Florence Cassez

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 6 de marzo (apro).- El presidente de Francia puso la agenda desde París para su encuentro con Felipe Calderón.

El caso de Florence Cassez, la francesa de 34 años sentenciada en México a 60 años por secuestro, se colocó desde la semana pasada en el centro de la visita de Estado del presidente Nicolás Sarkozy, quien desde el Palacio del Elíseo puso en duda al sistema judicial mexicano.

Para el Estado mexicano, la ciudadana francesa es responsable de cuatro secuestros como integrante de una banda encabezada por su novio Israel Vallarta. Ambos fueron detenidos en 2005, acusados de uno de los delitos que más agravian a la población mexicana.

Por esa razón fue condenada a 96 años de prisión, pero en vísperas de la llegada de Sarkozy un juez federal redujo la pena en 36 años.

En la práctica, se mantiene como una sentencia de por vida, pero llama la atención que el Poder Judicial Federal haya reducido la sentencia en una clara medida política para darle un margen de acción a Calderón.

Cuando Sarkozy anuncia su intercesión ante Calderón para revisar la situación de Cassez, se abre el espacio para cuestionar de nueva cuenta no sólo la sentencia, sino todo el proceso de procuración, administración y aplicación de la justicia en México.

La posición oficial del gobierno de Sarkozy es examinar las opciones posibles "respetando la independencia de la justicia mexicana y los convenios internacionales" firmados por México y Francia.

Lo que pretende es el traslado a Cassez a Francia para que allá purgue la pena.

Pero en Francia hay dudas; y en México, un fuerte rechazo a la repatriación, sobre todo de quienes se acreditan como víctimas de la ciudadana francesa. En Francia se ha hablado, incluso, de una tensión diplomática entre los dos países por el caso.

Las dudas rodean todo el caso, aunque no para las víctimas. Desde la detención misma –que se convirtió en un espectáculo de televisión montado por la Agencia Federal de Investigación (AFI)–, la investigación, la consignación y la sentencia.

No sólo son los padres y la defensa legal de la sentenciada los que cuestionan el proceso. En París hay una corriente de opinión agrupada en un Comité de Apoyo a Cassez, según el cual se trata de un asunto político que merece una solución política.

En esa visión, la solución pasa por el indulto presidencial; pero el Código Penal Federal establece que el presidente está impedido de otorgarlo cuando se trate de delitos como traición a la patria, terrorismo y secuestro.

Una salida se podría encontrar en el Código Federal de Procedimientos Penales, que admite el indulto presidencial cuando un condenado logra aportar pruebas irrefutables de su sentencia.

Ese escenario parece lejano, pues es muy difícil que Calderón admita que su gobierno y dos de sus principales hombres del gabinete se equivocaron. Si bien el caso detonó en 2005, en el gobierno anterior, los dos principales encargados de las investigaciones son ahora dos de sus apoyos en su enfrentamiento con el narcotráfico.

Genaro García Luna se encargó de la investigación y detención de Cassez, como director de la AFI, mientras que Eduardo Medina Mora, está al frente de la Procuraduría General de la República, la misma que consignó a Cassez ante la justicia federal como secuestradora. Más aún, descalificaría también a los jueces federales que conocieron del caso.

Si Calderón cede a la petición de Sarkozy generará un fuerte rechazo no sólo entre las víctimas, sino entre aquellos que convalidan su discurso de mano dura contra la delincuencia.

Sarkozy ha colocado a Calderón en un dilema en el que es el principal tema de su administración. Si cede por razones humanitarias, se le echará en cara que es, precisamente, de lo que carecen los secuestradores.

Si algo caracteriza a México es la impunidad y cuando hay un detenido lo que se busca es que pague por sus delitos, sobre todo cuando se viola la dignidad humana, como en el caso de los secuestros.

El gran problema es de credibilidad. La administración, procuración e impartición de la justicia en México así lo demuestra.

jcarrasco@proceso.com.mx