Elizabeth Velasco C.
Publicado: 17/07/2013 17:03
México, DF. Tras agotar los recursos de ley para lograr que se emita la declaratoria de Alerta de Género en el estado de México -sin obtener resultados favorables pese a que un juzgado así lo ordenó desde mayo pasado-, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y otras organizaciones civiles demandaron la intervención del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw) de la ONU, para que exhorte al gobierno de Enrique Peña Nieto a proceder en consecuencia.
Lo anterior informaron María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF; Marcela Lagarde, presidenta de la Red de investigadoras para la vida y la libertad de las mujeres; Agnieszka Raczynska, de la Red nacional de organismos civiles de derechos humanos todos los derechos para todos, y Octavo Amezcúa, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En conferencia de prensa, acusaron a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de incumplir una sentencia judicial definitiva que en mayo pasado ordenó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) sesionar para abordar la procedencia de la declaratoria de alerta de género en esa entidad.
Se espera que el próximo 19 de julio sesione nuevamente el SNPASEVM para abordar ese asunto, sin que hasta el momento el Inmujeres, encabezado por Lorena Cruz Sánchez, “haya generado las condiciones necesarias para el análisis del tema, además que no cuenta con un método claro e imparcial para motivar y fundar la negativa”, destacó Estrada.
Recordó que la implementación de la alerta de género se ha negado desde hace dos años en el estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México, y Lorena Cruz la responsable de las políticas estatales de género.
Estrada advirtió que México ocupa el tercer lugar en feminicidios a escala mundial, y que a cinco años de haberse creado el mecanismo para proteger a las mujeres, la alerta no se ha podido activar en ninguno de los estados en que se ha requerido, porque “los partidos han politizado dicho mecanismo”. Los estados en que se ha solicitado, son: Oaxaca, Guanajuato, estado de México, Nuevo León e Hidalgo.
Raczynska manifestó que los 73 organismos de derechos humanos que integran la Red, comparten su preocupación por la “ineficacia de la autoridades para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano ante la ONU, para proteger los derechos humanos de la población y en especial de las mujeres”.
Indicó que en los últimos cinco años las acciones del gobierno mexicano han sido revisadas por varios mecanismos de la ONU, en los cuales han destacado diversas recomendaciones vinculadas al tema de la violencia contra las mujeres.
“No sólo son las voces nacionales, también de la comunidad internacional las que expresan su preocupación porque México es conocido como un país donde las mujeres son asesinadas y donde las autoridades omiten abordar de manera eficaz la violencia contra las mujeres”, indicó Raczynska.
Por su lado, Lagarde, una de las promotoras de la alerta de género, destacó que la impunidad provoca que se reproduzca la violencia en contra del género, y lamentó que las autoridades locales y federales se resistan a declarar dicho mecanismo.
“El propósito de la Alerta de género es precisamente acortar el ciclo de la impunidad y que las autoridades actúen con presteza y apego a la ley, para iniciar de inmediato la búsqueda de niñas y mujeres cuando han desaparecido o son víctimas de trata, o bien para evitar que sean asesinadas, lo cual ocurre debido a la delación con que actúan los ministerios públicos”, dijo.
Cuestionó también el actuar del SNPASEVM (integrado por Gobernación, Inmujeres, los 32 institutos de género en el país, entre instituciones de gobierno), que “en lugar de dialogar y acercarse a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de género, se defiende de la sociedad civil, cuando sus integrantes han procurado que prevalezca el estado de Derecho y no queden en la impunidad los feminicidios, ni la violencia de género”, subrayó Lagarde.
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