María Julia Mayoral / Prensa Latina
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* Uno de cada tres doctores y uno de cada cinco maestros mexicanos trabajan en Estados Unidos * En una década emigraron 200 mil con licenciatura * 500 mil indocumentados son repatriados al año Documentados o no, contribuyen con más de 650 mil millones de dólares a la economía estadunidense * La criminalización “los hace vulnerables a actos de racismo o xenofobia”: Jorge Bustamante
La reciente muerte de un emigrante mexicano por golpiza de policías fronterizos en San Diego, California, ilustra un conflicto migratorio sin solución por Estados Unidos, mientras la potencia norteña continúa el robo de cerebros. Un comunicado de la Presidencia aseguró que el gobierno hará uso de todos los recursos diplomáticos a su alcance para esclarecer los hechos vinculados al deceso de Anastasio Hernández Rojas.
Las evidencias, señaló el pronunciamiento del Ejecutivo, apuntan a un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales estadunidenses, como indican declaraciones de testigos oculares y los resultados de la necropsia que dio a conocer la Oficina Forense del condado de San Diego.
Este incidente remite al clima de tensiones en las relaciones migratorias entre México y su vecino del norte, luego de la aprobación de la ley antinmigrantes SB 1070 en Arizona, el 23 de abril último. Durante su visita a Estados Unidos en mayo de este año, el presidente Felipe Calderón abogó por una migración ordenada y segura, pues hay, estimó, una disyuntiva en las relaciones bilaterales, o volvemos a las recriminaciones o enfrentamos estos retos y comenzamos un nuevo capítulo.
Horas después de ser suscrita la SB 1070, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, destacó que “la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada”. Subrayó: “La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte”.
Reportes de prensa indican que el mandatario estadunidense, Barack Obama, y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, conversaron el pasado 3 de junio sobre cuestiones migratorias y la funcionaria estatal ratificó que la SB 1070 será aplicada. Aunque Obama ha reiterado la necesidad de una reforma migratoria integral y su posición en contra de normas que podrían ser discriminatorias por el perfil racional; en la práctica, otros territorios de esa nación evalúan establecer leyes similares a la de Arizona.
Según anunció aquí la Secretaría de Gobernación, el 1 de junio comenzó la repatriación voluntaria de mexicanos llegados ilegalmente al vecino del norte, como parte de un programa que tiene lugar por séptimo año consecutivo.
El plan, con extensión hasta el próximo 28 de septiembre, consiste en ofrecer a los detenidos en la zona desértica de Arizona, la posibilidad de retornar a suelo patrio en vuelo directo hasta la ciudad de México, para ser trasladados de inmediato a sus comunidades de origen.
Por su parte, desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) dio a conocer que estableció una nueva oficina en Ciudad Juárez, Chihuahua, para colaborar con el programa nacional de ayuda a los expulsados de Estados Unidos.
Aunque el número de emigrantes irregulares que intentan cruzar la frontera disminuyó en los últimos años, aún ocurren 500 mil repatriaciones de mexicanos anualmente.
En opinión del relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, la criminalización de los migrantes sin los documentos adecuados los hace vulnerables a actos de racismo o xenofobia. “La sociedad distorsiona su situación, los considera ‘delincuentes’ y rápidamente los relaciona con el crimen organizado, incluidos el tráfico de drogas y el robo”, apreció el funcionario en un informe sobre el tema.
Sin embargo, los emigrantes de este país y los 30 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos contribuyen a la economía de ese país con más de 650 mil millones de dólares, aseguró el presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, Raúl Delgado Wise, en declaraciones al Centro Nacional de Comunicación Social.
Robo de cerebros
Mientras miles de mexicanos resultan indeseables en territorio estadunidense, datos revelados aquí por el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, indican que durante la última década esta nación perdió cada año al menos 20 mil ciudadanos con estudios de licenciatura, por emigrar a Estados Unidos.
“La pérdida más significativa ocurre entre los mexicanos que tienen los niveles de escolaridad más altos; por cada cinco personas con maestría y tres con doctorado residentes en México hay otra en Estados Unidos”, explicó el funcionario, citado por el rotativo Milenio Diario.
De los casi 11 millones de mexicanos de 15 años de edad o más que viven actualmente en la nación vecina, agregó, alrededor de 15 por ciento posee una escolaridad mayor a la preparatoria completa. Otros 865 mil cursaron algún ciclo universitario y no concluyeron sus estudios superiores; en tanto, 275 mil cuentan con un título profesional o técnico superior universitario, 465 mil son graduados de licenciatura y más de 125 mil vencieron maestrías o doctorados, comunicó el subsecretario.
Aunque el conflicto migratorio posee múltiples aristas, resulta evidente un doble rasero: Robo de cerebros contra migración indeseada, y las reglas de juego las pone el Norte.
Difusión: Soberanía Popular
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