Mañana, demanda del SME por despido injustificado

También interpondrá el amparo contra la extinción de LFC

Mañana, demanda del SME por despido injustificado

Subsiste la materia de trabajo, afirma el líder del gremio, Martín Esparza

Conferencia de prensa del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, para informar sobre la situación de la lucha de los trabajadores de LFC por conservar su empleoFoto Jesús Villaseca

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada

Martes 27 de octubre de 2009, p. 5

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará este miércoles 28 de octubre una demanda legal contra el gobierno federal por el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ya que subsiste la materia de trabajo. También ese mismo día interpondrá el amparo contra el decreto de extinción de la empresa.

De esta forma, la presente semana será definitoria en cuanto a la defensa legal que iniciará el SME en contra de la desaparición de su fuente de trabajo, señaló en conferencia de prensa el dirigente del gremio, Martín Esparza Flores, quien dijo que, en todo caso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es ahora el patrón sustituto, porque no ha desaparecido la materia de trabajo.

Sostuvo que el hecho de que ambos recursos legales sean interpuestos antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato da cuenta de que en este proceso el gobierno federal actuó ilegalmente e hizo todo al revés.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que cuando se decreta la extinción de una fuente laboral primero se tiene que informar a los trabajadores, luego se presentan a conciliación ante la junta para que ambas partes den sus posturas y al final esta instancia emite una resolución que tiene que ser acatada. En este caso, incluso primero estarán presentadas las demandas por despido injustificado antes que la JFCA dé su veredicto, el próximo 30 de octubre, lo que evidencia que el proceso estuvo mal hecho desde el principio, indicó el dirigente.

Hizo ver que dicha ley indica además que mientras subsista la materia de trabajo no puede cerrar una empresa. Sin embargo, en este asunto es más que evidente que el decreto es un asunto político, una consigna para acabar con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato que le estorba al gobierno federal para seguir abriendo de par en par las puertas del país a las trasnacionales y empresas de energía privadas.

Planteó que precisamente ante la JFCA van a defender legalmente que no pueden darse por concluidas las relaciones laborales con la empresa, pues se sigue operando la infraestructura de la misma, siguen trabajando las estaciones y subestaciones de servicio. Entonces ¿cómo van a demostrar que no hay materia de trabajo?, preguntó.

Expuso que una cosa es que el asunto lo haya manipulado el gobierno federal y otra muy distinta que sea legal; por ello, además de las demandas laborales y el amparo contra el decreto de extinción, también se apoyará la controversia constitucional que interpondrán legisladores de varios partidos en contra del decreto de Felipe Calderón.

En ese contexto, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará a los diputados toda la información de LFC que el gobierno federal clasificó como confidencial para negársela a los legisladores, dijo Esparza. Comentó que tiene las minutas que se elaboraron en las reuniones de la junta de gobierno de la empresa, ya que en las mismas siempre participaban representantes del sindicato.

La información comprende el manejo de la administración de Luz y Fuerza de los últimos años; lo referente a la concesión del negocio de fibra óptica a WL Comunicaciones; los convenios firmados entre esta empresa –de la cual son socios dos ex secretarios de Energía, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond–, así como los descuentos otorgados por la empresa al estado de México, al cual se perdonaron adeudos por más de 2 mil millones de pesos; a Hidalgo, al cual se disminuyeron de un plumazo 549 millones de su deuda, y a Morelos, al que se condonaron más de 232 millones de pesos.

Fuente: La jornada

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