Iprovipe está a cargo de la obra en Talicoyunque a través de un convenio con la CEA: Guzmán
GEORGINA GARCÍA SOLÍS
Las recientes declaraciones del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, en las que se deslinda de cualquier responsabilidad de ejecutar la suspensión de obras del nuevo Temacapulín, –donde se pretende reubicar a los habitantes de este poblado para ser inundado por la presa federal El Zapotillo–, según Guadalupe Espinosa, del Colectivo COA, es otro “artificio” del gobierno del estado para no acatar la resolución de la quinta sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) que preside la magistrada Patricia Campos.
El abogado aseveró que la CEA no podrá evadir tan fácilmente la orden judicial debido a que se asentó que esta instancia es “partícipe y está detrás del plan de reubicación” de los habitantes de Temacapulín, en un acta del cabildo de Cañadas de Obregón, no obstante, anticipó que el alcalde de este municipio, Carlos González Padilla, ya fue notificado y se comprometió a cumplir con la suspensión el próximo jueves.
César Coll Carabias se desentendió de hacer valer la resolución bajo el argumento de que la CEA no es un ente involucrado en el juicio, mientras que el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, explicó que la Inmobiliara y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) está a cargo de la obra en Talicoyunque a través de un convenio que firmó con la CEA, pero Iprovipe a su vez contrató a PVZ Ingenieros y Arquitectos para que edifique el nuevo núcleo poblacional.
Sin embargo, el miembro del colectivo COA reconoció que la resolución del TAE no se dirige a Iprovipe ni a la constructora porque “eso no había salido a la luz” y no fueron contemplados en el juicio.
Esto, aunado a que el convenio en mención no es un documento público, debido a que fue clasificado como “información reservada” por la CEA y la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
“Esas decisiones dejan en una indefensión jurídica a las comunidades porque no saben a quién demandar y cómo demandar ¿cuál es el Estado de derecho? ¿Cómo se va a impartir justicia?”, expuso.
Según explicó el Departamento de Comunicación Social de CEA, el convenio que esta dependencia signó con Iprovipe fue publicado en su portal de Internet hasta hace unas semanas, y se retiró tras recibir una notificación de Conagua sobre su nueva clasificación.
“Nosotros buscamos que se sancione a la CEA, porque la CEA es quien hizo los convenios que ahora clasificaron de reservados”, insistió Guadalupe Espinosa.
La magistrada concedió cinco días hábiles para que suspendan la obra, o de lo contrario se dará vista al agente del Ministerio Público para que ejercite la acción penal.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
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