ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES
El conflicto que se ha generado en torno a la construcción de la Presa El Zapotillo en Jalisco, da muestra del doble discurso que manejan los funcionarios públicos frente a los movimientos sociales. Por una parte, aquéllos exigen que las demandas sean llevadas por los cauces jurídicos correspondientes, que diriman los conflictos en las instancias judiciales, que justifiquen y demuestren sus razones por las vías institucionales y jurídicas establecidas por el Estado; mientras que, por otro lado, cuando ese movimiento social logra demostrar por todas las vías institucionales que la razón jurídica y ética está de su lado, esos mismos funcionarios públicos y las instituciones, son los primeros en incumplir con lo que decidieron las instancias judiciales. No conformes con no cumplir con la ley, condenan sin sustento alguno a quienes, con todo el derecho que les asiste, quieren hacer prevalecer lo ordenado por los jueces.
Los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, afectados por la construcción de la presa El Zapotillo tienen la razón jurídica porque así lo han resuelto varias instancias, entre ellas: la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del estado de Jalisco, la cual el 15 de diciembre de 2009 (expediente 319/2009) concedió la suspensión provisional de las obras relativas al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Temacapulín; la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que emitió una recomendación el 21 de diciembre de 2009, en la que asegura que se han violado garantías constitucionales (el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio histórico y cultural propiedad de la nación, así como al desarrollo y a la salud) y solicita al gobierno de Jalisco, en consecuencia, que suspenda la obra y que se hagan los estudios alternativos a la construcción de la presa en cuestión; el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, de acuerdo al juicio V-319/009, que solicitó a la Procuraduría de Justicia de Jalisco el procedimiento por desacato contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, la CEA y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón por violar la suspensión que impide edificar el nuevo centro de población; el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, el que el 31 de enero de este año ordenó a la Conagua el cese inmediato de la construcción de la presa. A pesar de la fuerza jurídica que deberían tener estas resoluciones de instancias jurídicas legitimadas por el estado, no les ha importado a ninguna institución demandada e involucrada en el conflicto, ni a la Conagua, ni al gobierno de Jalisco, ni al ayuntamiento de Cañadas de Obregón. Cuando el derecho no le da la razón al gobierno, busca sus propios medios para hacerse imponer: la represión, por ejemplo.
Por lo menos después de esta primera muestra de intolerancia gubernamental ante el movimiento que decidió parar las obras de la Presa El Zapotillo por no cumplir con su derecho, ya se logró un acuerdo entre autoridades federales y pobladores, el de instalar mesas de diálogo. Ahora de lo que se trata es que ese diálogo sea auténtico. Para ello, será necesario mostrar voluntad de parte de las autoridades gubernamentales, en primera instancia, tomando en cuenta los lineamientos que estableció la Comisión Mundial de Represas (WCD, por sus siglas en inglés) en su Informe Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones.
En ese prestigiado informe, después de realizarse exhaustivos estudios de represas en todo el mundo (125 represas grandes en 56 países, entre algunos de esos estudios) se recomienda lo siguiente: 1) Ninguna represa debe construirse sin la aceptación demostrada de las personas afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y tribales afectados; 2) Deben desarrollarse diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y energéticas de las personas, así como de diferentes opciones para satisfacer dichas necesidades, antes de proceder con cualquier proyecto; 3) Deben priorizarse los esfuerzos para maximizar la eficiencia de los sistemas hídricos y energéticos existentes antes de construir proyectos nuevos; 4) Deben realizarse revisiones participativas periódicas de los embalses existentes para evaluar elementos como su seguridad, y la posibilidad de retirarlos de funcionamiento y regresar, en lo posible, a la situación vigente antes de su construcción; 5) Deben desarrollarse mecanismos para indemnizar, o compensar retroactivamente, a quienes hayan sido perjudicados por las represas existentes, y para restaurar los ecosistemas dañados.
Algo está claro a estas alturas del conflicto y después de conocer las recomendaciones de este importante informe: ninguna de ellas se consideró por las instancias gubernamentales al pretender construir la presa El Zapotillo, si no, nada de esto estuviera ocurriendo. En el diálogo que comienza, estas razones –junto con las jurídicas– deben prevalecer.
aleycristal@hotmail.com
Fuente: La Jornada de Jalisco
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