JORGE COVARRUBIAS
El padre Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se siente más animado con el dictamen técnico que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y cuyas conclusiones señalan que el poblado representa un hito urbano histórico que debe conservarse.
De cara a la mesa resolutiva que sostendrán en breves días con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el sacerdote señala que dicho documento refuerza los argumentos de quienes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo que inundaría a los tres poblados, y deja al desnudo que el proyecto es ya una imposición de los funcionarios.
“Las autoridades se están quedando sin argumentos, esto se nota como una imposición, o sea proyectos impuestos en donde no se consulta a nadie o se consultan los intereses de unas cuántas personas”, comenta.
“Seguiremos diciendo no a la presa El Zapotillo porque no es un proyecto sustentable, no es un proyecto que genere vida, sino que más bien está generando muerte, está generando un despilfarro de los recursos que tenemos los mexicanos en obras que no son para beneficio de los pueblos”, puntualiza.
La Jornada Jalisco dio a conocer en su edición del 26 de mayo del 2011 el contenido del dictamen técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que se advierte que el 70 por ciento del territorio urbano de esta población es patrimonio cultural y es un hito urbano histórico cuyo valor obliga al Estado mexicano a conservarlo. El documento, pese a que ya ha sido difundido ampliamente por radiodifusoras, televisoras y diarios locales y nacionales, continúa en la clasificación de documentos reservados por un acuerdo entre la Conagua y el INAH.
El padre Gabriel se enteró de la existencia de ese dictamen el 15 de abril pasado, un día después de que se llevara a cabo la tercera mesa de diálogo entre habitantes y autoridades. Le exigió una copia a la titular del INAH, Angélica Peregrina, quien a su vez le negó el documento. Dice que se informó del contenido cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar de ello.
“Hay contubernio, hay complicidad entre autoridades federales de distintos poderes y creo que eso va en contra de la Ley de Transparencia, de la búsqueda de los intereses comunes”, indica.
El sacerdote, avecindado en la comunidad de La Magdalena en el municipio de Zapopan, cuya parroquia está a su cargo, añade que ocurrió lo mismo con el dictamen del INAH y la recomendación 35/2009 que giró la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a la Conagua para suspender la construcción de la presa: ambas fueron ocultadas “para que no se descubran sus canalladas”.
El padre refiere que no es el único documento que se ha escondido, hasta la fecha la Conagua sigue sin presentar la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y el cambio de uso de suelo. La Conagua anunció que pediría al INAH una revisión a su dictamen. Espinosa Íñiguez añade que se trata ya de una terquedad de las autoridades porque no tienen más argumentos.
“No necesitamos nuevas presas, sino nuevas formas de administrar el agua, de cuidarla para que llegue a todos y para siempre, no solamente soluciones chatas, soluciones miopes”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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