Tres coordinadores se deslindan públicamente de Gonzalo Molina, Arturo Campos y Prócoro Valente
MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 3 de septiembre. Una mesa mixta para el próximo viernes, en la que se discutirá caso por caso de los policías comunitarios detenidos por el Ejército y la Marina –en el que no incluyeron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García–, y la reducación por la casa de justicia de San Luis Acatlán para aquel a quien le comprueben delito, fue el acuerdo entre el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y los coordinadores de tres de las cuatro casas de justicia de la Crac, encabezados por Eliseo Villar Castillo.
La reunión fue en una sala de la Secretaría de Gobierno, en la sede del Ejecutivo, donde estuvo el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien la abandonó porque, denunció, allí adentro condicionaron asuntos que sólo competente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), como que desconocieran públicamente a los promotores de la casa de justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera.
Según el abogado, porque ni Villar Castillo, ni Martínez Garnelo supieron precisar cifras, son 21 los casos de comunitarios que revisará el estado, incluido el del coordinador Bernardino García Francisco. Otros 10 policías comunitarios están presos por cargos federales, que salen de la competencia de la mesa jurídica de hoy; siete de éstos, alcanzan fianza de 15 mil pesos cada uno.
En conferencia de prensa conjunta de coordinadores y secretario general de Gobierno, en la que aquellos dieron a conocer los acuerdos entre la Crac y el estado, Villar Castillo dijo que las casa de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec) y Zitlaltepec (Metlatónoc) se deslindaban de las acciones que emprendan ambos integrantes de El Paraíso, además de Prócoro Valente Gil, porque supuestamente violaron el reglamento y emprendieron acciones de ocurrencia, no de consenso.
A la reunión no convocaron a los consejeros de la casa El Paraíso, porque según Villar Castillo las funciones de esa instancia están aplazadas. Aseguró que en la asamblea regional del sábado pasado no se determinó la situación de esa sede jurisdiccional, y que será valorada hasta la próxima asamblea, de la que todavía no hay fecha.
Ese día, el acuerdo principal fue que la Crac en unidad, es decir todas sus casas de justicia, las cuatro, se manifestarían por la liberación de todos sus compañeros y contra la militarización en territorio comunitario, pero en la reunión de hoy se dejó de lado el caso de Salgado García y se aisló a los coordinadores de El Paraíso.
En un comunicado, esta tarde, el gobierno del estado difundió que supuestamente los coordinadores desconocieron a la casa de justicia de El Paraíso, a pesar que ése es un asunto interno de la organización. “Se estableció que la casa de justicia de El Paraíso está suspendida en sus actividades, y los policías comunitarios integrantes de ésta sólo pueden actuar dentro de los límites de su comunidad”, es parte de uno de los párrafos.
Rosales Sierra, en entrevista en los pasillos del edificio gubernamental, comentó que después de escuchar a los miembros de la Crac en la reunión con el secretario de Gobierno, Tlachinollan analizará si sigue con el asesoramiento en la mesa que inició hoy con el Poder Ejecutivo.
Mencionó que la intención de la asamblea regional fue para privilegiar la unidad y juntos buscar la defensa de los comunitarios detenidos, incluidos los dos coordinadores; la permanencia de El Paraíso, consideró, es un tema pendiente que le compete sólo a la organización.
Acusó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de pretender dividir y desmantelar a la Crac.
Martínez Garnelo, en su turno en la conferencia de prensa y al declarar la instalación de la mesa jurídica entre el gobierno y la Crac, dijo que “el caso de Nestora está fuera de esta mesa”. Las razones de esa determinación no las desmenuzó; sólo comentó que es un caso aparte que está en un proceso de judicialización.
La coordinadora, que está recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit, está acusada de secuestro agravado, un delito del fuero común.
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