Pequeños comerciantes, grandes productores agrícolas y empresarios han pagado “protección”
ARTURO CANO (Enviado / La Jornada)
La deuda se había hecho vieja y el acreedor acudió, como se hacía desde tiempos inmemoriales, a pedir la ayuda del síndico de Tuzantla. “Fulano me debe y no me quiere pagar”. Atado por reglamentos, el funcionario le dio mil vueltas. “Pues voy a ir con los otros, porque ustedes se tardan mucho”, dijo. Y fue. Y le pagaron. Los cobradores de La Familia Michoacana, naturalmente, se quedaron con 20 por ciento de la deuda.
El mito dice que el grupo delincuencial que ahora es centro de la acción del gobierno federal –aunque las bombas y las ejecuciones informen que el resto de los frentes sigue abierto– es el gran benefactor de muchos municipios michoacanos, el verdadero gobierno en extensas zonas del estado. Sí y no. Mario Enzástiga, gran conocedor de la geografía municipal de Michoacán, dice que no conoce ninguna obra pública –una clínica, un aula, un camino– construida con recursos y por órdenes de los jefes de La Familia. “Ayudan a la Iglesia, con algún enfermo, pero con obras no”.
Pero Enzástiga, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal de Michoacán (Cedemun), conviene en que no puede decirse lo mismo de la justicia, ámbito donde La Familia ha creado un “sistema paralelo” que castiga desde un violador hasta un borrachín escandaloso.
“En su estructura tienen una mujer que se encarga de recibir y resolver todas las quejas de otras mujeres. A ella acuden aquellas que no reciben el gasto o que son golpeadas por sus maridos. Y les hacen justicia expedita”, explica un ex funcionario del Ayuntamiento de Tuzantla. Lo hacen a su manera, por supuesto. La ineficacia gubernamental, derivada del desinterés de los funcionarios o de un “marco regulatorio muy estrecho”, es el campo fértil de la labor justiciera de La Familia.
El ex funcionario pone el ejemplo de un reglamento que establece el cobro de dos pesos a los vendedores que se instalan en la plaza o las inmediaciones del mercado. “Al municipio le salía más caro pagarle al empleado que cobrar los dos pesos, así que dejamos de cobrar. Ellos llegaron, pusieron una cuota de 100 pesos y ahora son los recaudadores de impuestos”.
No sólo cobran derecho de piso. También reemplazan al gobierno como reguladores de las actividades nocturnas. “Ellos fijan los horarios de los antros, de los centros botaneros”.
“Michoacán te va a extrañar”
A los vendedores ambulantes y los antreros se suman los taxistas y los artesanos, que pagan “protección”, al igual que los grandes productores agrícolas y otros empresarios. Amenazados o “protegidos”, los taxistas de diversos puntos de la entidad trasladan gente para hacer marchas exprés en esta capital. El fin de semana fueron los de Pátzcuaro y Tarímbaro, y hoy toca el turno a los de Zitácuaro. “Michoacán te va a extrañar Nazario”, dice una de las mantas a la cabeza de la pequeña marcha. El modus operandi de las marchas que iniciaron la semana pasada. De la caravana de vehículos bajan decenas de personas que recorren la avenida Madero, pasan frente a Catedral, hacen una breve parada frente a Palacio de Gobierno y luego avanzan hasta la fuente de Las Tarascas. Regresan por el mismo camino y se suben a los taxis. Así son las marchas exprés de La Familia.
“¡Queremos paz!”, “¡Queremos trabajos, no policías”, gritan los manifestantes. Con excepción de los que cargan las mantas, todos los demás marchistas van con los rostros descubiertos.
En Apatzingán también hay marcha. Los manifestantes portan camisetas que rinden homenaje a El Doctor, El más loco, El Pastor, El Chayo, diez alias distintos y un solo capo verdadero, Nazario Moreno, el justiciero, el “cerebro” de una organización nueva que, sin embargo, el gobierno federal equipara ahora con los cárteles grandes, si uno se atiene a las cifras que el viernes dio el secretario de Gobernación.
En la Tierra Caliente, para ponerle sabor a su marcha, los manifestantes distribuyen también discos compactos con el ideario bíblico contestatario de su líder caído.
Aunque la mayoría de los marchistas son hombres, también marchan las beneficiarias de la “política social” de La Familia. Las mujeres que recurren a la protección del grupo cuando son golpeadas por sus parejas, las que consiguen que sus maridos reincidentes reciban la misma medicina.
Robin Hood es un personaje literario del que se ríe Vito Corleone.
Los promotores del empleo
En Chihuahua o Tamaulipas, los asaltos y agresiones a empleados públicos que deben visitar zonas controladas por el narcotráfico son moneda corriente. Pero no ocurre así en Michoacán. Al menos no en las zonas controladas por La Familia.
“Tienen aduanas, detienen a los civiles y hemos visto cómo a veces tienen a la gente al lado del camino, las cajuelas abiertas. A nosotros nos conocen, de modo que sólo dicen ‘pásenle rápido, cabrones’”, dice Enzástiga, un convencido de que la estrategia de combate a la delincuencia organizada de Felipe Calderón cojea sobre todo en “el nivel municipal”.
“Los presidentes municipales son los más desprotegidos, no tienen posibilidad de hacer nada. Y es evidente que ahí, en los municipios, es donde más se han metido” los delincuentes.
Pero el gobierno federal, dice Enzástiga, finca su estrategia sólo en el combate armado y no hace nada por impulsar un indispensable “rediseño de las políticas públicas” encaminado a recuperar el “control territorial”. No otra cosa, sino lo admitido en los cables dados a conocer por Wikileaks.
Eso dice el funcionario y lo corroboran los cientos de historias sobre la justicia a la manera de La Familia que corren en Michoacán. La historia de miles de empleados despedidos que son recontratados o reciben la liquidación de ley. La de los taxistas piratas que pueden trabajar gracias a las gestiones de “la maña”. La de aquellos que le deben el empleo a El más loco: “Presidente, esta persona ocupa un empleo y aquí lo va a tener”.
El abandono
La justicia de La Familia, los enfrentamientos con Los Zetas y los “daños colaterales” ocasionados por la guerra con el gobierno, han propiciado el éxodo en las zonas más conflictivas. “Sí, hay abandono de comunidades”, dice Enzástiga. “Pero ahora ya no se van a Estados Unidos, sino a los centros de población del mismo estado”.
“Mi pueblo llegó a tener 7 mil habitantes, quedan 5 mil”, dice Antonio Soto, uno de los aspirantes a la candidatura perredista a gobernador, originario de Tumbiscatío.
En el mercado municipal de Apatzingán confirman el abandono. “¿Cómo no se van a ir, si la gente de los ranchos tiene miedo?”
Los marchantes hablan en voz alta del miedo a la presencia de las fuerzas federales, pero bajan la voz cuando reconocen que también hay gente que se ha ido por miedo a “las cuotas y a las juntas que se hacen allá”.
Eso ocurre mientras los diarios locales se llenan de peticiones para el resto del país, que se resumen en una idea: “No estigmaticen a los michoacanos”. Los asesinatos de turistas en Acapulco y la inmediata etiqueta que se colgó a la reciente masacre en Jalisco (“fueron los michoacanos”), alimentan el miedo del ciudadano común a hacer cosas antes muy simples, como viajar a otro estado con placas de Michoacán. Por algo será que el gobierno del estado tiene entre sus planes cambiar las placas de los vehículos de sus funcionarios que más viajan a las entidades vecinas.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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