9. El campo y la soberanía alimentaria

9. El campo y la soberanía alimentaria

Reanimar al campo y a la agricultura

Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas neoliberales es prioritario y constituye un asunto de seguridad nacional pues de eso depende la alimentación del pueblo mexicano ty el empleo e ingreso de millones, pero también la preservación del medio ambiente, de la cultura y la convivencia y de la seguridad interna. O revitalizamos al campo o seguiremos destruyendo la naturaleza, importando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras.

Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias

Porque un pueblo que importa 40% de lo que come es un pueblo sometido a las potencias agroexportadoras, ejerceremos el derecho a definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados. Y lo haremos promoviendo, ante todo, la pequeña y mediana agricultura campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible.

Preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas

Fracasado el modelo agroexportador y maquilador que sólo ve hacia fuera, habremos de atender de nuevo la demanda nacional y los mercados locales, lo que significa integrar cadenas económicas donde la producción se vuelve mercado de la producción, impulsando sistemas comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter asociativo.

Proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una

agricultura orgánica y ecológica

La crisis ambiental resulta de patrones de industrialización-urbanización insostenibles, pero también de una agricultura destructiva que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna, al tiempo que envenena al cultivador y al consumidor. Por ello, cambiaremos el rumbo: no más promoción a los agrotóxicos y semillas transgénicas impuestos por las transnacionales, y si en cambio impulso a las prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza.

Impulsar la economía rural solidaria

Gracias a la Revolución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campesinas e indígenas, no así su explotación que es cada vez más privada y depredadora. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos poseedores supone respetar y potenciar desde la administración pública las prácticas económicas autogestivas y solidarias, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.

Defender los derechos del migrante y el derecho a no emigrar

El éxodo campesino a Estados Unidos es un hecho, de modo que defenderemos aquí y allá los derechos de los migrantes, tanto de los nacionales como de quienes en su camino cruzan por México. Pero no podemos conformarnos con que el campo y el país se sigan vaciando. Porque sin el derecho a quedarse la emigración es expulsión, dignificaremos la vida del campo y trabajeremos con el Congreso para darle contenido y exigibilidad a los derechos al trabajo y el empleo digno, que garantiza la Constitución.

Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios

Porque la vida no es una mercancía, defenderemos de la privatización nuestro rico patrimonio físico, biológico y cultural amenazado por empresas trasnacionales que pretenden apropiarse de tierras, aguas, minas y bosques pero también patentar los conocimientos tradicionales y los códigos genéticos de los seres vivos.

Hacer valer los derechos de las mujeres campesinas

A la opresión y marginación que prevalece en el agro se añade, en el caso de las mujeres, la opresión proveniente de la sociedad patriarcal. Por ello haremos prevalecer sus derechos reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios. Cuestión que no se reduce a establecer cuotas por sexo en los programas públicos, sino que demanda asumir ante todos los temas una perspectiva de género, pues hasta ahora el reconocimiento de sus aportes y la aguda visión femenina de la problemática agraria ha estado ausente en la política y la vida publica rurales.

Trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes rurales

El México urbano no tiene futuro sin el México rural, pero las nuevas generaciones campesinas desertan de un agro que sienten cárcel y condena. Es de vida o muerte para el país recuperar para el campo a los jóvenes, igualando los servicios rurales con los urbanos pero también impulsando proyectos de desarrollo agropecuarios, pesqueros y forestales a la altura de sus capacidades y de sus legítimas aspiraciones y expectativas.

Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas

Porque durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos, socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su cultura.

Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad

En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Pero el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo pacto entre el México urbano y el México rural, y en este marco, una relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario.

Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios

Ante el fracaso y distorsiones del modelo de libre mercado y la falacia de la autorregulación de los mismos, fortaleceremos el papel constitucional del gobierno para conducir, promover y regular el desarrollo y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, impulsando la participación de los agentes sociales y privados en forma equitativa y realmente competitiva, con una visión de Estado y de largo plazo, propiciando certidumbre y estabilidad para la cadena e incluyendo entre otras acciones el establecimiento de una reserva estratégica de alimentos, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros.