7. Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el gobierno de Felipe Calderón han sido totalmente contrarias a las necesidades de la mayoría. Basta mencionar los aumentos al IVA como al ISR, a las gasolinas que repercuten en los precios de los bienes y productos que consume la gente, afectando a los que menos tienen.
Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por el afán del gobierno federal de aumentar la recaudación inmediata sin planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros importantes. Por el contrario, complicó aun más el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Eliminar los regímenes fiscales preferenciales
Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no enfrentar a los sectores de la economía que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado.
En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas, proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos corporativos.
En 2009, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR.
Los privilegios fiscales, tratamientos fiscales especiales con fines diversos, deben desaparecer ya que son altamente regresivos y benefician mayormente a las grandes empresas. Con la desaparición de estos regímenes, la recaudación se incrementaría en 5 por ciento del PIB, lo que contribuiría a mejorar la distribución del ingreso en beneficio de las clases más necesitadas.
La recaudación tributaria en nuestro país apenas alcanza el 11 por ciento del PIB, y en algunos años de la presente administración ha sido menor.
La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución de ISR es apenas 2.65 por ciento del PIB; en cambio los asalariados, que aportan el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen con 2.20 por ciento.
Por otra parte, basta mencionar que un asalariado de ingreso medio contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus utilidades, lo cual es altamente inequitativo.
La autoridad tributaria también ha fallado en su intento de incrementar la recaudación a pesar de la creación del Sistema de Administración Tributaria y del incremento sustancial de la burocracia en esta entidad, que cuenta con más de 20 mil empleados.
Aumentar en tres años la recaudación fiscal en 10%del PIB
La propuesta en materia tributaria que se hace a los ciudadanos busca, en el corto y mediano plazo –en un máximo de 3 años–, aumentar la recaudación en 10 por ciento del PIB.
México ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos públicos que provienen del petróleo. Esos recursos deben beneficiar a las clases más necesitadas del país.
Incrementar la recaudación con equidad
En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los principales:
-Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
-Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.
-Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector
primario y del transporte.
-Eliminar otras exenciones que benefician principalmente a las asociaciones civiles que persiguen fines de lucro.
Hacer eficiente la Administración Tributaria
Es necesario que la administración fiscal sea más eficiente; que el fisco federal recupere recursos derivados de las distintas auditorias que realiza la Secretaría de Hacienda, con una mejor fiscalización y procesos jurídicos adecuados que conlleven a obtener fallos favorables para recobrar dinero para el fisco. Basta mencionar que en 2008, apenas se pudo recobrar el 1.95 por ciento de 463 mil millones de pesos ganados por la SHCP en distintos procesos judiciales.
Fortalecer la fiscalización a las grandes empresas
Las grandes empresas nacionales como extranjeras, debido a su capacidad financiera y a su composición corporativa, eluden al fisco de manera muy considerable, por lo que hay que fortalecer los instrumentos de fiscalización hacia ese sector.
Certeza jurídica
El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema fiscal. Hay que reducir al máximo las modificaciones fiscales. Hoy es altamente cambiante el sistema, incluso a través de circulares administrativas se modifica mensualmente, lo que complica el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y la propia administración fiscal.
Eliminar el Secreto Fiscal
Es necesario transparentar los procesos de recaudación y las aportaciones de los contribuyentes del Sistema Tributario Mexicano. Que Congreso de la Unión y la población en general tengan acceso a la información fiscal con base en la Ley de Acceso a la Información. Esto con el objeto de conocer las razones y circunstancias tanto de las personas físicas como de las empresas que deben de contribuir en forma equitativa y proporcional al gasto público, como lo señala la Constitución de nuestro país.
Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única
Este gravamen se originó con el propósito de anular los privilegios o gastos fiscales contemplados en la ley del ISR. El gobierno federal no quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago correcto de las obligaciones fiscales. Ese gravamen debería incluirse en la base gravable de la ley del ISR.
La política fiscal debe contribuir a la redistribución justa de la riqueza
México necesita una política tributaria que sea instrumento esencial de una política económica que contribuya a mejorar la distribución del ingreso de los mexicanos. En el mediano plazo, se puede lograr el incremento de la recaudación federal a 10 puntos del PIB, sin subir impuestos ni crear nuevos, a través de una reforma fiscal equitativa y haciendo eficiente la administración tributaria.
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