No estaba muerto, andaba de parranda

Lydia Cacho

Plan B

04 de enero de 2010

No estaba muerto, andaba de parranda

Algunos creen que el PRI regresará al poder en dos años, sin embargo quienes no vivimos bajo el espejismo de la capital del país, sabemos que el PRI nunca se fue. Abrimos las puertas al 2010 con la certeza de que al cumplir una década bajo el gobierno federal del PAN tenemos suficientes datos duros para hacer una evaluación de cómo se transformó el país a partir de que la sociedad le arrebatara al PRI la Presidencia de la República. Y tal vez para hacer el recuento de los daños debemos empezar por admitir que el PRI sigue dominando al país. El presidencialismo como lo conocíamos se colapsó, es cierto, sin embargo se reconformaron los poderes y son los gobernadores y sus estrategias para controlar a los congresos y a los medios locales quienes se afanan en mantener a la maquinaria semidictatorial afinada y balanceada.

Si usted, como yo, vive en provincia tiene mayor claridad sobre lo que se vive en las otras 31 entidades de la República. Tenemos 500 diputaciones federales, 128 personas en el Senado, 2 mil 445 presidencias municipales, mil 600 legisladores. Ellas y ellos pertenecen a todos los partidos y son en gran medida quienes colaboran para la sistemática descomposición del país. Tendríamos que decir que lo que los medios “nacionales” muestran sobre el país es una visión sesgada de la realidad; la capital es vista como el ombligo de México y sus particularidades generan dinámicas que difícilmente se muestran en otros estados; la razón es que el presidencialismo priísta no desapareció sino se diluyó entre los gobernadores.

Las leyes aprobadas a nivel federal difícilmente significan algo para los gobiernos estatales, los debates legislativos en el Distrito Federal parecen mostrar un país progresista con debates abiertos; sin embargo es sólo una entidad, el resto del país sigue otras dinámicas.

Los congresos locales, en general, son una farsa. Las y los diputados honestos de oposición al partido gobernante son la excepción y carecen de poder. Los gobernadores negocian con dinero, poder, amistad, espionaje o canonjías y al final utilizan a los parlamentos para hacer con el estado lo que les viene en gana. En Quintana Roo el gobernador gasta mil millones de pesos al año en “compensaciones” a los medios locales para evitar que digan la verdad; una cantidad similar o mayor erogan otros gobiernos en los estados. Los medios que no cooperan o no se venden son cooptados o llevados a la quiebra por presiones gubernamentales hacia el empresariado que retira su publicidad por miedo a represalias, o por mera colusión en la protección de intereses político-empresariales.

Cientos de reporteros y reporteras en toda la geografía nacional viven negándose a la corrupción y bajo riesgo de perder su trabajo; saben que gran parte de sus notas, generalmente las mejores, nunca serán publicadas porque dañan los intereses de políticos o empresarios poderosos. Esta corrupción abona a las estrategias del narcotráfico para amedrentar a los medios; en varios casos de asesinatos de periodistas se sospecha que no fue el narco sino la clase política local y los caciques regionales quienes mandaron ultimar las vidas de quienes les investigaban; pero en río revuelto, ganancia de gobernadores.

Siguiendo el mismo modelo del presidencialismo priísta, los gobernadores han fortalecido sus cacicazgos como nunca en la historia. Antes tenían jefe supremo, ahora a Calderón no lo reconocen más que para exigirle recursos federales. Nada más. Son los gobernadores los dueños de sus estados donde la separación de poderes es cuento de hadas. Las y los procuradores obedecen al jefe para arrestar a quienes les incomodan o proteger a quienes les facilitan sus ilícitos y nutren a la maquinaria. Las comisiones de Derechos Humanos están atadas de manos o cooptadas.

Son los gobernadores quienes se aseguran de evitar la aprobación de políticas públicas para el fortalecimiento de las actividades de la sociedad civil. Las asociaciones apolíticas que trabajan por sus comunidades en todo el país saben que tienen dos opciones, o se someten a los designios de los gobernadores a cambio de recursos públicos y de no hacer olas, o serán vetadas de todo apoyo gubernamental y deberán asegurar recursos federales para sobrevivir. No importa si el trabajo que hace la sociedad civil resulta indispensable para ancianos, mujeres e infancia; para los animales o el medio ambiente. Los jefes estatales y muchos alcaldes navegan entre la ignorancia, la soberbia y la noción de ser intocables, para debilitar las acciones de la sociedad civil. Quieren a la gente sometida y silenciada para seguir ejerciendo el poder sin auditorías, restricciones o resistencia.

En la medida en que se han establecido candados federales en depósitos bancarios para evitar el lavado de dinero, varios gobernadores han mandado a construir búnkers como los de Zhenli Ye Gon, en los cuales guardan millones en efectivo para sus campañas políticas. Generalmente es dinero robado de las arcas del Estado; los institutos electorales no harán nada porque al menos en 80% de los estados los Institutos Electorales Estatales están cooptados por los gobernadores. Durante el presidencialismo del PRI la oposición se hacía notar por su consistencia discursiva y cierta solidez para enfrentar al monopolio político. Ahora que ese presidencialismo se replica en la mayoría de los gobiernos locales, descubrimos a partidos de oposición que son débiles, corruptos e inconsistentes. No existe una oposición ideológica sino pequeños grupos en batalla por acceder al poder y a los salarios que la maquinaria les proporciona. Basta analizar cómo en los estados el PRD, el PAN y Convergencia han vendido candidaturas a la alcaldía en un promedio de 3 millones de pesos. Cancún es una muestra de esa compraventa de candidaturas.

Gobernadores de casi todos los estados ponen a prueba su poder en la medida en que se acercan las elecciones del 2012, los millones de personas que vivimos en los estados que funcionan bajo estas dinámicas patológicas tendríamos que desarrollar fortalezas civiles apartidistas que se resistan al fortalecimiento de la feudalización del país. Por lo pronto podemos comenzar por poner en duda el espejismo que nos han vendido expertos del centro del país: que vivimos una auténtica democracia electoral. En realidad, en buena parte del país lo que vivimos es una regresión política; una feudalización del territorio y quien se atreve a exhibirla localmente recibe el castigo del ostracismo y la amenaza. Yo digo que una buena resolución del nuevo año es perderles el miedo a los señores feudales, arrebatarles al menos el poder de amedrentarnos.

Fuente: El Universal

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