NORMA TRUJILLO BÁEZ
Las mujeres que están encarceladas en los reclusorios La Toma de Amatlán, Pacho Viejo y en el de Coatzacoalcos, purgan sus condenas con condiciones de infraestructura deficientes y de carencias, se vulneran sus derechos humanos relativos al trato digno, salud, alimentación, legalidad y reinserción social, incluso los derechos de los niños que viven con sus madres dentro de los centros penitenciarios, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomienda al gobierno estatal que mejore las condiciones de las reclusas y los menores que viven dentro de los centros penitenciarios.
De acuerdo con el informe especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo visitas a 69 reclusorios del país, entre ellos, tres del estado de Veracruz, en los que se encuentran mujeres pagando una condena por algún delito cometido.
En estos tres reclusorios de la entidad veracruzana, la CNDH observó que no existe una adecuada o correcta separación de hombres y mujeres, particularmente en las áreas de ingreso, observación y clasificación; En el Centro de Readaptación Social Pacho Viejo, no existe área exclusiva de visita íntima para mujeres y hombres. Aunado a lo anterior, en algunos de los centros mencionados, conviven ambos géneros en áreas de comedores y patios.
En lo que respecta a servicios de salud, en la mayoría de establecimientos que alojan población femenil y varonil, la atención médica es deficiente, puesto que no existen instalaciones específicas para mujeres, ello implica que las mujeres sean atendidas, si es el caso, en el mismo lugar que los varones.
El informe señala que en los reclusorios de Amatlán, Coatzacoalcos y Xalapa se carece de personal médico suficiente para atender a la población en general, y no cuentan con especialistas para la atención específica de las mujeres.
Asimismo de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011 y de las visitas realizadas se constató que en Coatzacoalcos existen irregularidades en la elaboración y distribución de los alimentos; no se les proporcionan tres raciones de comida al día, ni se les proporcionan utensilios para su consumo; además no se otorga alimentación a los hijos de las internas que viven con ellas.
Se detectó que algunos establecimientos no cuentan con procedimientos para el funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, tal es el caso del Centro de Readaptación Social La Toma, en Amatlán, en el de Coatzacoalcos Duport Ostion, Zona Sur y en el equivalente Zona 1 Pacho Viejo en Xalapa, en donde la descripción de las funciones de éste órgano colegiado no están expuestas con claridad.
También se señala que en la mayoría de los centros de reinserción social visitados en las entidades federativas, no se realizan acciones para que las internas reciban alguno de los beneficios de libertad anticipada, debido a que no cuentan con personal suficiente para llevar a cabo la elaboración de estudios de personalidad y en otros casos, los expedientes técnico-jurídicos se integran deficientemente.
Se constató que los establecimientos penitenciarios, donde se alberga población mixta en distintas entidades federativas no hay suficientes actividades laborales y de capacitación para la población en general, el material didáctico es escaso, las actividades deportivas no son programadas, ni realizadas de manera regular.
Las observaciones que emite la CNDH es que cuando se analiza el sistema penitenciario relacionado con la reclusión de las mujeres, “puede observarse la añeja situación de discriminación en razón de género que permea en dichos establecimientos, desde la regulación normativa interna, la estructura de las cárceles, la clasificación de la población penitenciaria, así como el funcionamiento y operación de los centros de reclusión, que se manifiesta en una notoria falta de presupuesto y atención específica relacionada con el internamiento de las mujeres, que presenta un desequilibrio con el de los varones”.
Esta discriminación se recrudece en el caso de las mujeres indígenas, quienes dentro de este contexto representan una minoría adicional, cuya barrera principal es el idioma y al no hablar español, y carecer de los servicios de intérpretes o traductores, origina un aislamiento mayor, por lo que resulta inaplazable atender dicha problemática tomando en cuenta no sólo una perspectiva de género, sino de una perspectiva indigenista, para salvaguardar su idioma, cultura y tradición.
El informe sostiene que la ausencia de una perspectiva de género en todas las fases del sistema de justicia, conlleva a una especie de doble penalización de las mujeres y la ulterior violación de sus derechos humanos; lo anterior, en marcada contradicción con las obligaciones de garantizar la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.
De ahí que la CNDH recomienda a los gobernadores de los estados diseñar políticas penitenciarias encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, giren instrucciones a las autoridades responsables para que las mujeres internas en los centros penitenciarios y de los menores hijos que convivan con ellas, reciban un trato respetuoso y digno.
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