente a Gobernación y al Instituto de las Mujeres sobre las investigaciones de feminicidios, para que con ello, ahora sí, se aplique la ley antiviolencia de género.
Que el sistema haya declarado improcedente la solicitud para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el estado de México, no debe detener las exigencias en ese sentido. No podemos permitir que la negligencia y el olvido reproduzcan en esta entidad lo ocurrido en Ciudad Juárez.
Fuente: El Universal
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