El Senado aprobó anoche en lo general la Ley del Servicio Profesional Docente, luego de un largo debate en el que legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano advirtieron a priístas y panistas que pese a que impusieron su mayoría para sacar esa legislación que vulnera los derechos laborales de los maestros, el conflicto magisterial no concluye, sino que va a escalar.
Fue un proceso fast track similar al que se dio en la Cámara de Diputados, en el que en un solo día y bajo un fuerte dispositivo policiaco se desahogó todo el procedimiento. El pleno senatorial aprobó la reforma con 102 votos a favor y 22 en contra. También, como en San Lázaro, el PRD se dividió, ya que cinco de sus 22 senadores votaron en favor.
A uno de ellos, Isidro Pedraza, quien fue a tribuna para sostener que como profesor rural la considera una buena legislación, la también perredista Dolores Padierna le recordó desde tribuna que ‘‘la patria no se vende, se defiende’’.
Presionados por la cúpula
El senador Alejandro Encinas deploró que algunos legisladores dejen a un lado sus convicciones, ‘‘presionados por las cúpulas partidistas’’, y voten una ley que responsabiliza a los maestros de la crisis educativa provocada por los gobiernos del PRI y el PAN, y los castiga al crear para ellos un régimen laboral de excepción que les arrebata la estabilidad en el empleo y hasta la posibilidad de contar con la defensa de un sindicato.
‘‘Cuando se anula el Congreso, lo único que queda es la calle’’, advirtió a su vez el también perredista Mario Delgado, quien deploró que se trate de poner de rodillas a los maestros. Mientras, Layda Sansores, del Movimiento Ciudadano, dijo que al imponer desde el Pacto por México esa ley, no han tomado en cuenta que ‘‘la pradera está seca y a la violencia ciudadana se puede sumar la violencia social’’.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, recalcó que ni el dictador chileno Augusto Pinochet ‘‘legislaba tan rápido’’. El ex secretario de Educación Pública advirtió lo grave de legislar por encima de los maestros, siguiendo las instrucciones de la OCDE para profundizar las medidas neoliberales.
La fracción del PRI se limitó a sostener que es una reforma en favor de la modernización de la educación, que en nada perjudica al magisterio y en la que ‘‘no le tembló la mano’’ al presidente Enrique Peña Nieto, según comentó la senadora Mely Romero.
En cambio el PAN, a través de Luisa María Calderón, se lanzó contra los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a los que calificó de ‘‘chantajistas’’ y los acusó de ‘‘reprimir’’ a sus representados para obligarlos a viajar a la ciudad de México y participar en marchas tan sólo para lograr más plazas.
La hermana del ex presidente Felipe Calderón responsabilizó también al magisterio disidente de secuestrar al Congreso y sostuvo que es en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas donde se da el mayor rezago educativo. Hilvanó un discurso con base en una maestra de un municipio michoacano, Parácuaro, de nombre Selene Franco, quien –dijo– imparte clases pese a la presencia del narcotráfico. Preguntó por qué no todos los maestros son como Selene.
El senador del PT Marco Antonio Blázquez le preguntó qué responsabilidad tienen los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en la crisis de la educación, en los libros de texto con 117 errrores ortográficos. La senadora Calderón no defendió a su hermano y siguió su discurso contra la CNTE.
En su turno, Encinas pidió no olvidar la historia ‘‘y no querer convertir la tragedia que vive el sistema educativo en una telenovela cursi’’, en la que ‘‘Hermosa República Mexicana, desde Parácuaro te saluda’’. Dijo asimismo que no se puede culpar a los maestros, ya que no son ellos los que crearon el corrupto sistema corporativo de Elba Esther Gordillo. Ya se olvidaron del registro de Nueva Alianza o de los favores de Calderón a la dirigente hoy caída en desgracia a cambio del apoyo en el ‘‘fraude electoral de 2006’’, dijo.
En todo momento parecía que se hablaba de dos leyes distintas. De entrada, el panista Juan Carlos Romero Hicks, al hablar en nombre de la Comisión de Educación, expuso que se escuchó a todos los interesados y recalcó que la reforma acaba con los comisionados del magisterio pagados con recursos públicos. Hay en la actualidad, dijo, entre 80 mil y 100 mil maestros con comisión, mismos que no dan clases, pero reciben su sueldo.
Ocho senadores perredistas –del total de 17 oradores que participaron en el debate en lo general– argumentaron en contra. Dolores Padierna detalló que en contra de lo establecido en el artículo 14 constitucional, al impedir la retroactividad la Ley del Servicio Profesional Docente borra, con un albazo legislativo, los derechos conquistados por el magisterio.
Encinas, en tanto, expuso que el propio secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reconoció que no se trata de una ley educativa, sino de un nuevo estatuto laboral que rompe con el principio básico de bilateralidad. ‘‘Es como si los trabajadores petroleros se rigieran por la ley de Pemex o la de salud normara las relaciones gremiales del personal de esa dependencia’’.
Luego de casi cinco horas de debate se aprobó en lo general la Ley del Servicio Profesional Docente. Cinco senadores del PRD (Pedraza, Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Luz María Beristáin y Alejandra Barrales) votaron a favor. Por la mañana, el dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, trató de reunirse con la bancada, pero a última hora desistió.
Al cierre de esta edición continuaba la discusión en lo particular, en la que hay más de 30 artículos reservados, la mayor parte por el PRD.
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