La Comisión de la Verdad en Guerrero

URIEL LEAL RAMÍREZ

Las comisiones de la verdad constituyen uno de los mecanismos orientados a garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. En 1997, el experto Louis Joinet, bajo mandato de la Subcomisión sobre la Discriminación y la Protección de Minorías (ONU, 1997) identifico tres derechos fundamentales de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y tres deberes correspondientes al Estado: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a las reparaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede contribuir a:i) la construcción y preservación de la memoria histórica, ii) el esclarecimiento de hechos y iii) la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad.

Las dos dimensiones del derecho a la verdad:

La dimensión colectiva: “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes.”

La dimensión individual: El derecho de cada víctima y de sus familiares a saber lo que pasó: “Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.”

En el ámbito internacional han funcionado, hasta ahora, cerca de 40 comisiones de la verdad: Uganda (1974); Argentina (1983-1984); Uruguay (1985); Uganda (1986-1995); Chile (1990-1991); Chad (1990-1992); El Salvador (1992-1993); Alemania (1992); Haití (1995-1996); SudAfrica+ (1995-1998/2000); Guatemala (1994-1999); Ecuador (1996); Nigeria (1999-2002); Granada+ (2001); Panamá (2001); Yugoslavia (2001-003); Sierra Leona (2002-2004); Ghana (2002-2004); Timor Leste (2002-2003); Perú (2001-2003); Chile (2003); Paraguay (2004-008);Marruecos (2004-2005); República Democrática del Congo (2004); Indonesia (2004); Liberia (2006-2008); Ecuador (2007-2010); Kenya (2008); Togo (2009); Costa de Marfil (2011).

Durante la campaña proselitista en nuestro estado, el actual gobernador, Ángel H. Aguirre Rivero, se comprometió con los familiares de las víctimas del periodo conocido como “guerra sucia’’ y con las organizaciones de la sociedad civil y luchadores sociales, a la creación de una Comisión de la Verdad.

Desde nuestra óptica debe cumplir ciertos objetivos:

1. Impulsar que el gobierno del estado cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, de la violación y tortura en contra de Inés y Valentina y de la tortura en contra de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, delitos todos cometidos por militares en el estado de Guerrero;

2. Coadyuvar con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en las acciones para la reparación en los casos antes mencionados.

3. Rescatar el Capítulo 6 sobre Guerrero del Informe de la Fiscalía de Delitos del Pasado e iniciar la sistematización de los expedientes y los casos para presentar al Ministerio Público estatal una propuesta de casos para su investigación, persecución y sanción respectiva.

4. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la CIDH sobre la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas ocurrido el 28 de junio de 1995.

5. Impulsar procuración e impartición de justicia para sancionar penalmente a los militares que masacraron a 11 indígenas, la madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres.

6. Impulsar ante la PGJE la investigación, persecución y consignación de los casos del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, diputado Armando Chavarría Barrera, cometido el 20 de agosto de 2009 y de otros dirigentes y militantes políticos y sociales asesinados durante los seis años anteriores.

Fuente: La Jornada de Guerrero