jueves, 29 de abril de 2010

Emilio mantiene postura sobre El Zapotillo y rechaza recomendaciones de la CEDHJ

Desacredita los puntos de presunta violación a los derechos humanos

G. GARCÍA S. Y A. VIVAR G.

Mientras que el gobernador Emilio González Márquez oficializó el rechazo que había anticipado a los 18 puntos contenidos en la recomendación 35/09 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) referente a la violación de los derechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la consstrucción de la presa El Zapotillo, el ombudsman estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cobrián, lamentó la postura del Ejecutivo.

El mandatario argumentó que la entidad responsable del proyecto es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no el gobierno del estado, por lo que está imposibilitado de cumplir la orden de suspensión de obra.

En su contestación a la CEDHJ, González Márquez aseguró que se han analizados otras opciones para ubicar la cortina de la presa y que una de éstas resultó técnicamente viable, pero que provocaría un conflicto social mayor por el número de comunidades que resultarían afectadas; es el caso de San Nicolás.

La otra alternativa analizada, dijo, fue Loma Larga-La Cuña-Picachos y que también fue desechada.

Además, aclaró, que no es de su competencia el invertir en estudios de proyectos alternativos al sistema de El Zapotillo, sino de la federación.

La investigación de la CEDHJ reveló que entre los pobladores de los municipios afectados han aumentado las enfermedades crónico-degenerativas y respiratorias, los casos de ansiedad, depresión y agresividad vinculados con el estrés.

Sin embargo, el gobernador también negó los actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Por su parte, Álvarez Cibrian señaló: “para nosotros siempre será lamentable el que una recomendación no se acepte. Nuestro porcentaje de aceptación ha sido muy alto, este sería desde luego, un retroceso al tema de la cultura de los derechos humanos”.

En su opinión, el rechazo del Ejecutivo provocará que los afectados recurran a instancias superiores, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Por nuestra parte hemos dicho que hemos cumplido como comisión estatal lo que es nuestro trabajo de investigar y poner en claro cuál es la situación, poner los puntos recomendatorios, pero ya está en manos del gobierno del estado la aceptación o no”, dijo.

Agregó que la respuesta del Ejecutivo estatal fue presentada por medio de un oficio en el quen no se detallan las razones de la negativa.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

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