Las autoridades no consultan previamente a las comunidades ni justifican trascendencia de obras
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 18 diciembre. Más de 80 organizaciones sociales ambientalistas y defensoras de derechos humanos estatales y nacionales, como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), pidieron que una comisión de organismos internacionales en derechos humanos como relatores de la ONU, acudan a México para constatar violaciones al derecho a la consulta y la participación y expusieron el caso de la hidroeléctrica La Parota.
Las organizaciones solicitaron desde el 2 de diciembre a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Relator sobre México, ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como al relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, acudir a México para que sean ellos quienes conozcan directamente la grave situación que enfrenta su derecho a la consulta y a la participación, sobre todo en aquellos proyectos que afectan las comunidades indígenas y campesinas.
Los organismos civiles argumentaron que proyectos que según las autoridades van a generar desarrollo como carreteras, presas hidroeléctricas, mineras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, se aprueban e implementan “bajo la bandera del interés público, imponiéndolos a las comunidades indígenas sin informarles, sin consultarles previamente, sin justificar la trascendencia pública de las obras, sin respetar los derechos de libre determinación de los pueblos y sin que las obras los beneficien”.
Incluso denunciaron que las autoridades mexicanas en muchos casos han falsificado documentos de asambleas ejidales, no han reconocido a las autoridades de los pueblos indígenas y han utilizado la fuerza pública y criminalizado la protesta social para acallar a quien se oponga a estos proyectos.
“Estas prácticas se ven reflejadas claramente en el proyecto hidroeléctrico La Parota, que aún ante la oposición manifiesta de las comunidades, las graves consecuencias medioambientales y la falta de información por el gobierno a todos los pueblos afectados, el Estado mexicano insiste en su construcción”, destacó el coordinador del Programa de Defensa de Derechos Humanos y Recursos Naturales del CEMDA, Juan Carlos Arjona.
Agregó que casi siembre las comunidades indígenas no son involucradas en el diseño, desarrollo e implementación de estos proyectos, como lo fue en los casos de las carreteras de Lerma Tres Marías o el Bolaños-Huejuquilla.
El activista criticó que lo más grave es que los proyectos no consideran el impacto social y no contemplan formas de mitigación del impacto cultural.
La petición de la visita de los Relatores se desprende de una serie de actividades que han venido haciendo los organismos civiles, entre ellos, la audiencia que tuvieron el 28 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron la vulneración constante de estos derechos en México.
Arjona destacó que la visita de la relatora y los relatores es fundamental en los primeros meses del siguiente año, pues son una oportunidad histórica, debido a que están en discusión ante el Congreso federal diferentes iniciativas de ley sobre el derecho a la consulta, que pudieran finalmente reconocer a nivel interno ese derecho, reparando una falla estructural que tantas violaciones de derechos humanos ha provocado.
Por ello, urgió a las autoridades mexicanas a iniciar las gestiones necesarias para concretar dicha visita.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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