A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL PUEBLO EN GENERAL
AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Mientras en otras partes del país los presos políticos son puestos en libertad como en el caso de San Salvador Atenco, en Chiapas la ola represiva en contra de los movimientos sociales se recrudece. Ejemplo de ello son las últimas detenciones en contra de organizaciones y líderes sociales como los compañeros de la sección 7 del magisterio, la sección 50 del sindicato de salud, la organización Proletaria Emiliano Zapata-MLN y el acoso constante a las bases de apoyo Zapatistas y comunidades adherentes a la sexta Declaración de la selva lacandona.
Una y otra vez los gobiernos de Chiapas y el gobierno federal le recuerdan al pueblo de este Estado que el tema de la democracia participativa, el estado de derecho y la búsqueda del bienestar social son letra muerta; aquí en esta gran finca llamada Chiapas el que manda es el cacique y sus capataces los gobiernos en turno.
Si el actual gobierno del Estado pretendió en un inicio pasar por moderno y benefactor al elevar a rango constitucional los objetivos del milenio de la ONU , con el acoso constante a comunidades indígenas y campesinas y con la detención de compañeros de sindicatos y organizaciones sociales, queda clara su vocación represiva heredada de muchos años de gobiernos priistas ahora disfrazados de azul y amarillo y que además los pretendidos objetivos del milenio no son más que parafernalia política.
Si con los constantes actos de represión lo que busca el estado es disminuir la fuerza social se equivoca, muy al contrario de disminuir la lucha de las diferentes organizaciones y sindicatos lo que está provocando es un movimiento de unión por parte de las fuerzas de la verdadera izquierda que exigen contundentes cambios sociales en el país.
El día 25 de julio se le dictó auto de formal prisión al compañero Caralampio Gómez Hernández por el delito de atentar CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL, dejando clara la postura del gobierno del estado de que en Chiapas exigir la solución de las diferentes demandas de los sectores populares y campesinos es un delito. El gobierno de Juan Sabines Guerrero se olvida que tenemos derechos ciudadanos como lo consagra el artículo noveno de nuestra constitución Política que al pie de la letra dice: No se podrá coartar el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la republica podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Nosotros le preguntamos al Gobernador de Chiapas: ¿Es delito solidarizarnos con otros hermanos?
Libertad al Compañero Caralampio Gómez Hernández!!!
Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: soberanía popular
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