Por Anabel Hernández
16 Oct 2009
El gobierno promete canalizar a las familias más pobres del país los 42 mil millones de "pérdidas" que cada año destinaba a la operación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).
De acuerdo a documentos oficiales de las tarifas de energía eléctrica impuestas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la CLyFC para octubre de 2009, esos 42 mil millones de pesos no podrán ser destinados a las familias con menos recursos a menos que el gobierno elimine el subsidio al consumo de luz.
Las pérdidas de la paraestatal no sólo eran por el robo de luz, ineficiencias administrativas, el supuesto "alto" sueldo de los trabajadores ni la falta de pago de los consumidores. Por lo menos 8 mil millones de pesos del déficit se debían al subsidio que el gobierno federal imponía a LyFC para que lo trasladara a los usuarios.
La CLyFC compraba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la energía a precio normal, pero la tenía que vender subsidiada, lo cual generaba las pérdidas que hoy el gobierno federal usa como excusa para desaparecer a la empresa.
Y mientras LyFC cargaba con los costos administrativos y políticos de esas pérdidas, el gobierno federal presumía el subsidio como una prebenda suya.
En cada recibo, venían desglosados tres montos:
1. El "costo real del suministro", que es la "suma de todos los costos necesarios para proporcionar el servicio de energía eléctrica desde el lugar donde se genera hasta el domicilio del consumidor".
2. El "subsidio al consumidor", que es la "cantidad adicional a la que usted paga para cubrir parte del costo real por el suministro de energía eléctrica, el gobierno federal proporciona este subsidio en apoyo al bienestar de los hogares y de la actividad económica".
3. "Otras transferencias", que se refiere al "complemento que aporta el gobierno federal al subsidio que recibe el consumidor".
Hasta ahora, el importe de cada recibo de luz era el resultado del costo real del suministro, menos el subsidio al consumidor, menos otras transferencias, más el IVA.
Pero si el gobierno federal no quiere tener más "pérdidas", tendrá que cobrar el costo real del suministro. En un análisis hecho por Reporte Índigo en tres niveles de consumo doméstico de energía, éstos son los precios reales que tendría que pagar el consumidor.
Irónicamente, la gente con menos recursos económicos, que es la que menos aparatos eléctricos tiene -y, por tanto, la que menos energía consume-, sería la más afectada.
La estrategia aplicada hasta hoy consiste en otorgar mayor subsidio al menor consumo. Si las autoridades federales eliminan ese apoyo a los usuarios, quienes consumen de 1 a 150 kWh tendrían que pagar recibos casi cinco veces más caros.
Los usuarios que utilizan un promedio mensual de más de 250 kWh al bimestre no se verían afectados, ya que a partir de ese consumo doméstico no hay subsidios.
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