4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción

4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción

La revolución de las conciencias y la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la política, con servidores públicos con vocación de servicio. El servicio público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas remuneraciones y derroches que ofenden a los gobernados.

Austeridad republicana

Toda vez que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, proponemos, entre otras medidas: la reducción de la mitad de los salarios de todos los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como acabar con los dispendios en la operación del gobierno.

Combate a la corrupción

La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener un enriquecimiento ilícito, mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilícitas que en la actualidad no son castigadas casi nunca. Queremos acabar con las conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite los conflictos de interés; que establezca el delito de corrupción y que castigue el uso electoral del presupuesto público.

Comisión para investigar la corrupción

Los órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son independientes y carecen de competencias para revisar el ejercicio de los recursos públicos. Frente a los graves niveles de corrupción en la administración pública federal proponemos crear una comisión de que investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo con mayores atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y fideicomisos en la administración pública; aprobar una Ley General de Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y control social; rechazar la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.

Transparencia

La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión pública depende de la transparencia. Más vigilancia sobre los poderes formales y fácticos mediante la autonomía constitucional del IFAI y órganos equivalentes en los Estados; se requiere una ley de transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y órganos del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su información a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas nacionales, trasnacionales y medios de comunicación electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que sustituya a las actuales instituciones y mecanismos anticorrupción.

Un sistema electoral democrático

Si la recuperación democrática del Estado implica la participación electoral de los ciudadanos para ganar la mayoría a favor del cambio verdadero, y si el actual sistema electoral carece de legitimidad suficiente y permite prácticas fraudulentas, se deben tomar medidas como la garantía plena de la equidad electoral mediante una nueva ley de radio y televisión que evite la desmedida y distorsionadora influencia de los medios de comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad el financiamiento público y el costo de las campañas; aprobar el derecho de réplica y reglamentar la publicidad gubernamental; eliminar el financiamiento privado; crear instituciones electorales nacionales que sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las candidaturas a cargos de elección popular y en las instituciones públicas; garantizar el voto de los mexicanos en el exterior; sancionar cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las elecciones; establecer mecanismos para impedir la intervención de los cárteles de la droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos, coaliciones, candidatos, dirigentes partidistas y de quienes intervengan en los procesos electorales.

Acabar con la exclusión social y política

En tanto que el sistema político no le da suficiente voz y representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres, jóvenes, y “minorías” como los homosexuales, proponemos un sistema político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de acciones afirmativas.