lunes, 7 de octubre de 2013

Recomendación de la CNDH a Mondragón


RODRIGO VERA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir la primera recomendación a una cárcel privada –el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora– debido a las “condiciones infrahumanas y peligrosas” en que viven sus internos, así como a las “deficiencias” carcelarias que son incluso “mayores” a las que maneja el gobierno.

Se trata de la recomendación 35/2013 y está dirigida al comisionado Manuel Mondragón y Kalb, por ser el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles privadas federales, como es ésta de Hermosillo, a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), propiedad de la familia Quintana.

Fuentes confidenciales revelan que la CNDH ya está preparando más recomendaciones dirigidas a otros penales federales manejados por empresarios, como los de Miahuatlán, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pues van en aumento las quejas a pesar de tener poco tiempo.

Por lo pronto, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ya envió la recomendación a Mondragón y Kalb. Ahí le dice sobre el Cefereso de Hermosillo, inaugurado en octubre de 2012 por el presidente Felipe Calderón:

“Ante la recurrencia en la recepción de quejas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió a dicho centro de reclusión, en el que pudo constatar que la situación de las personas privadas de su libertad, así como las condiciones que imperan en ese establecimiento penitenciario, no son las idóneas para la privación de libertad en condiciones de una vida digna y segura de todos los ahí internos, además de que no hay actividades laborales, educativas ni deportivas, la vinculación social del recluso es inadecuada, se proporciona una limitada y deficiente atención médica a la población penitenciaria, no se cuenta con personal suficiente, por lo que no se llevan las acciones necesarias para la protección y observancia de los derechos fundamentales de las personas internas.”

Para empezar, la CNDH señala que a la prisión fueron trasladados mil 849 reclusos provenientes de otras cárceles sin que se les haya avisado a éstos y a sus familias. Al llegar, los reos ni siquiera tenían “conocimiento del lugar en que se encontraban”. Y todavía una semana después del traslado “permanecían incomunicados, pues no se permitía la visita de sus familiares ni de sus abogados por disposición de las autoridades federales”. Esto provocó “la incertidumbre y la angustia” de las familias.

Indica que “los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de los reclusos, ya que constituyen un acto de molestia, además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, pues generalmente alejan al interno procesado o sentenciado del lugar más cercano a su domicilio”.

Y menciona los penales de donde provenían los reclusos, localizados en Veracruz, Nayarit, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Distrito Federal y el Estado de México.

(Fragmento del texto que se publica en Proceso 1927, ya en circulación)