En alerta organizaciones en Chiapas por el cierre de LYFC

En alerta organizaciones en Chiapas por el cierre de LYFC

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 12 de octubre (apro).- Unos 15 mil campesinos, maestros, indígenas, médicos, estudiantes y miembros de diversas organizaciones sociales y sindicales se declararon en "estado de alerta ante la embestida del gobierno federal", en contra de luchadores sociales y grupos que se oponen a sus políticas públicas de privatización.

En el marco de la conmemoración del 12 de octubre, día del descubrimiento de América, fecha que en Chiapas se manifiesta el "rechazo de la llegada de los españoles a tierras aztecas", los inconformes llegaron a la plaza central de la capital, donde expusieron sus demandas y reclamos.

Solución a problemas agrarios y sociales, aumento y homologación salarial, equipo y uniformes, y medicamento para los hospitales, más presupuesto para la educación, cese de la represión, libertad de presos políticos, cancelación de órdenes de aprehensión y rechazó a la privatización de los servicios públicos, fueron algunas de las exigencias que los miles de chiapanecos reclamaron en el mitin realizado poco después del medio día.

Sin embargo, el tema que unió a los oradores fue lo que llamaron, "la embestida del gobierno de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro".

Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, exlíder de la Sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y ahora miembro de la dirigencia nacional de ese sector, expuso que la acción de Felipe Calderón debe de preocupar a todas las organizaciones sociales y sindicatos que disienten con las políticas públicas del gobierno federal.

Indicó que tras el "sabadazo" contra el SME y Luz y Fuerza del Centro (LFC), Calderón esconde sus intenciones de llevar a la privatización el sector eléctrico de forma gradual, por lo que es un agravión no sólo contra los sindicalistas, sino contra todos los mexicanos.

"Quien justifique la acción del gobierno federal y no tenga una lectura amplia y clara de lo que hay detrás de eso, debería informarse y realmente preocuparse porque es el inicio del desmantelamiento de organizaciones sociales y sindicales que no se quieren someter", advirtió Zavaleta Ruiz.

Dijo que la marcha ya estaba prevista para realizarse para este lunes con más de 15 organizaciones sociales y sindicales, por lo que el respaldo hacia el SME, tras la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, "es espontáneo" y cuenta con el respaldo de todos los líderes de las organizaciones participantes.

Jorge Carrasco Saavedra, miembro de la Sección 7 del SNTE adherida a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) expuso que así como el gobierno procedió contra la SME debería proceder contra "verdaderos sindicatos charros y corruptos", como los que dirigen la chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales Carlos Romero Deschamps.

Indicó que la embestida del gobierno federa contra el SME no tiene otro fin que "descabezar todos los movimientos políticos y sociales de izquierda" que, a juicio de Calderón, podrían "agitar algún probable estallido social en el 2012".

Sin embargo, afirmó que el gobierno federal es el principal provocador y agitador social, ya que con sus acciones está gestando lo que quiere evitar.

Explicó que la mejor forma de prevenir un alzamiento social es cumpliendo con las demandas políticas y sociales de las organizaciones sociales y sindicales de México.

"La persecución de líderes campesinos, como ocurre en Chiapas con el gobierno de Juan Sabines, o el desmantelamiento de organizaciones sindicales con afinidades de izquierda, sólo están generando una respuesta de las organizaciones sociales agraviadas.

Indicó que todas las organizaciones sociales de Chiapas, se declararon en estado de alerta ante lo que pudiera ocurrir en los próximos días o meses.

Y señaló que el agravio contra el SME, es un abuso del poder desde la esfera política de Calderón, quien pretende beneficiar con sus acciones a grupos transnacionales con la futura privatización del suministro de energía eléctrica.