Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


En la medida que se acerca el 5 de julio los mexicanos vamos comprobando día a día que no estamos ante un proceso electoral más, estamos frente a unos comicios desacreditados y carentes de toda legitimidad que abarca al sistema electoral en pleno como partidos políticos electorales y por supuesto a la mayoría de candidatos a puestos de elección popular, quienes temen sobre todas las cosas, aún desde el usufructo del poder ilegítimo, que el día 5 de julio sea desenmascarado una vez más el régimen tal cual es: antidemocrático, antipopular y represivo.

Lo importante de esta coyuntura electoral es el rechazo al régimen, en un principio espontáneo hoy organizado, que diferentes sectores del pueblo lo hacen público y anuncian que anularán su voto mediante diferentes expresiones políticas. Hecho inédito en los procesos electorales en México, que desde las sacrosantas instituciones se les combate desde todos los frentes del poder formal y los poderes fácticos, tramposamente pretenden imponer que la supuesta salvación llegará por la derecha y como punta de lanza los empresarios haciendo política con la intención de seguir preservando sus intereses, quienes buscan amarrar compromisos con los futuros legisladores a quienes los quieren dóciles y alineados con los intereses la ultraderecha y la oligarquía.

Ante la carencia de capacidad política y de propuestas reales apegadas a las necesidades populares los políticos de oficio, autodenominados eufemísticamente clase política, hace eco a las pretensiones de la ultraderecha agrupada en sus organismos fachada, que en medio unos comicios desestimados mediante un falso pacto ciudadano busca forzar a la ciudadanía a votar, con la velada amenaza de que quien no lo haga será un antisocial, sin embargo, lo único que persiguen es que todas las propuestas y futuros legisladores se apeguen a sus intereses, está en camino el avasallamiento del Legislativo por los grandes empresarios haciendo política directamente, ya no les importa guardar las apariencias y no ocultan sus afanes de resentimiento y venganza social.

La propuesta de “mi voto por tu compromiso” refleja el grado de denigración alcanzado por sí mismo que tienen los procesos electorales y las fuerzas políticas que lo integran en nuestro país, que desde su instauración hasta la fecha por esta vía no se ha logrado mayor transformación que la adecuación del marco político y jurídico en función de proteger y salvaguardar los intereses de la clase pudiente, es decir, de los grandes empresarios y del capital monopolistas transnacional.

Sabedores del alto grado y permanente abstencionismo que caracteriza a cada proceso electoral y que hoy mediante el voto nulo se revela como una nueva forma de organización y lucha dentro de las propias reglas y juego de poder interburgués, se empeñan en salvarlo blindándolo por todos los medios al presunto sistema de partidos y un régimen sumamente antidemocrático que avala a “representantes de elección popular” elegidos por una minoría de la minoría. Ahora la manipulación y el fraude no sólo se realizarán favoreciendo a los candidatos del PAN o del PRI, la maniobra consiste en ocultar las expresiones de rechazo al régimen neoliberal a través del voto nulo y el abstencionismo político.

Los acontecimientos en torno al actual proceso electoral confirman que tanto el IFE como el TEPJF son instrumentos más de dominación del Estado mexicano que desde una legalidad parcial lo mismo emite fallos fraudulentos que interviene convenencieramente en asuntos internos de partidos políticos electorales para favorecer a candidatos a modo, dóciles y proclives a pactar con el gobierno ilegítimo de Calderón que se prestan a fin de obtener más poder político y económico, al tiempo que se proyectan de manera sucia a nivel nacional las cabezas de la traición dentro de la izquierda institucional, así sí gana legitimidad Calderón.

Mientras todo se quiere encuadrar por la fuerza dentro del proceso electoral, éste sirve como cortina de humo más para ocultar la represión, para negar la existencia de la pobreza y la hambruna, para minimizar o negar la existencia del descontento popular al cual se le criminaliza por todos los medios, para negar las tropelías y atrocidades de los cuerpos policíaco-militares, para mimetizar en una falsa lucha contra la delincuencia las campañas de contrainsurgencia.

Proceso aprovechado también por los asesinos del pueblo y haciendo derroche de cinismo el cacique Figueroa reconoce que los crímenes de luchadores sociales resolvían problemas políticos y además reta a que le comprueben la participación del priísmo y del figueroísmo en el asesinato de perredistas. El pueblo de Guerrero como en el resto del país sabe y conoce por experiencia propia que en Guerrero se sigue padeciendo el figueroísmo sin Figueroa, sin necesidad de que este sanguinario cacique ocupe un puesto público, para qué lo necesita si tiene las estructuras del PRI a su servicio, gran parte del gabinete de Zeferino y grupos de paramilitares para asesinar a todo aquel que manifieste una postura diferente a sus intereses.

La militarización y represión de la geografía de nuestro estado y pueblo guerrerense no es un problema a debatir o no, constituye un problema de suma gravedad porque es una constante que ahora se agudiza so pretexto de combatir al demonio del crimen organizado, bajo ese ardid mediático se violan derechos humanos, se anulan de facto derechos constitucionales y se cometen toda una serie de atropellos y tropelías en nombre de la democracia y la seguridad, ¿Cuál democracia, cuál seguridad? y en todo caso, ¿Democracia y seguridad para quién?, quien esté de acuerdo con la militarización, con la presencia de las fuerzas militares en ciudades, pueblos, comunidades, carreteras y caminos de nuestro estado manifiesta estar de acuerdo con la ultraderecha, con el terrorismo de Estado que desarrolla el gobierno ilegítimo de Calderón y con los crímenes de lesa humanidad.

Ejemplos sobran sobre los hilos conductores del crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno estatal y federal, Guerrero no es la excepción, es la recurrente que confirma la tesis de que el crimen organizado y las instituciones de este régimen son parte de los mismos intereses y que la lucha contra la delincuencia organizada sólo es un pretexto para justificar el terrorismo de Estado contra el pueblo, la aplicación en amplitud y profundidad de una estrategia contrainsurgente para tratar de contener la protesta y la voluntad de combatir de nuestro pueblo.

Quienes proponen modificaciones a la ley para “destrabarla” a favor de las pretensiones fascistas del gobierno de Calderón en “su lucha contra la delincuencia”, no significa otra cosa que otorgarle poderes dictatoriales, legalizar los crímenes contra el pueblo, justificar el baño de sangre que pide la ultraderecha personalizada en personas con un gran atraso intelectual como Josefina Vázquez Mota. Los únicos interesados en mantener la permanente violencia contra el pueblo a través de los operativos policíaco-militares son los grandes empresarios y la ultraderecha porque con ello tienen el pretexto para imponer violentamente un Estado policíaco-militar.

Grotescas y burdas resultan las declaraciones de Zeferino cuando se le exige protección a los defensores de derechos humanos y luchadores sociales diciendo que “no puede proteger a todos”, pero para reprimir sí le alcanzan los recursos y le sobra amplitud y fuerza, es una burla que denota no sólo su incapacidad sino también su afición por la represión, por el militarismo y por el terror del Estado, víctima de sus propios ecos a la ultraderecha hoy es vasallo de las fuerzas policíaco-militares y parte de los intereses caciquiles que le dan sustento a la delincuencia organizada en nuestro estado.

Con su política demagógica y de clara aceptación de la militarización y el paramilitarismo las víctimas se convierten en victimarios por consigna gubernamental, en donde los cuerpos policíacos y militares tuercen la ley a su voluntad inventando todo tipo de acusaciones contra la población y los luchadores sociales, donde la única ley que vale son la fuerza bruta que dimana de las armas y del hecho de saberse impunes por el respaldo del Ejecutivo federal y estatal, en los hechos, los cuerpos policíacos tienen licencia para asesinar, para saquear, para violar, para cometer todo tipo de tropelías, para cometer crímenes de lesa humanidad como es el asesinato y la desaparición de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que en los tiempos del figueroísmo (padre e hijo), se sigue tratando de resolver los problemas sociales con el asesinato político y las huestes de esta dinastía de asesinos bien que aprendieron de su política y consejos.

El cinismo del gobierno estatal no tiene límites cuando sostiene que si alguien considera que hay violaciones a los derechos humanos que acuda a las instituciones correspondientes, pero esas instituciones están empapadas por la corrupción y son parte del estado de derecho oligárquico en donde todo ciudadano es delincuente hasta no demostrar lo contrario, situación que para los pobres y luchadores sociales dentro de las leyes e instituciones de “procuración de justicia” ese beneficio nunca se consigue, para nuestro pueblo queda claro que Zeferino piensa y actúa como lo que siempre ha sido, un priista de cepa partidario por convicción de la represión y hoy se consuma como represor confeso al ser parte de la ofensiva federal de la criminalización de la protesta popular.

La única paz que ofrece Zeferino es la misma que ofrece el ilegítimo de Calderón, la paz de los sepulcros, la paz de la desaparición forzada de luchadores sociales, la del asesinato “extrajudicial”, la de la persecución, la del saqueo de las pocas pertenencias de los pobladores en las comunidades de la sierra guerrerense, la del terrorismo de Estado.

Claro que Zeferino tiene otra opinión de la actuación de los cuerpos policíaco-militares en Guerrero, es la opinión de los opresores, la de los explotadores, la de los que diseminan el terror del Estado contra pueblos y comunidades. Desde luego que no puede compartirla con la de los defensores de los derechos humanos, porque éstos en su valiente labor de denuncia han desenmascarado el estado de terror que se vive en la sierra y en cualquier parte de la geografía guerrerense. Sin tapujos da el aval a las atrocidades de los militares, de los policías y los paramilitares, hecho que demuestra cuánto se es parte de los intereses oligárquicos y de la delincuencia organizada desde y para el Estado.

Es un secreto a voces que en Guerrero los grupos paramilitares están actuando bajo el amparo gubernamental, compuestos por militares, por marinos, policías de diferentes tipos, funcionarios y caciques locales que en santa cruzada de derecha hostigan, persiguen y asesinan a luchadores sociales, estos grupos con apoyo logístico y la cobertura de la cúpula militar son los responsables de los asesinatos y desaparición forzada de luchadores sociales que se vive en estos momentos en Guerrero.

11 años de impunidad por la masacre de El Charco; 14 de la masacre de Aguas Blancas, los responsables intelectuales y materiales siguen en la completa impunidad, ¿Cuál ha sido la reflexión en todos estos años? Que el Estado mexicano siempre buscará una salida policíaco-militar a las justas demandas y protestas populares, en ambos acontecimientos, aberrantes y condenables ilustran y demuestran que la violencia no proviene del pueblo y de los revolucionarios, ésta siempre parte del Estado y los revolucionarios no hacemos más que responder en un acto de autodefensa para preservar los intereses populares.

Este 28 de junio se cumplen 14 años de la masacre de Aguas Blancas, un acto de barbarie gubernamental, un crimen de Estado, un acto de contrainsurgencia clásica para tratar de contener el descontento popular, un acto de provocación para que los revolucionarios reaccionáramos de manera irracional, tratando de obligar que nuestro partido, en ese tiempo PROCUP-PDLP, saliera y fuera golpeado militarmente al salir a brindar la solidaridad a nuestro pueblo ofreciendo una alternativa de lucha; 13 años de la presentación pública de nuestro ejército y la reivindicación de la autodefensa armada por el pueblo y los revolucionarios ante un gobierno represivo y antipopular que sólo beneficia a los grandes empresarios.

A la distancia la reflexión se vuelve no sólo necesaria, sino obligatoria para todos los actores políticos del país. De nuestra parte hemos reflexionado y sacado conclusiones y experiencias de la lucha armada revolucionaria en todos estos años, y ¿Aquéllos que nos descalificaron, nos minimizaron, nos condenaron e incluso perversamente nos vinculaban con intereses gobiernistas lo habrán hecho?

De ayer y hoy no hay mucha diferencia, la represión sigue siendo una constante, el hostigamiento, la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y la desaparición forzada por motivos políticos sigue siendo una política de Estado; la protesta popular y a los luchadores sociales se les criminaliza imputándoles delitos del fuero común para negar la existencia de desigualdades sociales y el descontento social que crece en la medida de lo antipopular del gobierno; la existencia de la pobreza y la miseria sigue siendo el principal flagelo social que políticos sin escrúpulos que ya no tan sólo lucran con ellos sino que ahora quieren negar encimándole artificialmente el problema de la inseguridad; la militarización y el terror de Estado es una constante, una política de Estado que en nombre del combate a la delincuencia justifica la violación de los derechos humanos y constitucionales e instaurando estados de sitio en diferentes partes del país …

Nos enfrentamos a un estado de derecho oligárquico que todo lo criminaliza, a un gobierno antipopular que carente de legitimidad busca ante todo una salida político-militar a los problemas y exigencias populares, en nombre de una democracia que sólo beneficia a los pudientes se violan los derechos constitucionales y se justifica las atrocidades de los cuerpos policíaco-militares desde los diferentes niveles de gobierno estatal y federal. Es este el contexto en el que se desata la casería contrainsurgente contra nuestros compañeros de lucha del ERPI, repitiéndose la espiral represiva que flageló a nuestro estado en los años 70’s con los crímenes sistemáticos de lesa humanidad.

Esto necesariamente nos lleva a insistir políticamente en la necesidad imperiosa de organizar e impulsar de manera organizada la autodefensa popular, porque el pueblo tiene el derecho de defenderse del terror del Estado, nadie nos puede negar el derecho inalienable de organizarnos y responder con la autodefensa armada. Pueblo e insurgentes somos parte de un mismo proceso de lucha.

Esto desde luego que no será posible si los diferentes destacamentos de lucha de nuestro pueblo marchamos cada quien por su lado, la unidad de todo el pueblo y sus organizaciones sigue siendo una tarea estratégica que todos debemos trabajar en función de ella, es tiempo de dejar a un lado los intereses que van en contra de la unidad de nuestro pueblo.

Nuestra solidaridad y apoyo a todos aquellos que organizan y luchan mediante las diferentes formas de lucha en nuestro estado como en otros rincones del país contra este régimen oprobioso. Trabajemos todos en función de consolidar y desarrollar los pilares de la revolución, sin éstos es impensable la realización de la nueva revolución que exige y clama nuestro pueblo.

¡HONOR Y GLORIA A LOS MARTIRES DE AGUAS BLANCAS!
¡HONOR Y GLORIA PARA QUIENES HAN OFRENDADO SU VIDA POR UNA PATRIA SIN EXPLOTADORES NI OPRESORES!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

Año 45
República Mexicana, a 23 de junio de 2009