11 quejas por lesiones, golpes y amenazas de muerte interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y maestros en contra de elementos de seguridad pública y funcionarios públicos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que ejecutaron y ordenaron el desalojo violento en contra de manifestantes en la Plaza Lerdo el pasado 14 de septiembre.
Los universitarios, acompañados por el abogado adjunto del director jurídico de la Universidad Veracruzana, exigieron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita las recomendaciones correspondientes, porque de acuerdo a los hechos se debe dar la destitución de Julio Cerecedo –Director de Política Regional–, de los funcionarios que tienen a su cargo la policía de Seguridad Pública (SSP) del Estado y que se les cese de todo cargo en la función pública, así como de las autoridades que ordenaron el desalojo violento de la protesta que era pacífica.
De igual manera, las quejas ante la CEDH se interpusieron para que se investigue sobre los cargos sembrados a universitarios, ya que con ello la policía justificó las detenciones arbitrarias, como es el caso del estudiante de Sociología de la UV y ambientalista Alberto Arellano, quien fue golpeado y luego puesto a disposición del Ministerio Público Federal luego que la policía estatal le fabricó delitos.
Aunque dijeron que esto, “es pedirle mucho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero bueno vamos a interponer la queja” y de no tener respuesta por parte de las autoridades estatales, los agraviados acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instancias internacionales como Amnistía Internacional, quien ya se acercó a los afectados.
Las personas que resultaron agredidas el sábado reciente agregaron: “queremos las cabezas –la destitución y procedimiento penal– de los policías y jefes de seguridad encargados del operativo del sábado 14. Queremos que Cerecedo ponga su renuncia o se le destituya, y que no se implemente la política del garrote contra la población, que esto no se vuelva a repetir en el estado de Veracruz”.
“Se supone que los policías deben cuidar la seguridad de los habitantes, no golpearlos, aterrorizarlos y amenazarlos de muerte (…) Esos policías fueron instruidos para atacar, ni siquiera llevaban escudos, y llegaron a agredirnos a pesar de que ya nos estábamos quitando”, sostuvo Julián Ramírez, estudiante de la UV, quien recibió golpes durante el desalojo de maestros.
El abogado adjunto de la Universidad Veracruzana, Francisco Ontiveros, afirmó que acudió por instrucciones de la rectora Sara Ladrón de Guevara, para observar y si es necesario dar una asesoría, así como verificar que presenten su queja y posteriormente dar el seguimiento.
Por su parte los estudiantes agradecieron el pronunciamiento de Ladrón de Guevara, pero lamentaron que haya sido “no tan contundente” y no de propia voluntad sino a raíz de la exigencia que los propios jóvenes hicieron para que su Rectora no desamparara a sus estudiantes.
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