Control militar
Ma. Fernanda Campa
En estos días se lleva a cabo una guerra simulada de Estados Unidos en el norte del Golfo de México -la región petrolera más importante de Norteamérica- contra una supuesta alarma de ataque terrorista. Son acciones militares del Comando Norte, con la participación de militares de México, Canadá, países del Caribe y Australia. La invitación a las fuerzas armadas de México para subordinarse a los planes de EU, y la declaración de la SER, que “prefiere mantener relaciones más amplias con el Pentágono” revelan una cooperación en políticas militares establecida a partir del 11 de septiembre del 2001.
En la agenda de seguridad de EU destacan los temas de seguridad energética, en especial sus suministros petroleros, así como la inmigración y el narcotráfico. La seguridad de México también depende prioritariamente del petróleo, inmigración y narcotráfico. Especialmente las reservas petroleras prospectivas de los fondos marinos –estimadas en 52 mil millones de barriles de petróleo crudo–, representan una riqueza que EU quisiera controlar para su producción y consumo propios.
El Comité del 68 emitió una declaración que reprueba la participación de México en el ejercicio antiterrorista: “preocupan los antecedentes ominosos de políticas de seguridad de inspiración norteamericana que han ensangrentado al continente y al mundo, con una cauda de crímenes de lesa humanidad dejando miles de desaparecidos. Tal es el caso de la llamada Operación Fénix, implementada desde 1976, que consistió en la coordinación de los ejércitos y agencias de inteligencia de los gobiernos de facto sudamericanos para perseguir, torturar y asesinar a los opositores estigmatizados como subversivos y perseguidos más allá de sus propias fronteras nacionales, algo semejante al trato de los señalados como terroristas, que son torturados en la cárcel de Abu Ghraib en Irak o trasladados como secuestrados en vuelos clandestinos a la prisión norteamericana de Guantánamo en Cuba, todo esto en el marco de las disposiciones legales de la ley Patriótica norteamericana que niega los más elementales derechos a quienes son detenidos como simples sospechosos.”
El Comité del 68 demanda explicaciones sobre los compromisos establecidos con el gobierno norteamericano en cuestiones de seguridad, que se presume sean inconstitucionales. En particular, exigimos la presentación de los más recientes desaparecidos: el defensor de derechos humanos michoacano, Francisco Paredes Ruiz, detenido el 27 de septiembre de 2007, y Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos en Oaxaca en mayo del mismo año. El procurador de México los calificó irresponsablemente de terroristas por ser militantes del EPR, por lo cual pudieran eventualmente encontrarse secuestrados en Guantánamo o en algún centro semejante.
En el Congreso recién electo se requiere promover un debate del más alto nivel para examinar la agenda del petróleo, inmigración y narcotráfico, seguridad y justicia, que acumula numerosos pendientes y no puede estar sujeta a las improvisaciones y decisiones unilaterales de quienes controlan el gobierno de México.
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