Detecta ASF inconsistencias por $60 mil millones en cuenta 2007
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, DF. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias por poco más de 60 mil millones de pesos en el primer año de gobierno de Felipe Calderón.
Las observaciones deberán ser subsanadas en un periodo de 45 días hábiles, lapso que concluirá el próximo 15 de junio; de no ocurrir ello, el auditor Arturo González de Aragón presentaría denuncias penales, debido a que la hacienda pública federal registraría una afectación por 60 mil 723 millones.
Al presentar ante la Cámara de Diputados el informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2007, González de Aragón aclaró que por ahora no se puede hablar de irregularidades en la administración pública federal.
"Las instituciones tienen 45 días hábiles para aclarar estas observaciones… en caso de no ser solventadas, puede haber promociones de sanción administrativa a servidores públicos, sanciones económicas resarcitorias o, en su caso, denuncia de hechos", explicó.
El auditor, quien este año concluye su periodo como titular de la ASF, reveló que derivado de esta revisión ya se presentaron dos denuncias penales.
La primera es contra servidores públicos del ISSSTE por omisión en su actuación, lo que generó pérdidas para la institución por 8 millones de pesos; la segunda denuncia penal es por irregularidades en el manejo de las finanzas del municipio nayarita del Nayar, en que se detectó una afectación de poco más de un millón de pesos.
González de Aragón explicó que de las inconsistencias por los casi 61 mil millones de pesos, cerca de 19 mil millones corresponden a estados, municipios y Distrito Federal, los que igualmente cuentan con 45 días hábiles para ofrecer explicaciones, entregar la documentación que acredite los faltantes o justificaciones del porqué se dejaron de percibir dichos recursos.
El auditor, quien inició su trabajo al frente de la ASF en la misma época en que arribó el panismo al gobierno federal, ha logrado recuperar 33 mil 718 millones de pesos, cuya mayor cantidad provino del rescate bancario, con casi 11 mil millones.
Otros 2 mil 458 millones de pesos fueron recuperados por el concepto Derecho de Trámite Aduanero --aunque el auditor denunció en su momento que lo que se había dejado de entregar a la Tesorería de la Federación alcanzaba los 10 mil millones, en el conocido caso de ISOSA--; además, 6 mil 800 millones provenientes de estados y municipios, y mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas concesionadas (FARAC).
Durante la entrega de su informe, el auditor puso énfasis en que algunas entidades aún manejan recursos con "discrecionalidad", e incluso siguen incurriendo en "subejercicio del gasto".
Existe discrecionalidad, ejemplificó, en el manejo de los recursos de los excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derecho de Trámite Aduanero y, sobre todo, el manejo de los llamados fondos y fideicomisos.
En este último caso, destacó, el gobierno optó por reducir el número de fideicomisos pero incrementó los recursos que se manejan.
Por ejemplo, en 2006 éstos llegaron a disponer de 200 mil millones de pesos y, en 2007, aunque el número de fideicomisos se redujo, los manejados fueron mucho mayores: más de 300 mil millones.
El problema con este tipo de entidades, fideicomisos, contratos o mandatos, es que para ellos opera el secreto bancario, por lo que existe discrecionalidad en el manejo de los recursos, o por lo menos su uso es poco transparente.
También dijo que en la actual administración panista persiste una insuficiente regulación y supervisión de los actos que el Estado delega en particulares, como son los casos de concesiones, permisos, contratos y licencias.
De la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF practicó 962 auditorías, de las que 54 fueron "especiales".
El resultado fue el registro de 9 mil 557 "observaciones", que generaron unas 10 mil 873 acciones promovidas; de esta cifra, 7 mil 620 fueron de carácter preventivo, mientras que las 3 mil 253 restantes fueron de naturaleza correctiva.
De estas últimas, las 3 mil 253 acciones correctivas, mil 159 fueron pliegos de observaciones, mil 632 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y, finalmente, dos denuncias de hechos.
Todas ellas, a excepción de las penales, deberán ser justificadas por los servidores públicos en un plazo de 45 días hábiles.
¿Y Fox?
Cuestionado sobre las 22 denuncias penales que interpuso por el manejo irregular de los recursos durante la administración federal del panista Vicente Fox, el auditor dijo que eso lo debe responder la Procuraduría General de la República, que fue la instancia ante la que se interpusieron las demandas.
"Yo no soy policía ni soy parte de la PGR... creo que es muy oportuno preguntarle a la PGR en qué situación se encuentran estas denuncias de hechos", exhortó.
Durante la entrega del documento, González de Aragón demandó a los diputados federales dotar a la ASF de mayor "autonomía constitucional", así como de mayores facultades para sancionar a servidores públicos, para que no sólo sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que aplique esas sanciones.
"Esto para qué", se preguntó el propio auditor, "porque necesitamos, ante el problema de percepción de corrupción que hay en el país, tener un frente más amplio de lucha contra la corrupción".
Y par ilustrar el poco margen de maniobra que tiene la instancia que encabeza, González de Aragón recordó cuando la dependencia calificó de inconstitucional la entrega de permisos de energía eléctrica, acción por que la Secretaría de Energía, en aquel momento a cargo de Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional, recurso que finalmente la Suprema Corte resolvió en contra de la ASF.
El segundo caso fue el Fobaproa en que, desde la óptica de la ASF, con el rescate bancario se había generado al erario un quebrando de unos 110 mil millones de pesos, pero de nuevo la SCJN echó abajo la decisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Las observaciones deberán ser subsanadas en un periodo de 45 días hábiles, lapso que concluirá el próximo 15 de junio; de no ocurrir ello, el auditor Arturo González de Aragón presentaría denuncias penales, debido a que la hacienda pública federal registraría una afectación por 60 mil 723 millones.
Al presentar ante la Cámara de Diputados el informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2007, González de Aragón aclaró que por ahora no se puede hablar de irregularidades en la administración pública federal.
"Las instituciones tienen 45 días hábiles para aclarar estas observaciones… en caso de no ser solventadas, puede haber promociones de sanción administrativa a servidores públicos, sanciones económicas resarcitorias o, en su caso, denuncia de hechos", explicó.
El auditor, quien este año concluye su periodo como titular de la ASF, reveló que derivado de esta revisión ya se presentaron dos denuncias penales.
La primera es contra servidores públicos del ISSSTE por omisión en su actuación, lo que generó pérdidas para la institución por 8 millones de pesos; la segunda denuncia penal es por irregularidades en el manejo de las finanzas del municipio nayarita del Nayar, en que se detectó una afectación de poco más de un millón de pesos.
González de Aragón explicó que de las inconsistencias por los casi 61 mil millones de pesos, cerca de 19 mil millones corresponden a estados, municipios y Distrito Federal, los que igualmente cuentan con 45 días hábiles para ofrecer explicaciones, entregar la documentación que acredite los faltantes o justificaciones del porqué se dejaron de percibir dichos recursos.
El auditor, quien inició su trabajo al frente de la ASF en la misma época en que arribó el panismo al gobierno federal, ha logrado recuperar 33 mil 718 millones de pesos, cuya mayor cantidad provino del rescate bancario, con casi 11 mil millones.
Otros 2 mil 458 millones de pesos fueron recuperados por el concepto Derecho de Trámite Aduanero --aunque el auditor denunció en su momento que lo que se había dejado de entregar a la Tesorería de la Federación alcanzaba los 10 mil millones, en el conocido caso de ISOSA--; además, 6 mil 800 millones provenientes de estados y municipios, y mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas concesionadas (FARAC).
Durante la entrega de su informe, el auditor puso énfasis en que algunas entidades aún manejan recursos con "discrecionalidad", e incluso siguen incurriendo en "subejercicio del gasto".
Existe discrecionalidad, ejemplificó, en el manejo de los recursos de los excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derecho de Trámite Aduanero y, sobre todo, el manejo de los llamados fondos y fideicomisos.
En este último caso, destacó, el gobierno optó por reducir el número de fideicomisos pero incrementó los recursos que se manejan.
Por ejemplo, en 2006 éstos llegaron a disponer de 200 mil millones de pesos y, en 2007, aunque el número de fideicomisos se redujo, los manejados fueron mucho mayores: más de 300 mil millones.
El problema con este tipo de entidades, fideicomisos, contratos o mandatos, es que para ellos opera el secreto bancario, por lo que existe discrecionalidad en el manejo de los recursos, o por lo menos su uso es poco transparente.
También dijo que en la actual administración panista persiste una insuficiente regulación y supervisión de los actos que el Estado delega en particulares, como son los casos de concesiones, permisos, contratos y licencias.
De la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF practicó 962 auditorías, de las que 54 fueron "especiales".
El resultado fue el registro de 9 mil 557 "observaciones", que generaron unas 10 mil 873 acciones promovidas; de esta cifra, 7 mil 620 fueron de carácter preventivo, mientras que las 3 mil 253 restantes fueron de naturaleza correctiva.
De estas últimas, las 3 mil 253 acciones correctivas, mil 159 fueron pliegos de observaciones, mil 632 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y, finalmente, dos denuncias de hechos.
Todas ellas, a excepción de las penales, deberán ser justificadas por los servidores públicos en un plazo de 45 días hábiles.
¿Y Fox?
Cuestionado sobre las 22 denuncias penales que interpuso por el manejo irregular de los recursos durante la administración federal del panista Vicente Fox, el auditor dijo que eso lo debe responder la Procuraduría General de la República, que fue la instancia ante la que se interpusieron las demandas.
"Yo no soy policía ni soy parte de la PGR... creo que es muy oportuno preguntarle a la PGR en qué situación se encuentran estas denuncias de hechos", exhortó.
Durante la entrega del documento, González de Aragón demandó a los diputados federales dotar a la ASF de mayor "autonomía constitucional", así como de mayores facultades para sancionar a servidores públicos, para que no sólo sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que aplique esas sanciones.
"Esto para qué", se preguntó el propio auditor, "porque necesitamos, ante el problema de percepción de corrupción que hay en el país, tener un frente más amplio de lucha contra la corrupción".
Y par ilustrar el poco margen de maniobra que tiene la instancia que encabeza, González de Aragón recordó cuando la dependencia calificó de inconstitucional la entrega de permisos de energía eléctrica, acción por que la Secretaría de Energía, en aquel momento a cargo de Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional, recurso que finalmente la Suprema Corte resolvió en contra de la ASF.
El segundo caso fue el Fobaproa en que, desde la óptica de la ASF, con el rescate bancario se había generado al erario un quebrando de unos 110 mil millones de pesos, pero de nuevo la SCJN echó abajo la decisión de la Auditoría Superior de la Federación.
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