México D.F., 15 de junio de 2010 (Cencos).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la posibilidad de demostrar que el Estado de derecho existe en México si dictamina la liberación de los doce presos políticos de Atenco. Esta semana se dará a conocer la fecha en la que la SCJN de una resolución sobre el caso.
Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, colectivos, activistas, integrantes de la academia y artistas que conforman La Campaña Libertad y Justicia para Atenco esperan que la Suprema Corte de su fallo antes de terminar el mes de junio.
Siendo esta una posibilidad de acceso a la justicia, las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Comité Cerezo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Seminario de Acompañamiento Psicosocial, presentaron el Informe colaborativo de violaciones a derechos humanos 12 presos por la defensa de la tierra, es tiempo de su libertad. El informe está conformado por cinco capítulos en los que se documenta y argumenta la violación a los derechos humanos de los 12 de presos y sus familias.
En el capitulo 1, el Centro Prodh, definió el operativo de más de 300 mil 500 agentes de la policía el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, como un caso emblemático de criminalización de la protesta. Simón Hernández León, abogado del Centro Prodh, explicó que “el Estado reconoció al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como un actor social de interlocución con autoridades federales y estatales que logró una victoria en el año 2001 cuando echaron atrás el proyecto del aeropuerto en tierras atenquenses, en este sentido, el Estado tenía que ejemplificar con un proceso de represión las consecuencias de desestabilizar el status quo de manera colectiva,”afirmó.
El capitulo 2, elaborado por el área jurídica del Centro Vitoria argumenta el uso faccioso de la justicia en el caso. El director de esta organización, Miguel Concha Malo, expuso cómo la figura de secuestro equiparado vigente en el código penal del Estado de México, ha sido una herramienta jurídica para criminalizar la protesta social fijando penas de 35 a 50 años de prisión a luchadores sociales equiparando el delito de secuestro con actos de protesta social.
Miguel Concha, afirmó que las violaciones a derechos humanos ya han sido ampliamente documentadas, incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 38/2006, en este sentido, hizo un llamado a la Suprema Corte, a no limitarse a refrendar la existencia de las violaciones, sino también a señalar culpables directos y actuar como un verdadero órgano de justicia, “lo mínimo que puede hacer es decretar la liberación de los presos,” aseguró durante la presentación.
El Comité Cerezo por su parte, documentó en el capitulo 3 y 4, los testimonios de los presos y sus familiares, mismos que describen la violación sistemática de derechos humanos bajo el régimen actual en los penales, en los que las y los presos son sometidos a condiciones de hacinamiento, limitado acceso a agua potable, la corrupción que se vive en todos los niveles dentro del penal y el autocontrol que ejercen los mismos presos sobre otros presos.
Héctor Cerezo, integrante del comité, explicó la manera en que estas violaciones son extendidas a los familiares en los días de visita al penal, “pues al ingresar tienen que desnudarse y sufrir tratos degradantes e inhumanos por parte de los custodios, lo cual constituye una situación prolongada de tortura, práctica con la que se violan tratados intencionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado”, dijo el activista, quien además exigió “la libertad de los 12 presos, el cese inmediato de las violaciones y la derogación del régimen interno de los penales de extermino.”
El capitulo 5, elaborado por el Seminario de Acompañamiento Psicosocial, documentó los efectos psicosociales en los familiares de los 12 presos que tuvo la represión de 3 y 4 de mayo así como el posterior encarcelamiento a partir de tres premisas: la represión política tiende a romper el tejido social, es usada como un emblema de castigo a movimientos sociales y genera daños colectivos.
Manuela Arancibia, del Seminario, explicó el deterioro físico, psicológico y económico que el encarcelamiento ha traído a las familias. Padecimientos psicosomáticos, síntomas de depresión así como la ruptura del horizonte de vida son algunos de los cambios que han tenido que enfrentar las y los integrantes del FPDT. Sin embargo, “la redes de solidaridad que han conformado y el deseo de liberar a los 12 presos también han logrado romper el clima de miedo y decaimiento”, aseguró la activista.
Por su parte, el historiador Adolfo Gilly, se pronunció por un debido ejercicio de la Justicia en el caso Atenco “es necesario para la sociedad entera y ayudaría a distender la situación de tristeza generalizada que vive el país y la percepción de que la justicia no existe, el caso Atenco es enorme y es como muchos otros, pero es crucial para el estado anímico de la sociedad en su conjunto,” afirmó.
Asimismo, el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, resaltó la labor de las organizaciones que realizaron el informe cómo una vía correcta para revigorizar el movimiento amplio por los derechos humanos ante la crisis de justicia actual, y nombró el caso Atenco cómo un “caso paradigmático de venganza del Estado”, en el que la SCJN, en una lógica de espejos debe dictar la libertad a los 12 presos cómo lo hizo en el caso Acteal, en el que se argumentaron violaciones al debido proceso.
Lamentó que en el país los casos de violaciones a derechos humanos tengan que llegar a la SCJN porque las instancias correspondientes no cumplen su labor de impartición de justicia. “Si la Suprema Corte no resuelve favorablemente y sigue en la lógica de las instancias que la antecedieron, este es una caso apto para llevar a las instancias internacionales”, concluyó.
Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular
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