El carpetazo a Pasta de Conchos

El carpetazo a Pasta de Conchos

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

SAN JUAN DE SABINAS, Coah., 6 de octubre (apro).- El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien estos días protagoniza una nueva escaramuza con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), busca ahora cerrar otro frente abierto: el caso Pasta de Conchos, al que considera "expediente cerrado", en sintonía con los empresarios de Grupo México.

Sin embargo, al decretar el carpetazo en Pasta de Conchos, tanto Grupo México como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) involuntariamente pusieron de relieve engaños y maniobras para evadir las exigencias de justicia de los deudos de los 65 mineros fallecidos en ese filón.

Así lo consideran deudos y activistas, quienes en principio refutan las aseveraciones de Xavier García de Quevedo, presidente de la subsidiaria Industrial Minera México (IMMSA), el que, entre otras cosas, hace una semana sostuvo que la mina se encuentra "colapsada".

Cristina Auerbach Benavides --activista defensora de las familias desde el 19 de febrero de 2006, cuando se registró el siniestro--, ironiza:

"El viernes 25 de septiembre la mina amaneció colapsada, según García de Quevedo. Es una buena noticia, porque primero dijeron que estaba inundada y pululaban en su interior virus de VIH, salomonela, tuberculosis y otros patógenos. Luego dijeron que tenía tanto gas, que éste salía por la bocamina. Todos esos riesgos finalmente fueron descartados al afirmar que la mina se encuentra colapsada, es decir, derrumbada, ¡qué alivio!".

En un principio IMMSA justificó sus negativas de recuperación de cuerpos al alegar que la mina se encontraba llena de gas, o que éste era tanto que salía por la bocamina, o que el socavón se encontraba repleto de patógenos.

Sin embargo, todos esos pretextos se derrumbaron desde el 20 de marzo de 2007, luego de la recuperación de dos de los 65 cadáveres, cuya autopsia por cierto reveló que murieron por estallamiento de vísceras y no por la explosión, como se sostuvo en un primer momento.

A lo largo de 79 meses, los deudos y el colectivo Familia de Pasta de Conchos (FPC) presentaron pruebas que respaldaban la posibilidad de rescatar los 63 cuerpos que aún yacen ahí y, con ello, la puesta en marcha de un peritaje confiable para saber qué ocurrió y, en su caso, procesar a los responsables.

Sin embargo, sus esfuerzos han enfrentado la negativa de la empresa y de la STPS, cuyo titular, Javier Lozano Alarcón, inclusive ha protagonizado enfrentamientos verbales con viudas y activistas, a los que ha descalificado en declaraciones y comunicados oficiales.

Así, las maniobras de la empresa y la STPS se han caracterizado por falsear informes y hacer lecturas parciales de dictámenes y conclusiones, llevados a cabo por terceros y organismos internacionales, para intentar cerrar en definitiva el socavón.

Es el caso del dictamen emitido por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presentado en septiembre de 2007, que concluía que para el rescate era necesario "reponer las condiciones de seguridad de la mina", observación que Lozano Alarcón interpretó un "ingreso imposible" al socavón.

En febrero pasado, la FPC difundió un video grabado en el interior de la mina, con el que se demostró la existencia de condiciones para el rescate, así como la ausencia de gas.

Auerbach destaca que "ahora la nueva versión de IMMSA es que la mina está colapsada, lo cual quiere decir que no hay gas, no hay inundación ni patógenos, sólo derrumbes. Tendrán que preparar una nueva mentira", acota.

"Lectura parcial" de estudio de la OIT

Entre los intentos de Grupo México y la STPS por interpretar a su antojo estudios, peritajes e investigaciones, destaca el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conoció durante tres años el caso Pasta de Conchos y concluyó que, por acciones y omisiones, el gobierno mexicano no hizo lo necesario para evitar la muerte de los 65 mineros.

También concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno federal después del accidente, así como la admisión de acciones y omisiones antes de éste, constituyen un reconocimiento tácito de que el caso es representativo de la forma en que se aplican las leyes en la minería del carbón.

Sin embargo, para el gobierno mexicano "el caso está cerrado" y la lectura es otra.

En un comunicado del 27 de marzo, la STPS informó que el comité tripartito de la OIT "no hace responsable al gobierno mexicano" de ese ni otro accidente y que, por la información que aportó, dio prueba de las acciones tomadas después del accidente.

En entrevista el pasado 15 de abril con Apro, el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, insistió en la versión de que las conclusiones sólo apuntan a que el accidente se produjo por razones imputables a la empresa IMMSA, y a los servidores públicos involucrados, quienes ya fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.

"La obligación de tener condiciones adecuadas de seguridad e higiene le corresponde a los patrones. Y lo que haya ocurrido por negligencia, por el lado de la empresa, y por otro de las autoridades inspectoras, fue el que por alguna razón, si no del todo certera, aquello que pudo haber provocado la ignición o la explosión eso es algo que no sabremos", dijo.

Lozano Alarcón insistió en que es imposible saber qué motivó el siniestro y agregó:

"Como llevamos las conclusiones del Servicio Geológico Mexicano, que maneja dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, le parecen suficientemente amplias y satisfactorias (a la OIT) esas explicaciones, y (son) claramente imputables a la empresa por las condiciones que prevalecían en ese momento".

En efecto, el comité tripartito de la OIT, integrado para analizar el caso, determinó que no se puede hacer absolutamente responsable al gobierno mexicano del accidente, pues hasta el momento se desconocen sus causas.

Empero sobre IMMSA revela que ni siquiera contaba con un médico ni con planes de contingencia.

Agrega que los responsables de supervisar la mina no fueron consecuentes con las recomendaciones e incumplieron el marco legal:

"El gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente", se detalla en el informe GB 304/14/8.

El reporte también establece la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones relativas a la violación de varias disposiciones de los convenios 150 de la OIT, sobre la administración del trabajo; 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y 170 sobre los productos químicos, todos ellos ratificados por México.

Incluso en la información suministrada por el gobierno mexicano, con signada en el boletín de la STPS del 27 de marzo anterior, se asume una especie de 'autoimputación' en varios puntos.

Por ejemplo, en sus alegatos, el gobierno mexicano informó que al momento de ocurrir el accidente contaba con cinco inspectores de seguridad en la región, y los reclamantes afirman que había dos.

Aunque el comité no da la razón a ninguna de las partes, establece en el párrafo 72:

"El comité considera que la decisión adoptada por el gobierno luego del accidente, de reforzar la inspección del trabajo en Coahuila con siete nuevos puestos, de los cuales seis se asignaron a la Oficina Federal del Trabajo de Sabinas, genera dudas sobre si, previo al accidente, esa oficina contaba con suficientes recursos en cuanto a plazas de inspectores del Trabajo".

Además, en el párrafo 66 del reporte de la OIT, el comité advierte que toma nota de la información proporcionada por el gobierno mexicano, pero se limita a analizar las condiciones que prevalecían hasta el momento del accidente, conclusión contraria a la expuesta por Lozano Alarcón.

Cadena de agresiones

Con la aseveración de Xavier García de Quevedo, de que IMMSA es propietaria de la mina y de la planta lavadora de carbón que ahí se ubica, se desenmascaró la compra de las instalaciones que motivaron un desalojo violento el 31 de julio pasado, en el que resultaron heridas dos viudas y un menor.

Detrás del operativo de desalojo y de la pretensión por reiniciar operaciones, a pesar de la suspensión de la concesión por parte de la Secretaría de Economía, apareció el exdirector de Petróleos Mexicanos y exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, protagonista principal del famoso caso de corrupción conocido como el Pemexgate.

Con la protección de 60 policías estatales, un grupo de trabajadores ingresó ese día al predio minero, ante la inconformidad de los deudos de los mineros que permanecieron a la expectativa y mantuvieron una guardia en el acceso.

Sin embargo, la incursión se concretó cerca de las nueve de la mañana, cuando un contingente compuesto por 40 guardias privados y 40 trabajadores, hizo un hueco en la malla ciclónica para evadir el bloqueo de los deudos en el acceso principal.

Más tarde, a las 11:30, unos 60 policías estatales y ministeriales resguardaron a los trabajadores, repeliendo a viudas y deudos, a empujones, para dejarlos fuera del recinto y aislarlos, resultando lesionados la viuda Rosa Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido ahí.

Hasta entonces la presencia de Montemayor Seguy no había destacado de manera abierta, pero por esos días afirmó en diferentes ocasiones que su empresa, Transportes Signum SA de CV, había adquirido la planta lavadora.

Sin embargo, luego del desalojo se supo que la planta lavadora fue adquirida por Industrial de Carbón Signum SA, en la que son accionistas Rogelio y Salvador Montemayor García, hijos del exdirector de Pemex.

Precisa Auerbach: "Según ellos, su empresa adquirió la planta lavadora mediante una licitación privada, pero cuando revisamos los nombres, nos dimos cuenta que esa razón social no se encontraba entre las cinco empresas que participaron en el concurso, pues ni siquiera existía".

Más aún, la sociedad de los hermanos Montemayor García apenas fue registrada el 29 de junio pasado, pero su padre, Rogelio Montemayor, ya se había ostentado desde marzo como dueño, a través de Transportes Signum.

La inconformidad de las familias, sostiene Auerbach, consiste en que la Secretaría de Economía emitió una suspensión definitiva en ese lote minero, lo que abarca tanto a la obra extractiva como al aprovechamiento de la maquinaria e instalaciones.

"Pretender ampararse en el alegato legaloide de que lavar carbón no forma parte del proceso de explotación del mineral y que, por tanto, la suspensión definitiva decretada por la Secretaría de Economía no incluye lavar carbón. Se trata de un recurso ruin, propio de IMMSA, para justificar su negligencia, violencia y ausencia de ética", subraya.

Las gestiones de Rogelio Montemayor para operar la planta ubicada en el predio de Pasta de Conchos incluyeron reuniones con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien acompaña a las familias de mineros.

Tanto Vera López como la organización FPC han denunciado que, para lograr su objetivo, Montemayor hizo ofertas económicas a las familias y, ante la negativa de éstas, pasó a las amenazas y el hostigamiento.

Al respecto, Auerbach destaca:

"Nada nuevo: su maraña de mentiras lo desnuda y, sin pudor, fotografía el colapso, no de la mina, si de los peones que dicen gobernar el país.

"Desde el 18 de mayo y hasta el 31 de agosto pasado, cuando la policía estatal golpeó y desalojó a las familias, sostuvimos que Rogelio Montemayor era Grupo México y, con su trayectoria y su historial delictivo, no podía ser otra cosa, prueba de eso era que jamás acreditó la compra de la planta lavadora".

Sin embargo, Auerbach considera que Rogelio Montemayor, sus hijos y el abogado Heriberto Fuentes deben ser enjuiciados por falsear declaraciones, simular e intervenir en actos jurídicos; alterar u ocultar actas legales, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.

El hostigamiento de IMMSA y de la STPS a los deudos de la mina ha sido denunciado desde los días posteriores al accidente minero y ha implicado, además del gobierno de Coahuila, a esquiroles del sindicato minero y guardias privados, así como a policías judiciales del Distrito Federal.

Aparte, organismos empresariales han descalificado, a través de desplegados y declaraciones, a Raúl Vera, los activistas y a los deudos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.

Sin embargo, la historia aún no concluye.

El 28 de septiembre pasado, integrantes del Comité Cerezo y la abogada de Familia Pasta de Conchos firmaron un acuerdo de conciliación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), propuesto por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El convenio tiene el propósito de que en tres meses la PGJDF presente un protocolo de investigación sobre averiguaciones previas relacionadas con activistas de derechos humanos víctimas de un delito.

Ello se pactó luego de un ataque personal y el robo de computadoras a Auerbach. Incluso en febrero pasado, agentes de la policía judicial capitalina hostigaron a la abogada en su propio domicilio.

Auerbach sólo tiene una conclusión para esa cadena de agresiones:

"En cualquier otro país que se rige por un estado de derecho jamás hubiera pasado todo lo que hemos visto en Pasta de Conchos; en México sucede porque quienes gobiernan, o dicen gobernar, no son sino peones de los grupos de poder".