MÉXICO, D.F. (apro).- El 28 de julio un grupo de hombres vestidos de negro, con armas largas y encapuchados que dijeron ser integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación se presento públicamente como Los Matazetas, es decir, como los encargados de eliminar a los integrantes del cartel de Los Zetas que operan en Veracruz gracias, dijeron, a la anuencia del exgobernador Fidel Herrera. Dos meses después volvieron a aparecer tras el asesinato de 35 personas cuyos cuerpos fueron tirados en una de las principales avenidas de Boca del Río, a unos metros donde se realizaría al día siguiente el encuentro nacional de procuradores.
Después de esta macabra aparición, por la forma de presentarse mediante videos y comunicados, así como por la formación militar o policiaca con la que se exhiben, analistas y expertos han calificado a este grupo como “paramilitar”, creando una peligrosa confusión en la opinión pública porque los asemejan a los paramilitares colombianos que durante los años ochenta realizaron actos de terrorismo en contra de Pablo Escobar, solapados por un grupo de empresarios y de funcionarios interesados en eliminar al mayor capo de Colombia.
El analista uruguayo Edgardo Buscaglia dice que en México hay 167 grupos paramilitares y aunque no es preciso con la fuente de información ni tampoco con la definición, asegura que son paramilitares aquellos grupos de expolicías, exmilitares, mercenarios nacionales y extranjeros que se han alquilado para proteger a empresarios o que son pagados por gobernadores para “limpiar territorios” a favor de algún grupo del crimen organizado.
Advierte que el paramilitarismo que ya sufre México lo llevará a que se precipite al abismo como sucedió con Afganistán, Kosovo y Colombia. Situación que, de ser cierta y aunque no lo dice el experto, llevaría a una ocupación militar de Estados Unidos como ha ocurrido también en esos tres países.
Es por el planteamiento de estos escenarios que habría que tener más cuidado en el uso y definición de los términos y en las consecuencias que puede traer para el país la existencia de verdaderos grupos paramilitares pagados por empresarios o por gobiernos, porque en la medida que se empoderan con el tiempo, forman grupos de poder muy difíciles de combatir. En Colombia, si mal no recuerdo, fue hasta que se hizo una alianza entre estos grupos con la FARC que su poder creció enormemente, al grado de convertirse en otro cártel más de la droga. Un paralelismo con México no se puede dar y es peligroso hacerlo porque, afortunadamente, no existen guerrillas tan poderosas como las FARC unidas a los cárteles.
Lo cierto es que estos grupos paramilitares sí han existido en México desde 1995, y se hicieron evidentes cuando los indígenas chiapanecos declararon la guerra al Estado y, sin poder exterminarlos, el gobierno organizo y entrenó militarmente a grupos de indígenas en una estrategia de contrainsurgencia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hizo un minucioso estudio sobre el origen y presencia de los grupos paramilitares; y observó que en la zona norte de Chiapas y en la región de Los Altos, donde el EZLN tenía amplias bases de apoyo, era necesaria la presencia de tales grupos. Mientras que en las cañadas de Ocosingo, donde había milicianos zapatistas, fue donde instalaron bases militares que aún siguen operando.
Definidos por el maestro Miguel Granados Chapa como “una banda de asesinos que, organizados por el Ejército, con aquiescencia o no del gobierno, y dotados de entrenamiento y equipo propios de las fuerzas armadas, realizan acciones al margen de la ley que el Ejército no puede asumir”. Estos grupos se mantienen hibernando y, de vez en vez, actúan para restarle territorio de dominio al EZLN.
No hay otro caso de paramilitarismo en México, pero lo que sí han existido son las guardias blancas y los escuadrones de la muerte que, apoyados por caciques y gobiernos, han sido usados para eliminar a dirigentes sociales, como fue en el caso de Oaxaca durante el 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz organizó a un grupo de policías entrenados por mercenarios, quienes vestidos de civil persiguieron y asesinaron a 20 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Lo que estamos viendo en Veracruz sería, más bien, la nueva versión de “escuadrones de la muerte”, esto es, grupos subvencionados o apoyados por algún cártel y sus cómplices gubernamentales utilizados para eliminar a otro grupo del crimen organizado y quedarse con la plaza.
Por lo que hemos visto y escuchado en los videos emitidos por el cáartel de Jalisco Nueva Generación, tanto en Quintana Roo como en Veracruz, son policías o soldados que se han pasado del lado de un grupo enemigo de Los Zetas convirtiéndose en el brazo ejecutor para eliminarlos. En alguno de sus primeros videos difundido el pasado 17 de julio en Quintana Roo, señalan que están integrados por familiares de secuestrados que, cansados de la injusticia, decidieron organizarse y armarse para acabar con Los Zetas. En este primer video no están vestidos de negro como se mostraron posteriormente en Veracruz.
Independientemente de cómo se les quiera llamar, la presencia y actuación de estos grupos es doblemente preocupante porque de una parte se vuelve a confirmar la debilidad del Estado con los vacíos de poder que origina y que son ocupados por estos grupos; y de la otra parte, la complicidad de los gobiernos estales, principalmente del PRI, con el crimen organizado.
Este último escenario puede traer consecuencias fatales para el país, pues si gana el PRI en el 2012, veremos entonces los efectos de esta alianza entre narco y política, un escenario de guerra sin cuartel entre Los Zetas y sus enemigos, todo esto con la intensión de que sólo uno de ellos, un solo cártel domine en todo el país, estableciendo un cogobierno con el gobierno federal en turno.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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