Los reprimen por defender la Tierra

ONG denuncia abuso policiaco, amenazas y asesinatos

Liliana Alcántara
El Universal

Miércoles 22 de abril de 2009
En México las acciones para evitar el deterioro de los recursos naturales, conservar la biodiversidad y proteger la Tierra implican un riesgo en el que sus principales promotores pueden perder hasta la vida.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos” documentó en los últimos dos años al menos 41 casos en los que hubo represión policíaca, detenciones arbitrarias, enfrentamientos intercomunitarios, amenazas, hostigamiento y asesinatos contra los defensores de la ecología en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán.

En 31 del total de esos casos el motivo del conflicto es la obtención y control por el agua. El resto obedecen a la defensa de la tierra, los recursos forestales, minerales y a la biodiversidad.

Algunos de los proyectos que han ocasionado esos conflictos son el plan turístico de la Sierra Tarahumara; la construcción de las presas El Tigre y La Cabeza, así como el Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales y Disposición Final en Coahuila; la construcción de la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero; el confinamiento de desechos tóxicos en Zimapan, Hidalgo y la construcción de plantas de etanol en Oaxaca y Veracruz.

Edgar Cortez, secretario técnico de dicha red, explicó que el trabajo de los defensores de los recursos naturales en el país es cada vez más arriesgado en la medida que sus acciones afectan intereses económicos de gobiernos, caciques y empresas transnacionales.

“Hemos visto cómo en los últimos años se han desarrollado proyectos de infraestructura que implican enormes depredaciones y por eso las comunidades han tenido que protestar y oponerse porque además se agudiza la escasez de agua en muchas regiones”, señaló Cortez.

Dijo que quienes encabezan esas movilizaciones son víctimas de hostigamiento y amenazas, pero también son criminalizados porque detienen a los activistas de manera arbitraria y los acusan de delitos que no cometieron. En casos extremos sus actividades de protección al medio ambiente les ha costado la vida.

Ese es el caso, dijo, del ecologista Aldo Zamora, quien el 15 de mayo del 2007 fue emboscado en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, por un grupo armado que, según los testigos, fue integrado por talamontes de la región. Aldo Zamora formaba parte de los defensores del bosque de San Juan Atzingo y nadie hasta la fecha ha sido consignado y sentenciado por su asesinato.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, coincidió en que la defensa de los recursos naturales en México es una actividad que implica diversos riesgos porque su aprovechamiento resulta estratégico para las empresas transnacionales, los gobiernos y los caciques de la región.

“La importancia del aprovechamiento de los recursos naturales es tal que incluso el plan anticrisis del gobierno de Felipe Calderón incluye la construcción de grandes obras de infraestructura que afectarán de alguna manera a los ecosistemas”, dijo.

Afirmó que a nivel local, en las zonas rurales, los campesinos ecologistas enfrentan las amenazas y el hostigamiento de los caciques como es el caso del Ejido de los Corrales, donde dos habitantes han sido detenidos por oponerse a la tala indiscriminada que realizan grupos respaldados por el Ejército.

Explicó que hay otro conflicto similar en las comunidades que rodean a Tecuanapa, en la sierra de Guerrero, donde los habitantes de cinco comunidades luchan porque se les distribuya agua potable y sobre quienes pesan una decena de averiguaciones previas tras las protestas que han realizado en contra de las autoridades municipales.

Los activistas Edgar Cortez y Vidulfo Rosales destacaron que todos los casos de asesinatos y agresiones contra los defensores de los recursos naturales están impunes sin que los gobiernos federal, estatal y municipales castiguen a los responsables ni garanticen el derecho de las comunidades a proteger el medio ambiente.