Los sueldos y prestaciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral rebasanen 16 por ciento el salario del presidente de la República. Además, informes oficiales revelan que cada uno de los nueve consejeros cuenta con un “amplio” equipo de asesores, que significan un gasto de más de 4.6 millones de pesos mensuales. Es una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la “autonomía” de la institución, critican expertos. Las nóminas de la cúpula del Instituto desacatarían un decreto presidencial
Árbitro de la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) rebasa el tope salarial impuesto por un decreto de la Presidencia de la República. Cada uno de los nueve consejeros electorales obtiene 40 mil pesos mensuales más en sueldos y prestaciones de lo que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.
Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad” la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.
Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, “hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad”.
Los salarios
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 establece que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tiene una percepción mensual de 244 mil 472 pesos, al igual que los ocho consejeros electorales.
De acuerdo con el documento publicado el 13 de noviembre de 2009 –bajo la rúbrica del entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña–, Valdés Zurita y sus colegas obtienen un sueldo de 180 mil 496 pesos mensuales. A éste se suman 63 mil 975 pesos en prestaciones entregadas en efectivo y especie, lo que incrementa sus sueldos por encima de los 244 mil pesos al mes.
Incluso, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, rebasa por casi 6 mil pesos las remuneraciones del presidente de la República. El PEF 2010 indica que este funcionario obtiene 209 mil 742 pesos, derivados de un sueldo máximo de 154 mil 4 pesos más 55 mil 738 pesos en prestaciones otorgadas en efectivo o especie.
El PEF –que ordena el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal– también estipula el sueldo del presidente de México, que asciende a un total de 203 mil 899 pesos al mes; es decir, 16.59 por ciento menos de lo que gana el titular del IFE.
De acuerdo con las disposiciones presupuestales, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene una percepción máxima de 152 mil 305 pesos mensuales. Adicionalmente, obtiene prestaciones en efectivo y en especie por 51 mil pesos.
Los límites de percepción ordinaria en la cúpula de la administración pública federal también establecen un tope salarial de 200 mil 841 pesos para los secretarios de Estado, y de 200 mil 589 pesos para los subsecretarios. Las cifras indican que el gabinete presidencial percibe 17.84 por ciento y 17.95, respectivamente, menos que los consejeros electorales.
El exconsejero del IEDF, Eduardo Huchim, dice que en el IFE “se ha hecho un tabulador salarial excesivo. Nadie estaría en desacuerdo de que un funcionario que ejerce una responsabilidad importante tenga un salario alto, pero éste es excesivo, al igual que el de los magistrados”.
“Tienen adiposidades burocráticas que no se justifican; pero de esto no sólo son responsables los consejeros, sino también los diputados que aprueban los presupuestos. Es resultado de intereses mancomunados, ya que los partidos acompañan el presupuesto descomunal del IFE porque reciben una tajada muy importante”, opina Huchim May.
El decreto
En julio de 2009, el Congreso de la Unión autorizó al presidente reformar y adicionar los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, en los que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el PEF, proyectos de presupuestos, tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos. Entre ellas, un tope salarial a todo aquel que ejerza un cargo de la administración pública.
La reforma al artículo 27 constitucional decreta: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Este renglón obliga a todos los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y dependencias. Asimismo, afecta a los funcionarios que laboran en administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público.
Por ello, todos los funcionarios “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
A las remuneraciones en efectivo se incluyen dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra percepción que sea propia del desarrollo del trabajo.
En el libro Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, la ASF juzgó la “falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública”, en materia de percepciones de los servidores públicos.
“La existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones”, dice el máximo órgano de fiscalización.
Asesores por 4.6 MDP
Además de las remuneraciones mensuales, cada consejero electoral cuenta con un equipo de asesores, que significa un gasto al erario de casi medio millón de pesos mensuales.
La Nómina de Consejeros Electorales, actualizada a la segunda quincena de junio de 2010, indica que el máximo nivel jerárquico del IFE cuenta con 67 consultores, que en total significan un gasto mensual de 4 millones 668 mil 790 pesos.
Los documentos oficiales –cuya copia posee Contralínea– muestran que el equipo que apoya el trabajo del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, se compone de ocho personas. Los asesores del primer círculo perciben sueldos que van desde los 25 mil pesos a los 103 mil pesos mensuales, que implican un gasto de 692 mil 158 pesos cada 30 días.
Los consejeros electorales María Elizondo, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Arturo Sánchez sostienen un grupo de asesores de siete personas cada uno, lo que implica un gasto al mes de 497 mil 79 pesos. Con el mismo presupuesto, el consejero Marco Antonio Baños Martínez sostiene una plantilla de 10 personas para su oficina.
Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE, dice que, desde que él ocupaba un cargo en la institución, ha sido un tema de discusión cuál es la planilla adecuada de personal con la que debe operar.
“Salí del IFE en 2003. En nuestra época, el número de asesores en promedio era de cuatro por cada consejero. También teníamos una secretaria, un chofer. Ése era más o menos el modelo. Estamos hablando de un número muy grande de funcionarios y el personal administrativo que hay alrededor de ellos; y no hay que olvidar que se han creado nuevas oficinas. El gran problema del IFE no está solamente en la oficina de los consejeros: además de las oficinas centrales y de la Secretaría Ejecutiva, es el de las vocalías”, agrega.
John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que “el gasto de la democracia es muy valioso. No estoy a favor de reducir el gasto en el IFE y ni siquiera en los partidos. Es necesario tener un órgano electoral muy bien financiado porque ellos son los que nos van a permitir tener una democracia vigorosa.
“Sin embargo, el hecho de que este dinero sea usado de manera ineficiente es un problema. Necesitamos mucha más transparencia en el IFE y en los partidos políticos. La exigencia no es la reducción, sino el mejor uso del dinero que se despilfarra”, opina el académico universitario.
Alberto García Sarubbi, director de Información del IFE, dice que la diferencia que se aprecia en el sueldo del primer mandatario de México y el consejero presidente del Instituto es consecuencia de un “errorcillo” de la Presidencia, ya que no suma al sueldo las “percepciones extraordinarias” de Felipe Calderón Hinojosa, correspondientes a la Potenciación del Seguro de Vida Institucional y Pago Extraordinario por Riesgo, que cuantifican 688 mil 284 pesos.
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