Tomado del FTE de México. Por recomendación del buen Danny y su sugerencia económica me puse a buscar información sobre fibra óptica en México y me encontré varias cosas interesantes, que vistas cronológicamente eran la preparación del escenario para desembocar en el ya tristemente famoso sabadazo del shock eléctrico. Parece que por acá viene el asunto: si se desnacionaliza LyFC, se allega el espuriato de un filón de oro en fibra óptica concentrada en estados con un índice poblacional alto. Además como menciona en el artículo, de forma gratiuta quedaría a disposición de la empresa española de telefonía movistar. No es el único caso al que se daría manga ancha en la disposición de los recursos, así hay muchas otras empresas: mineras, de alimentos, de la industria de la construcción, etc., que no pagan impuestos. En realidad la desnacionalizacion o privatización de LyFC es innecesaria, ya que con el pago de impuestos de las empresas que evaden impuestos se podría subsanar el agujero (megaboquete) fiscal al que refiere tan continuamente Carstens. Como siempre la última palabra la tiene usted. Dasyatis
Regalo a transnacionales
“El gobierno, con el auspicio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y la influencia de Francisco Gil Díaz, pretende entregar gratuitamente la red de fibra óptica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional
Telefónica Movistar, denunció el diputado federal perredista Juan Guerra Ochoa” (Garduño R., en La Jornada, 15 feb 2009). “Expuso que el costo, erogado por el erario, de la red de fibra óptica asciende a más de 4 mil millones de dólares, de los cuales la empresa española no pagaría un solo centavo”. La denuncia es sumamente grave y consiste en la entrega gratuita de la infraestructura eléctrica
nacional a la transnacional española.
Según la denuncia, “fue entre 2004 y 2005 que Gil Díaz, promovió que la CFE tendiera en todo el territorio nacional una red de fibra óptica similar a la de Teléfonos de México (Telmex), o incluso con mayor cobertura. A través de ella se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de televisión; es decir, con esa red la diferencia entre la telefonía por cable y la abierta prácticamente desaparece, porque sería capaz de cubrir a 90 por ciento de la población. Eso se hizo a cargo del erario, y costó más de 4 mil millones de dólares”.
La instalación de fibra óptica en el territorio nacional tiene serias implicaciones. Por una parte, el país necesita estar bien comunicado y la fibra óptica contribuiría a ello pero, por otra parte, es absurdo que esa necesidad se ponga en manos de una transnacional que hará negocios amplios sin que le cueste “un solo centavo”.
Funcionaros empleados de las transnacionales
Otra vez se repite la historia. Héctor Olea, exdirector de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), oficina encargada de privatizar a la energía eléctrica y el gas, le otorgó permisos privados de generación eléctrica a Tractebel, lo mismo que en materia de gas. Luego, pasó a ser empleado de la transnacional. Ernesto Zedillo, privatizó los ferrocarriles nacionales entregándolos a Union Pacific Corporation, transnacional de la cual ahora es empleado. Después, Francisco Gil Díaz, siendo secretario de comunicaciones y transportes favoreció que con recursos públicos se construyera la red nacional de fibra óptica con la intención de entregarla a la española Telefónica, con la cual se asoció y ahora la preside.
Se trata de evidente corrupción, abuso de poder y traición a la nación. A ninguno de esos funcionarios se ha aplicado la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Conforme a esa ley, todos los funcionarios mencionados han incurrido en cohecho. El artículo en cuestión señala que "Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona (...) empleo, cargo o comisión para si y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses". Y en su último párrafo precisa: "Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionadas en términos de la legislación penal". Pero, ¿se ha hecho algo al respecto? Los legisladores o el poder judicial ¿se han encargado de hacer cumplir la ley? ¡Jamás!
Vendepatrias a ultranza
Ahora, el diputado Guerra declaró que “Carstens insiste en modificar la Ley de Inversión Extranjera para que empresas trasnacionales tengan participación accionaria superior a 49 por ciento, hasta ciento por ciento” e informó que “Telefónica mantiene el 97 por ciento de las acciones, sin existir presencia mexicana. Se configura una clara violación a lo que establece la ley, en cuanto que los mexicanos deben tener 51 por ciento. Esto lo supimos no en México, sino por un reporte que elaboró la Bolsa de Valores de Nueva York sobre la trasnacional española”.
Las intenciones de Carstens son obvias y no se refieren solamente a Telefónica. Cartens es empleado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representante del mismo en el gobierno espurio de Calderón. El FMI como el Banco Mundial y demás organismo financieros del imperialismo pretenden la privatización, total y
absoluta, de la infraestructura estratégica nacional, por la vía de privatizar el 100% de los sectores fundamentales de producción. Es el caso de las industrias de energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, mineralúrgica y otras.
En varios sectores, la inversión extranjera ya es del cien por ciento, por ejemplo, en la industria minera, en la siderúrgica, metal-mecánica, ferrocarriles, banca y otras. Pero propuesta de Carstens, empleado también de Gil Díaz, implica legalizar la violación a las leyes que ya hicieron, además de “regalarle” a Telefónica la red nacional de fibra óptica que NO es CFE, mucho menos de Elías Ayub o de Carstens, sino de la nación.
Por si fuera “poca ilegalidad”, Telefónica evade impuestos. ¡Abajo el mal gobierno!
Con los de Carstens y Gil Díaz están los intereses facciosos de Luís Téllez y de Calderón. A todos se les hace fácil regalar lo que no es suyo sino de la nación.
México necesita comunicaciones de vanguardia y al acceso de todos. Construir la red de fibra óptica para regalarla a la corporación española no solamente es contradictorio sino criminal. El FTE de México está en contra de esta política y exige aplicar la endeble ley a Zedillo, Gil Díaz, Carstens, Téllez, Calderón y otros.
Lamentablemente, los propios legisladores incumplen sus propios deberes. La denuncia es correcta pero hacen falta acciones. En su momento tendrá que tomarlas el pueblo organizado y movilizado en todo el país.¡Hay que bajar al gobierno! [2009, elektron 9 (49) 1].
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