Solicitan que emita recomendaciones al estado sobre el decreto del 31 de diciembre
Bertha Dimas dijo que podrían acudir a instancias internacionales para revertir el nuevo estatus del área
Los colonos denuncian campaña de desprestigio hacia el movimiento
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
Defensores de la Loma de Santa María recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que emita sus recomendaciones al gobierno del estado en torno al decreto del 31 de diciembre que abrogó el status de Área Natural Protegida (ANP) para el polígono, que además de reducido, lo convirtió en Zona de Restauración y Protección Ambiental.
En junta informativa convocada por el Frente en Defensa de Nuestras Áreas Naturales, y realizada ayer en el campamento que mantiene esta organización en la Loma desde el movimiento de resistencia para la construcción del megatúnel en 2007, José Méndez Bravo, integrante del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), anunció que desde el jueves pasado se presentó el recurso de amparo para echar atrás el reciente decreto del gobierno estatal, sin embargo, aun se está en la espera de conocer si esta vía procede por tratarse de un recurso interpuesto de manera colectiva.
No obstante, Bertha Dimas Huacuz, vocera del Frente, y Méndez Bravo, señalaron que la tarde de este lunes se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto ante la CEDH, con el objetivo de que esta institución emita las recomendaciones correspondientes al gobierno del estado por la abrogación de la ANP de la Loma de Santa María.
El acudir a este órgano, explicó Dimas Huacuz, también servirá de precedente para el momento en que sea necesario recurrir a otras instancias nacionales e internacionales para instar a la administración estatal a revertir el nuevo estatus del polígono en mención.
Por su parte, Méndez Bravo, quien además señaló el inicio de una campaña de desprestigio hacia el movimiento de defensa por parte del gobierno del estado, mencionó que sería posible pedir la intervención del panel arbitral en materia ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver el conflicto.
En la reunión, donde además estuvieron presenten investigadores y activistas ambientales, como David Barkin, e integrantes de la asociación Ecolusen, entre ellos, Melchor Pola y Carlos Olivares, además de vecinos y representantes de otras organizaciones civiles, expresaron su desacuerdo por la decisión tomada por la administración de Leonel Godoy Rangel, a quien llamaron a conducirse “con la Constitución en la mano”, ya que el decreto del 31 de diciembre, reiteraron, fue ilegal.
Por su parte, durante la junta, Barkin propuso la ampliación del movimiento de resistencia para encausarlo a la recuperación de la calidad ambiental de la ciudad y no sólo acotarlo a la defensa de una o varias áreas naturales.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: AMLO TV
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