Muertas de Juárez: Juicio contra el Estado mexicano

ALEJANDRO GUTIéRREZ

México deberá responder por tres de los más de 400 casos de feminicidio ocurridos en su frontera norte, luego de siete años de espera para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara una probable responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de las jóvenes, por no proporcionar protección a las víctimas y por no prevenir los crímenes. Esta será la primera vez que la CIDH aborde la figura del feminicidio en un juicio.

MADRID.– El Estado mexicano será juzgado por primera ocasión ante un tribunal internacional por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde, las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez, lograron que el próximo martes 28 México deba responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cúmulo de negligencias e irregularidades que han afectado la investigación de la muerte de sus hijas.

         Considerado "emblemático" entre los alrededor de 400 homicidios contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, el caso atañe a tres de los ocho cadáveres encontrados entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo algodonero, en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en esa frontera. Los cuerpos mostraban signos de tortura y violación agravada.

         A siete años y medio de distancia del hallazgo, la persistencia de las señoras Irma Monreal, Josefina González y Benita Monarrez (madres de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, respectivamente) consiguió que, también por primera vez, la Corte Internacional aborde la figura del feminicidio en un juicio.

         El caso inició en marzo de 2002, cuando las mujeres lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tardó tres años para admitirlo y revisar si el gobierno mexicano había violado los derechos humanos de estas víctimas y sus familiares al no ofrecerles justicia ni castigo a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

         Irónicamente, sólo se juzgan tres casos y no los ocho por los graves errores de las autoridades ministeriales en la identificación de los cadáveres. Pese a la reiterada insistencia de los abogados mexicanos, la CIDH ya no admitió la atracción de los otros casos.

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1695 que empezó a circular este domingo 26 de abril.