Rechazan diputados exhortar al juez mixto de Ayutla a que resuelva el proceso del me’phaa
Tampoco entra el pedido a la Procuraduría de Justicia para que desista de la acción penal
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 10 junio. Diputados locales rechazaron enviar un exhorto al juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Allende, con sede en Ayutla, para que agilice las diligencias en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández Abundio, y dicte una resolución apegada a derecho, “considerando la presunción de inocencia tutelada del procesado”. De igual forma, se rechazó exhortar al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Albertico Guinto Sierra, a que se desista de la acción penal contra el indígena me’phaa, ya que las pruebas en su contra que se han presentado se desvanecieron.
La propuesta fue hecha por el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien argumentó que desde hace más de una década la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las comunidades de la Costa Chica y La Montaña, denunciando abusos cometidos por las fuerzas armadas, como fue la violación sexual de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y la esterilización forzada de 14 indígenas de El Camalote, municipio de Ayutla.
Sin embargo, por estas denuncias los indígenas “han sido perseguidos y hostigados”.
Señaló que el 11 de abril de 2008, a solicitud de la PGJE, “que dolosamente imputó a los defensores un homicidio que no cometieron, el juez de primera instancia del distrito judicial de Allende, con sede en Ayutla, giró órdenes de aprehensión contra Raúl Hernández y 14 integrantes de la OPIM”.
Agregó que a pesar de que hace unos meses el juez dictó libertad a cuatro integrantes de la OPIM que estaban encarcelados, aún permanece preso Raúl Hernández, debido a que un testigo de cargo lo señala como el autor material del crimen.
“Durante el proceso, la defensa de Raúl Hernández ha mostrado la debilidad de la acusación y sus irregularidades en reiteradas ocasiones”, y ejemplificó la reciente inspección ocular que hizo el juez a la zona donde se dio el asesinato y constató que el testigo de cargo, Fidel Remigio Mendoza, mintió sobre la distancia que hay entre la iglesia y su casa, y que por la distancia y lo accidentado del terreno, era imposible que tuviera visibilidad para poder identificar al acusado.
Ante los argumentos expuestos, De la Rosa Peláez pidió que el Congreso local exhortara al juez de primera instancia del distrito judicial de Allende para que “sin menoscabo de la imparcialidad con la que todo juzgador debe conducirse, en el asunto que se sigue en la causa penal 48/08, agilice todas y cuantas actuaciones y diligencias tenga que realizar tendientes al cierre de la instrucción y emita en el momento procesal correspondiente una resolución estrictamente apegada a derecho, teniendo en cuenta todas y cada una de las pruebas de descargo presentadas en la causa penal y considerando la presunción de inocencia tutelada por la Constitución General en la persona del procesado de conciencia Raúl Hernández Abundio”.
La propuesta fue rechazada, pues aunque los diputados perredistas, de Convergencia, PT y PAN votaron a favor, no fue suficiente ante los votos en contra de los legisladores priístas, además de que se requería las dos terceras partes del total.
También se rechazó exhortar al encargado de despacho de la PGJE para que reconozca las pruebas ofrecidas por la defensa de Raúl y se desista de la acción penal, “ya que en todas las pruebas desahogadas durante el proceso, se han desvanecido los elementos de cargo” contra el indígena me’phaa.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Gobierno, donde va a ser revisada y se emitirá un dictamen para volver a llevarla al pleno del Congreso.
Fuente: la Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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