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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF. En la segunda mitad de los años ochenta, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la prensa y el gobierno estadunidenses emprendieron una amplia ofensiva contra México tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kike Camarena a manos de narcotraficantes mexicanos.

Aunque quedó en duda el papel de la DEA en la desaparición y asesinato de su agente, atribuidos únicamente al entonces capo Rafael Caro Quintero, el gobierno de Ronald Reagan desplegó una intensa campaña en contra de México, principalmente a través de la prensa y la televisión.

Los medios estadunidenses comenzaron a hablar de la existencia de listas elaboradas por agencias de ese país en las que se mencionaban a altos funcionarios mexicanos protectores del narcotráfico.

La respuesta del gobierno delamadridista fue que el problema del narcotráfico en México se debía al gran consumo de drogas en Estados Unidos. Cínicos, los priistas decían que el papel de México "sólo" era el de transportar la droga.

Dos décadas después, Felipe Calderón hace lo mismo.

Culpa a los drogadictos estadunidenses y a los vendedores de armas. Más aún, montado en su reiterativo discurso rijoso ("nada ni nadie nos arredra") arremete contra los funcionarios corruptos de Estados Unidos.

No conforme, pide que éstos sean procesados. Según él, como lo ha hecho en México con la llamada Operación Limpieza. 

Calderón miente, pues la operación –que el procurador Eduardo Medina Mora ya dio por terminada – no sólo fue un requisito de Estados Unidos para la aprobación del Plan Mérida, sino que no alcanzó más que a unos cuantos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Y algunos de ellos, con acusaciones endebles.

Calderón dejó intocados a funcionarios de otras instituciones claramente involucrados, así como a políticos federales, estatales y municipales vinculados con el narcotráfico. 

Soslayó además todas las redes empresariales que explican en parte la existencia de los cárteles narcotraficantes.

Cierto que el narcotráfico escapa a la realidad mexicana y Estados Unidos es parte importante del problema, pero a diferencia de lo ocurrido en los años ochenta del siglo pasado, la respuesta de Calderón resulta de la desesperación. 

Desde fines del año pasado, es decir, prácticamente desde la llegada de la administración de Barak Obama, Estados Unidos ha dejado en claro que está preparando una nueva estrategia antinarco en función de su seguridad nacional, lo que implica mayor injerencia en México.

El argumento es que los niveles del narcotráfico ya rebasaron la frontera y se han registrado actos violentos en Texas y Arizona relacionados con el narcotráfico mexicano.

Calderón está rebasado porque en Washington tienen claro que su estrategia antinarco es insuficiente. Los mensajes no pueden ser más claros.

Primero fue el Departamento de Estado con la idea del "Estado fallido", después las declaraciones del director de Inteligencia, Dennis C. Blair, sobre los problemas de gobernabilidad en México a causa de la corrupción propiciada por el narcotráfico y, más recientemente, el señalamiento desde el Congreso de que el Estado mexicano ha perdido el control de algunas zonas de su territorio. 

Por si fuera poco, el Congreso aprobó para este año 300 de los 450 millones de dólares prometidos del Plan Mérida.

Todo avalado por el Pentágono, que claramente ha señalado su propósito de tener más presencia en el Ejército mexicano para combatir el narcotráfico. 

La cereza del pastel fue la provocadora inclusión de Joaquín El ChapoGuzmán en la lista Forbes como el número 701 de los hombres más ricos del mundo, con mil millones de dólares como "empresario del transporte" de droga.

Al igual que los priistas en su momento, Calderón asegura que se trata de una campaña desde el exterior para "distorsionar la realidad de México". 

Cuando los panistas comenzaron a gobernar en México a fines de los ochenta, en pleno descrédito del PRI por la penetración del narcotráfico, lo único que ocurrió fue que los nuevos gobernantes sucumbieron igual que los priistas ante el narcotráfico. Lo mismo ha ocurrido con los perredistas desde la década pasada.

El narcotráfico ha desestructurado la relación de las instituciones con los gobernados y se necesitan más que soldados para recuperar el terreno perdido.

Calderón se engaña y quiere engañar a quien se deje de que se trata de una perversa campaña de Estados Unidos. 

Lo que no dice es que las críticas estadunidenses ponen en duda su estrategia surgida por su propia necesidad política y sin saber a dónde llegaría.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx