ESTADO DE LOS ESTADOS

ESTADO DE LOS ESTADOS

02/12/09

Por: Lilia Arellano

“¿Uno que no sepa gobernarse a si mismo, cómo sabrá gobernar a los demás?”: Confucio

• Trienio de hambre y muerte

• Millones de desempleados

• Crisis económica e ingobernabilidad

• Justicia, reclamo añejo del pueblo

• Feminicidios: 15 años de impunidad

Diciembre 1, 2009.- Este martes se cumplieron tres años de iniciada la gestión de Felipe Calderón y el saldo es totalmente negativo: más de 16 mil ejecutados; 15 asesinatos diarios; 420 homicidios al mes; más de 5 mil al año; hasta el 30 de noviembre de este año se acumularon más de 16 mil cadáveres en una guerra fallida contra el crimen y la delincuencia organizada. Como el mismo lo admite, tiene en su pasivo más de 6 millones adicionales de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir, muertos de hambre; también por él reconocido, hay 20 millones más de mexicanos en pobreza patrimonial; la crisis económica alcanza dimensiones inimaginables, dentro de un escenario que revela la carencia de estrategia para combatirla; la ingobernabilidad y la injusticia están presentes y el país, según han reconocido expertos, analistas y hasta tribunos, está al borde de una crisis en todos los ordenes. Así, ¿qué puede festejar Calderón? Y, como el mismo declara, “todavía faltan tres largos años”.

En el Congreso, las dos principales fuerzas políticas de oposición, priistas y perredistas, reclaman que el resultado de la administración del michoacano ha dejado un estancamiento en el desarrollo del país, incremento en el desempleo, un alza en los índices de inseguridad, han caído a lugares nunca antes registrados los índices de productividad, actividad industrial, gobernabilidad y regulación; ha habido un peligroso debilitamiento del estado y una inexistencia de gobierno. Alejandro Encinas, coordinador del PRD en la Cámara baja, apunta que “si de números y cifras se trata, yo creo que estamos en los peores indicadores económicos y de gobernabilidad, estamos hablando de la peor crisis económica con tres millones de desempleados, tenemos problemas de violencia y tenemos el país más inequitativo de todo el continente”. El líder de la bancada priista en San Lázaro, Francisco Rojas, destaca que “en política debemos asumir los resultados y los resultados no son buenos”.

También en el Senado de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar, avalados por los legisladores como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacan que no se pueden ignorar los reclamos de justicia del pueblo de México. Zaldivar subraya que en el país hay pocos reclamos tan añejos y tan vigentes como ese, más cuando el acceso a la justicia depende en muchas ocasiones de quien tiene dinero. Tenemos una justicia elitista, que trata diferente a quien tiene recursos que a quien carece de ellos. La SCJN no puede ignorar estos reclamos afirmó por su lado Aguilar Morales, quien se comprometió a luchar contra la corrupción, cáncer que infecta a toda la estructura gubernamental del país. Precisó también que la Corte esta obligada a tener una visión de Estado basada en la norma fundamental para tomar la decisión sobre la protección de los derechos humanos.

SIGUE CAIDA

A pesar del impresionante deterioro del entorno económico de México, aún no tocamos fondo y la caída sigue. Especialistas en economía del sector privado estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una caída de 3 por ciento en el cuarto trimestre de este año. El Banco de México reportó que en la encuesta sobre las expectativas de la economía, los especialistas consideraron en promedio una contracción de 7 por ciento para todo el año, aunque esta pudiera alcanzar hasta el 8 por ciento, como lo advertían las dos encuestas anteriores.

A la caída de los ingresos petroleros y tributarios, se sumó una contracción de las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero, las cuales se desplomaron en octubre 35.82 por ciento respecto al mismo mes del 2008, lo que constituyó la peor caída en más de una década. El Banco de México informó que los envíos en octubre ascendieron a mil 692 millones de dólares, cuando en el mismo mes del año anterior fueron de dos mil 636 millones de dólares, lo que afectó directamente a millones de mexicanos que dependen de estos ingresos.

México está también entre los países con más inflación dentro del conjunto de naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En octubre de este año, la inflación anual en nuestro país fue de 4.5 por ciento, una de las más altas entre los miembros de la OCDE, en donde los precios al consumidor subieron 0.2 por ciento anualizados en octubre, su primer aumento desde mayo pasado. En México, los precios de los alimentos en ese mes se incrementaron 7.8 por ciento, en contraste con países como Irlanda, Japón, Finlandia, Portugal y Suecia, en donde los precios al consumidor descendieron.

INUTIL ALIANZA

Más que combatirlo, al crimen organizado se le ha fortalecido en esta administración, a pesar de la infame entrega de soberanía de México al gobierno de Estados Unidos en el denominado “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que de nada ha servido, que no sea acentuar la dependencia del país del norte, evidente en la reunión que el embajador estadounidense, Carlos Pascual, y el subsecretario de investigación migratoria y aduanera, John Morton, sostuvieron con Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, en donde el discurso oficial informó que los gobiernos de ambos países “reforzaron las acciones conjuntas y esfuerzos bilaterales encaminados a mantener un frente común en la lucha contra el crimen organizado”. Entre los acuerdos alcanzados este martes destacan la certificación bilateral para Unidades de Inteligencia e intercambio de “información sensible”; la cooperación entre ambos países para fortalecer el combate al lavado de dinero; y capacitación para unidades especiales de la Policía Federal.

Para nadie es un secreto que el gobierno de Barack Obama se ha quedado corto en el cumplimiento de la responsabilidad que le toca en el complejo problema del tráfico y consumo de estupefacientes en su país, tanto en la prevención del consumo como en el combate al tráfico de armas hacia México y a sus cárteles locales. Tanmbién han brillado por su ausencia los esfuerzos para combatir el brazo financiero del narcotráfico que actúa con total impunidad en ambos lados de la frontera. A la entrega total de la administración calderonista, los estadounidenses han respondido con el cierre de sus fronteras. El cerco virtual que erige el gobierno estadounidense en su frontera sur está lentamente convirtiéndose en una realidad y el próximo mes de enero se hará entrega de un primer tramo a la Patrulla de Fronteras y pronto comenzará la construcción de otro trecho.

Y en México, la prueba contundente de la falta de estrategia en la sangrienta “guerra contra el narco”, declarada desde el inicio de la administración del michoacano, es el saldo de ésta: más de 16 mil ejecuciones, a pesar de los operativos conjuntos aplicados en ocho estados. Los sicarios al servicio de los cárteles de la droga han matado a más de mil 300 policías de diversas corporaciones del país, además de 88 militares y 59 funcionarios públicos. La última de las víctimas, al menos hasta el cierre de estas líneas, fue un ex mando de la Policía Federal y testigo protegido de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), Edgar Enrique Bayardo del Villar, quien fue ejecutado por dos desconocidos en el Starbucks de Pilares, en la colonia del Valle de la capital de la República. Este ex agente fue uno de los hombres clave en la indagatoria que dio como resultado juicios en contra del capo del cartel de Sinaloa, Jesús “el rey” Zambada.

IMPUNIDAD

Esta semana se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita un falló que compromete al Estado Mexicano por el asesinato de tres jóvenes en 2001. Es probable que esa resolución se constituya en una sentencia emblemática en la historia de crímenes contra mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esa frontera, considerada como la ciudad más violenta del mundo, desde hace 15 años han sido asesinadas más de 400 mujeres, niñas y adolescentes, según cifras oficiales. Sin embargo, estimaciones de organizaciones no gubernamentales estimas que la cifra es de más del triple.

La Comisión de Derechos Humanos demandó en 2007 al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por los homicidios de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice, debido al hecho de no haber investigado las desapariciones y los asesinatos, por omisiones y por fabricar culpables, según David Peña, uno de los abogados del caso en el que, durante los últimos nueve años se inculpó en diferentes momentos por estos homicidios a nueve personas, que fueron declaradas no culpables. Los familiares de las víctimas esperan una condena que obligue al Estado mexicano a acabar con la impunidad y a cumplir una larga lista de peticiones que tienen como fin prevenir que sigan los asesinatos de mujeres.

Se espera que se establezcan medidas y leyes para que se investiguen los muchos casos pendientes. Una de las principales impedimentos para que se esclarezcan estos asesinatos y para que permanezcan impunes es que las víctimas eran mujeres jóvenes y pobres, trabajadoras de la maquila y estudiantes, con deseos de mejorar sus oportunidades y nivel de vida. “Ser mujer, joven, bonita y pobre es convertirse en blanco de los asesinos en Chihuahua”, como alguna vez lo señalara Norma Ledezma, portavoz de la organización “Justicia para nuestras hijas”, cuya hija de 16 años fue asesinada.

Además, después de tantos años es difícil encontrar a los homicidas de estas mujeres que fueron secuestradas, sometidas a violencia sexual, ejecutadas y abandonadas en lugares inhóspitos de esa localidad fronteriza, pues en muchos casos las averiguaciones previas están mal integradas, incompletas y ya cayeron en el abandono. Estos feminicidios generan indignación, tristeza y coraje, por ser un delito sistemático al que el gobierno no ha podido poner fin con una investigación a fondo.

Al gobierno federal se le ha exigido una acción inmediata que no sido capaz de ofrecer. Legisladores y organizaciones civiles, entre las que destacan “Casa Amiga”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, “Justicia para Nuestras Hijas”, entre otras, a través de protestas, manifestaciones y denuncias públicas han exigido justicia a la administración federal sin obtener una respuesta positiva. El asunto tomó dimensiones internacionales gracias a la voz de Amnistía Internacional (AI), quien después de una amplia investigación sobre los diversos casos de asesinatos y desapariciones, este organismos no gubernamental los proyectó a los medios de comunicación mundiales.

Las autoridades han mostrado a lo largo de estos años una angustiante pasividad. Lo mismo la Procuraduría General de la República, que la Procuraduría de Justicia de la entidad, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que contrasta con lo que ocurre en esa ciudad fronteriza en donde en lotes baldíos han sido colocadas cruces rosas que marcan los cementerios clandestinos en los que desde 1993 ha sido arrojados los cuerpos de jóvenes mujeres que fueron violadas, mutiladas, asesinadas. Y los crímenes se siguen cometiendo.

La violencia en la región, producto de la delincuencia organizada, ha logrado establecer una cortina de humo en torno a estos feminicidios pues los asesinos han logrado ocultarse y tienen la certeza de que no los van a inculpar, dado el clima de impunidad y brutalidad por la presencia del crimen organizado, el alza en el consumo de drogas y alcohol, y el desempleo provocado por la crisis económica. Las políticas públicas orientadas a que las mujeres tengan una vida libre de violencia han fracasado estrepitosamente. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en la mayoría de las 32 entidades federativas, no ha tenido impacto alguno. Los feminicidios siguen aumentando no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en otras localidades de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Baja California y el Distrito Federal.

DE LOS PASILLOS

El Sindicato Mexicano de Electricistas definió las movilizaciones que realizará el próximo viernes en la Ciudad de México en su lucha contra la anulación del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la llamada “toma pacífica” de la capital del país, las caravanas que llegarán de diferentes estados serán recibidas por otros contingentes en puntos como las casetas de las carreteras México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Toluca, y posteriormente se concentrarán en el Monumento a la Revolución, para de ahí trasladarse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al zócalo capitalino, y a diversas secretarías como las de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

Será hasta el próximo mes de enero cuando la vacuna contra el virus de la influenza A H1N1 llegue al sector privado, confirmó el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien hizo un llamado a la población a no dejarse engañar. Hasta este martes había 126 personas hospitalizadas y 43 entubadas en los diversos hospitales públicos del país. El funcionario reconoció que no fue aprobado el fondo de emergencia sanitaria para influenza, por lo que se utilizará el préstamo del Banco Mundial por 491 millones de dólares, que se utilizarán en la construcción de los laboratorios Birmex, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas, compra de vacunas e insumos.

El “carnal” Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, presentó las directrices del proyecto de presupuesto para 2010. El paquete financiero asciende a 128 mil 434 millones de pesos y prevé un ajuste a los subsidios al agua, aumento de un peso en la tarifa del Metro, inversiones público-privadas y otras acciones que permitirán mantener los servicios en la capital del país. Diputados locales del PAN y del PRI rechazaron los incrementos a las tarifas del agua y del Metro…. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) abrió un proceso para destituir al jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta “juanito”. Debido a la ingobernabilidad en esa demarcación, 22 diputados del PRD y PT solicitaron removerlo, para lo cual, de acuerdo con el Artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que el recurso de remoción prospere se requiere la aprobación de una mayoría absoluta, es decir, 44 votos. El PRD y el PT suman 40 votos, por lo que necesitan negociar con el PRI, PVEM o PAN los cuatro faltantes. Mientras tanto, la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, que encabeza la panista Gabriela Cuevas, acordó invitar a un reunión de trabajo a “juanito”, Clara Brugada y Marcelo Ebrard, para conocer de primera mano sus versiones sobre ese conflicto.

En el primer día de trabajo del Quinto Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la Piratería, realizado en Cancún, Quintana Roo, representantes de organismos internacionales encargados de defender la propiedad intelectual acordaron entre otras medias establecer una mayor vigilancia, capacitación en aduanas, cambios en la ley para endurecer castigos, fomentar la cultura de la legalidad y ejercer el derecho de interponer querellas por parte de las empresas afectadas. Los asistentes coincidieron en que es necesario atacar estos ilícitos de manera coordinada entre países.

(lilia_arellano@yaho.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)

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Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV