Cholula: su patrimonio arqueológico destruido

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

Anamaria Ashwell

Nadie debe menospreciar ni subestimar los hallazgos arqueológicos que el ayuntamiento de San Pedro Cholula, a cargo del licenciado Francisco Covarruvias, ordenó destruir el 26 de julio de 2009. La destrucción del sitio arqueológico estuvo avalada por un documento legalmente inválido para lo que fue usado, pero firmado ante comerciantes y la constructora del drenaje por el encargado de arqueología del INAH regional, Eduardo Merlo, y respaldado, a su vez, por el delegado regional del INAH, Víctor Hugo Valencia.

Las presiones que todos ellos (incluyendo el presidente municipal de San Pedro Cholula) debieron recibir del gobernador Mario Marín para que procedan a destruir este sitio lo antes posible (afectaba inversiones federales, tiempos políticos, intereses económicos) me imagino fueron violentas e imposibles de desafiar. Es importante, por eso, acotar que el antropólogo Víctor Hugo Valencia (como director del centro Regional del INAH, Puebla) carece de autonomía ante los poderes de facto locales, porque su nombramiento –y permanencia en el puesto– requiere del visto bueno del gobernador. Si sólo dependiera de él, quiero pensar, no saldría una iniciativa que destruya de esta manera grosera nuestro acervo arqueológico cholulteca. Eduardo Merlo, sin embargo, fue directamente el responsable de la destrucción de este sitio. El tiene un largo historial negativo como defensor del patrimonio cultural de los cholultecas. El recordatorio que hoy hace Fabián Jiménez Concha de lo sucedido con la obra de arte prehispánica y colonial, que Omar Jiménez (independientemente de lo cuestionable que pudo haber sido algunas adquisiciones; llevado el caso, la adquisición de obra antigua y de arte de casi todas las grandes colecciones del mundo son cuestionables) quería legar a Cholula y su mediación en esa confiscación, continúa siendo una herida abierta para todos los que cuidamos del patrimonio de Cholula: esa colección debió quedarse bajo custodia del gobierno civil de Cholula o un Fideicomiso y no entregarse en custodia a una universidad privada (hoy se encuentra parcialmente exhibida en La Casa del Caballero Águila; hace unos años tuvimos que protestar porque algunos cuadros de esa colección se exhibían en salones privados en esa institución académica).

Hoy, ninguna comunidad debe permitir al INAH –ni al gobierno o a alguna autoridad religiosa– que le enajenen bienes culturales patrimoniales. Estos deben permanecer bajo custodia civil y reglamentada en su lugar de origen porque son parte de la historia y cultura regional: parte del legado que deben recibir futuras generaciones para que sientan orgullo y responsabilidad ante sus lugares de residencia y origen. Quiero pensar, por eso, que Víctor H. Valencia es un antropólogo honesto, pero reconozco también que está rebasado por los poderes de facto e incapaz de defenderse y defender nuestro patrimonio ante los intereses políticos y económicos en Puebla; por eso, los cholultecas, cansados de la destrucción y enajenación de nuestros bienes culturales –ante lo sucedido en este sitio arqueológico en la 12 Poniente y 10 Oriente en las inmediaciones del manantial de San Juan– estamos obligados a exigir al INAH federal un cambio de dirección y conducción de la dirección delegacional del INAH y, en particular, de su responsable en arqueología.

No se debe ocultar –ni omitir– sin embargo, que los principales responsables de la destrucción patrimonial y ambiental de Cholula están en el actual (y pasados) gobierno de Puebla y del municipio de San Pedro Cholula. Desde el año 2000 empezó una agresiva destrucción ambiental y patrimonial en todo el valle de Cholollan: se fueron permitiendo construcciones –y especulaciones inmobiliarias– sobre nuestra reserva ecológica alrededor del Tzapoteca (que tiene una zona arqueológica del clásico tardío y preclásico y, posiblemente, el único juego de pelota hasta ahora reconocido en los alrededores de la gran urbe); se talaron árboles maduros en el zócalo; se sobreexplotaron mantos acuíferos y pozos que trasladaron agua –hasta secarlos– a colonias de Puebla; se permitió la deforestación y extracción de las cerros que en la tradición y en las fuentes coloniales el mundo indígena los tenían por sagrados. Quisimos detener la ampliación de la carretera federal al centro de San Pedro Cholula (destruía el trazo urbano prehispánico de la ciudad y pedimos un libramiento que desde años atrás estaba trazado) explicando que la deforestación del arbolado antiguo y la carpeta asfáltica ampliada sólo agravaría las inundaciones en el centro histórico; cuestionando también que la tubería para el desagüe pluvial que introducirían en la 12 Poniente sólo llevaría el caudal hacia la colindancia con San Andrés Cholula (como sucedió) y a un costo sobre el suelo arqueológico en el barrio de Santiago Mixquitla, y enfrente de la iglesia de San Miguelito inaceptable... lo único que recibimos como respuesta del gobierno de Mario Marín fue una campaña agresiva, violenta y difamatoria.

Repito. Que hoy nadie menosprecie la importancia que reviste el sitio arqueológico destruido en la 12 Poniente y la 10 Oriente: a primera vista lo que se observó, y lograron explorar unos obreros arqueólogos casi heroicos, que aguantaron insultos y groserías de unos comerciantes que nunca fueron educados en el valor que para sus comercios significaban esos vestigios arqueológicos, fueron las esquinas de cuatro edificios muy elaborados –quizás con fechas que abarcan todo el posclásico–, que destacaban no sólo por su belleza arquitectónica, sino por las ofrendas y entierros aledaños: docenas de instrumentos musicales quedaron a la vista, algunos, aparentemente, acomodados como ofrendas fúnebres. ¿Edificio de nobles? ¿Tenían construcciones anteriores en sus basamentos? ¿fue un sitio de resistencia guerrera en las ultimas conquistas de la ciudad indígena? Ese mural policromado que quedó al descubierto ni siquiera mereció un techo provisional, ni para que los cholultecas pudieran admirarlo: tuvo que ser extraído a toda prisa, 60 centímetros, y trasladado al museo del INAH en Puebla. El INAH regional desde un inicio había aceptado las presiones de políticos y comerciantes y nunca exigió la desviación de ese drenaje pluvial y de agua negras. Ese drenaje –con tiempo e investigación arqueológica– se podía desviar por zona estéril de construcciones prehispánicas si el gobierno tuviera voluntad política y sensibilidad cultural (y Cholula un reglamento adecuado de construcciones). El tráfico vehicular también podía organizarse por calles laterales: eran sólo unos metros en la vía pública, unos metros debajo de banquetas y algo de terrenos aledaños para que ese barrio o conjunto ceremonial antiguo, en sus partes centrales, pudiera salvarse: hoy sería patrimonio, consciencia y reconocimiento del pasado indígena para los cholultecas.

¿Cuándo se va detener la destrucción del patrimonio edificado de Cholula?