Embarazos: imposición y resistencia

LEIB CILIGA - MIÉRCOLES, OCTUBRE 05, 2011

Sí existió la Revolución mexicana de 2010. Fue pacífica. No involucró a las mayorías. Tampoco tuvo ejércitos. Logró sus propósitos bajo el fuego cruzado entre delincuentes y entre éstos y las fuerzas del orden. En ese año de gracia México vivió, conoció una de las transformaciones más profundas de su historia. De manera excepcional hizo uso de las leyes y de las instituciones para ampliar los derechos ciudadanos. En medio de las violentas barbaries que azotan el país, fueron libradas batallas legales. Los enfrentamientos tuvieron como artillería las ideas, las razones, las ideologías, las concepciones del mundo.

La Revolución mexicana de 2010 renovó las ideas de respeto del “otro”, de disenso en la convivencia pacífica: de vida. Reconocer legalmente el matrimonio a parejas del mismo sexo y, antes, ofrecer a las mujeres la posibilidad de cancelar su embarazo, al amparo de las leyes del Distrito Federal, constituyen el cambio más significativo en el proyecto de vida común de los mexicanos en las últimas décadas. Ambas decisiones resultaron de proyectos de las elites, aunque ancladas en una parte importante de la realidad social. A pesar de su localidad geográfica, las decisiones fueron debatidas más allá de la sociedad capitalina.

Quienes dialogaron en torno a estas decisiones legales desde la sociedad no lograron acuerdos unánimes, ni siquiera mayoritarios. Aunque todos acataron las resoluciones de la Suprema Corte, sólo algunos hicieron uso de los nuevos derechos. Es normal: se trata de derechos humanos que son ejercidos por minorías, según sus preferencias o sus circunstancias de vida. El hecho fundacional y fundamental es la experiencia misma: quienes actúan interrumpiendo su embarazo o contrayendo matrimonio gay lo hacen sin vivir la ilegalidad y la victimización. La tolerancia es la base de estos derechos.

La realidad de la vida nos mostrará que ni todos los matrimonios gay serán felices y para toda la vida, ni los embarazos interrumpidos son vividos con la ligereza banal del egoísmo propio de la irresponsabilidad, aunque todos, sin excepción, representan soluciones indeseadas y en mayor o menor medida sí son vistos como inevitable tragedia. Estas experiencias forman parte de la complejidad de la vida humana que une en cada una de sus vivencias profundas alegrías y tristezas, dolores y dichas. Nada es para siempre ni nada es nítidamente malo o bueno. Por lo menos no desde la racionalidad y la emoción unánimes, que por otro lado no existen en ninguna sociedad.

En términos sociológicos, culturales y políticos los matrimonios gay y las interrupciones de los embarazos no cuentan con rechazos o apoyos unánimes. En su momento, las decisiones a su favor mezclaron visiones, ideologías, intereses, conceptos religiosos o de moral de grupos que o coincidieron o lograron convencer a quienes elaboran las leyes y velan por su pertinencia, adecuación y legalidad. En el camino confrontaron sus visiones con quienes no piensan como ellos. Éstos debieron asumir las decisiones, aunque esta postura no significó aceptación pasiva. Estos grupos sabían que otra parte de la población no estaba de acuerdo con la existencia legal de estos derechos. Buscaron poner frenos a esta nueva situación. Lo han conseguido. Ni antes ni ahora estas decisiones deben ser vistas ni como tragedias ni como victorias definitivas.

El proceso de donde surgen ambas decisiones son los mismos. Leyes locales que proponen e imponen una concepción de las libertades y la forma de ejercerlas. Lo destacable en ambos casos es la ausencia de opiniones válidas de los ciudadanos. Con las resoluciones de la Suprema Corte, en los estados de Baja California y San Luis Potosí, sobre la cuestión de la continuidad obligatoria de los embarazos sin considerar el derecho a rectificar o ratificar su condición por las propias mujeres, e inclusive especificando sanciones penales si deciden interrumpir su embarazo, las encuestas de opinión levantadas para conocer las inclinaciones de los ciudadanos, arrojan resultados que marcan nítidamente la división por mitades. 50 por ciento apoya la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo y la otra mitad lo rechaza. ¿Sería esta la situación en caso de un referéndum nacional sobre el tema? Es casi seguro. Así ha sucedido en casi todos los países que cuentan con leyes aprobadas de validez nacional.

Cuando en Francia se debatía el tema que duró un largo periodo, el presidente francés fue interrogado por dos Papas sobre su posición. Valery Giscard d´Estaing expresó con claridad su posición personal y su posición como presidente. En tanto ciudadano católico compartía el punto de vista de la Iglesia católica y la de sus importantes interlocutores. Como presidente de una república laica, entendió que su función era en primer lugar respetar las opiniones de los ciudadanos franceses y, en segundo lugar, él debía trabajar para hacer coincidir las leyes con los estados de opinión pública expresados mediante referéndum. A los Papas no les preguntó su opinión. La conocía, pero aún así mantuvo su autonomía como representante de su sociedad. Esta importante vivencia clarifica que en el reciente caso mexicano es posible que el Papa haya intervenido en el debate de manera dirceta. El problema no radica en esa hipotética llamada, sino en la posible actitud de sus interlocutores mexicanos.

En las dos situaciones mexicanas (Distrito Federal de un lado y Baja California y San Luis Potosí del otro) el actor público ausente ha sido el pronunciamiento explícito de la ciudadanía, es decir, la opinión de mujeres y hombres traducida en votos a favor o en contra. Es natural, en consecuencia, que se lancen duras críticas a favor o en contra de los legisladores y de los jueces desde los medios de comunicación, opiniones tan virulentas como estériles, pues en poco ayudan a construir un clima de opinión pública de reflexión en un tema en el cual predomina la emoción, las pasiones religiosas, los mitos, las leyendas y los prejuicios de una sociedad desinformada, de baja escolaridad y prejuiciosamente machista.

Si bien es de reconocerse como avance civilizatorio el respeto a los procedimientos legales y en general la contención de las emociones y las pasiones en los grupos que apoyan cada una de las posiciones, también es necesario decir que el debate debe ser elevado con más y mejores argumentos por ambos bandos. Debemos crear las condiciones efectivas para que las posibilidades de vivir nuestros proyectos de vida de acuerdo a nuestros valores sean una realidad. Ha de reconocerse que mientras las leyes que permiten actuar en circunstancias difíciles o de preferencia personal, no obligan a nadie a efectuar los actos contenidos en las leyes, sino que les ofrecen un marco para no actuar fuera de los consensos legales y en consecuencia sufrir castigos penales, las leyes que prohíben actuar con libertad legal restringen los proyectos de vida a todo mundo. Las primeras son opcionales, las segundas son obligatorias.

La cultura mexicana vive desfasada respecto a los avances científicos, sociales y culturales del mundo occidental. Heredera de la cultura burguesa-católica, la mexicana se aferra a un machismo que resulta disfuncional con el proceso de feminización, o sea de civilización a escala planetaria. La vida cotidiana se vive en medio de una cultura de masas cuya esencia es la exaltación de los valores femeninos. La revolución de las tareas domésticas, gracias a la tecnología, liberó el tiempo de trabajo de las mujeres, modificó para bien las tareas hogareñas y gracias a la cultura de masas, se sentaron las bases para la aparición del Padre Maternal y el debilitamiento del Padre Autoritario.

La ciencia continúa aportando elementos para mejorar la condición femenina de vida. A pesar de estos avances, nuestra cultura sigue asentada en prejuicios machistas y conservadores que poco nos ayudan para asumir plenamente las nuevas condiciones de civilización: las que determinan que las mujeres no sólo deben tener los mismos derechos que los hombres, sino que es necesario aceptar que poseen derechos auténticamente femeninos que les deben ser reconocidos legal y culturalmente. Ésta debe ser la base de liberación que nos permita escapar de los falsos debates del feminismo a ultranza y del machismo tradicional. El inicio para un mejor debate es reconocer las condiciones actuales sobre las opiniones, actitudes, ideas y prejuicios que arrojan un resultado de división por mitades en los apoyos a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuente: La Jornada de Veracruz