Comprueba la falsedad de las resoluciones emitidas por las dependencias en 2008
Esto todavía no termina, refieren familiares; interpondrán dos quejas más ante Derechos Humanos
ANALY S. NUÑO
La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó la falsedad con que se manejaron el gobernador de estado, el procurador de general de justicia y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre el caso del niño Miguel Ángel López Rocha, quien murió intoxicado en febrero del 2008 tras caer al Río Santiago, aseguró el representante legal de la familia López Rocha, Juan Manuel Estrada.
El también presidente de la Fundación de niños robados y desaparecidos (Find), consideró que “llega de forma tardía” la recomendación dirigida al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, sin embargo dijó que el objetivo principal se cumplió al momento en que el organismo nacional acreditó que el menor murió por la contaminación del afluente.
“El objetivo principal es reconocer y poner en evidencia las mentiras del gobierno del Estado de Jalisco y la caja de humo que emitió de la Secretaria de Salubridad y todas las autoridades que se vieron inmiscuidas en este caso”.
Manuel Estrada indicó que la responsabilidad en este caso no es solamente de los funcionarios de la Conagua sino también de aquellos que han estado al frente de la Secretaria de Salud, cuyo desempeño ha sido de clara incompetencia.
“Teníamos un inepto secretario de Salud, hoy parece que tenemos un secretario de Salud más inepto que en base a una encuesta quiere tapar el sol con un dedo cuando es claro que hay contaminación, hasta la recomendación que hace la CNDH es que hay que advertir a la gente de la contaminación que hay ahí (en el Río Santiago)”.
Pidió al secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, que “no defienda lo indefendible” y se deje hacer “encuestas de a mentiritas que no nos llevan a nada”.
A decir de Manuel Estrada los principales responsables en este caso son el ex titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEAS), Enrique Dau Flores, el ex secretario de Salud Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza y las industrias contaminantes.
A la par, aseguró que las autoridades municipales también tienen responsabilidad en el caso pues su actuación es lamentable, ya que éstas han permitido la construcción de asentamientos urbanos en “zonas evidentemente riesgosas”, por lo que los habitantes de El Salto y Juanacatlán deberían exigir “por las vías que fueran necesarias su derecho” a ser reubicados.
“La familia López Rocha y ellos, los habitantes de La Azucena, han sido víctimas de una negligencia por parte de las autoridades al permitir que en este tipo de lugares se hayan construido viviendas violando todos las normas ambientales, y no vamos a descansar hasta tener una verdadera justicia y no nada más por Miguel Ángel sino por todos los ciudadanos afectados que hay en El Salto”.
Detalló que a pesar de la recomendación emitida “esto no términa”, pues tienen interpuestas dos quejas más en la CNDH, una contra el titular del área de Derechos Ambientales de la Procuraduría General de la República y otra más en contra de otras autoridades por su posible negligencia en este caso.
“No han querido actuar y no han querido asumir su responsabilidad, y esta es la primera de muchas quejas y recomendaciones”. Y añadió: “el problema es que no se hacen investigaciones serias, por que los derechos ambientales es una nueva función, actualmente el narcotráfico tiene mayor atención que el atender problemas de salud, tanto daño hace el que vende droga como el que contamina un río, tan delincuente es uno como tan delincuente es otro, y en ese sentido los más deprotegidos son aquellos que viven en las orillas de un río contaminado”.
En referencia al primer punto de la recomendación que emite la CNDH de que “se proceda al resarcimiento a los familiares del niño Miguel Ángel o quien tenga mejor derecho”, indicó que la ley establece una indemnización de alrededor de 350 mil pesos, sin embargo lo que los familiares y la sociedad piden es una disculpa pública por parte de las autoridades.
“Aquí no es eso (la indemnización), lo que pedimos es una disculpa pública, que cada quién asuma su responsabilidad, hasta de las constructoras, que acepten la responsabilidad moral con todos los que engañaron, el mismo Infonavit tiene una responsabilidad al otorgar créditos en viviendas que no cuentan ni con las condiciones de salud”.
Agregó: “debe haber una disculpa pública por parte de la Conagua, del gobierno del estado, sobretodo del gobernador que el fue el que soltó el rumor de las violaciones al menor, y del procurador a quien le exigimos que cumpla su función, porque es el representante de los más altos valores de la sociedad y no ha resuelto este caso”.
Para finalizar aseguró que en el estado no existe un orden político y “mientras en Jalisco no prevalezca la justicia, viviremos en un estado de cuarta. Las autoridades son de mentiras, tenemos un gobernador que ofende a los ciudadanos y luego se ríe de sus actos circences y que además tenemos hasta en el Cárdenal un cuarto poder muy fuerte. Tenemos que poner un alto a las violaciones a la ley”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
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