Lunes, 03 de Enero de 2011 00:00
Escrito por Cecilia González Arenas
A lo largo de todo el año la violencia se enseñoreó en este bello país. Según datos oficiales, son más de 30,000 muertos, cuyas biografías en su mayoría se desconocen; sólo cuando las autoridades aprehenden o ejecutan a algún dirigente del crimen organizado se dan a conocer sus nombres y antecedentes. De la misma forma, en el caso de “testigos protegidos” quienes declaran lo que es conveniente en el momento, aunque se ataque a los medios como sucedió con el reportero de la revista Proceso. Esos miles de fallecidos son anónimos y los daños colaterales, por fuerza deben darse a conocer para sancionar a los culpables, quienes sean.
Además de esas terribles bajas de mexicanos, se tienen que añadir en el catálogo de esta cruel despedida al 2010, la fuga de más de ciento veinte reclusos de una cárcel de Tamaulipas; la explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan que causaron 29 víctimas y daños a decenas de hogares, con la gravísima contaminación a la tierra, arroyos y ríos; la liberación desde el 11 de diciembre, más de una semana antes de su aparición en los medios, del político del PAN Diego Fernández de Cevallos, que deja más preguntas que respuestas; el secuestro de migrantes centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, del cual ya se conoce que los captores han pedido rescate a sus pobres familiares y, a pesar de las denuncias del P. Solalinde, se desconoce su destino y hay la presunción de que, también, el delito es la trata de personas tan temible.
Aunado a esos hechos terribles se encuentra el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre valiente que dedicó los últimos dos años de su vida a buscar la justicia y el castigo para el asesino de su hija Rubí Marisol de 17 años, quien deja una hija de dos años. La historia de esta mujer es ejemplar y dolorosa: enfermera jubilada del IMSS, convertida en investigadora ante la indiferencia de las autoridades y la ignorancia e insensibilidad de los jueces que exoneraron al victimario a pesar de su confesión del crimen. Esos jueces y el M.P. tendrían que rendir cuentas y ser castigados porque no supieron o no pudieron aplicar el derecho. Al parecer, ya hay algunos indicios sobre su asesino.
Existe el clamor popular de los defensores de derechos humanos no sólo de México, sino de otros países, para que se investigue este crimen que debiera avergonzar a toda la estructura del gobierno mexicano. El Centro de D.H. de las Mujeres y Justicia para nuestras hijas, ambas organizaciones de Chihuahua, además de la Comisión Interamericana de D.H. están empeñados en lograr que no quede impune este asesinato de una luchadora social , quien sin recursos económicos, tenía localizado al asesino de su hija; pero se encontró ante los oídos sordos de las autoridades federales, estatales y municipales.
Habría que sumarse a esa exigencia y lograr que este asesinato recreado cientos de veces por las cámaras de T.V. , cometido enfrente del palacio de gobierno y la procuraduría de Chihuahua no quede impune como sucede con el 97% de los delitos.
Como se observa, los signos para el 2011 no son alentadores; sin embargo, habrá que seguir en la lucha para que, al través de la organización de la sociedad, se logre salvar a México que ha caído en el abismo de la corrupción, ineficiencia e impunidad que le impiden avanzar. De cualquier forma, felicidad, salud y paz para los amables lectores y para los jornaleros.
Fuente: La Jornada de Morelos
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