Hace poco más de un año, el 5 de junio de 2009, una protesta llevada a cabo por la población indígena contra la explotación de recursos naturales en tierras que habían ocupado ancestralmente se saldó con la muerte de 33 personas. Otras 200 personas resultaron heridas cuando la policía disolvió la protesta, que tuvo lugar durante 50 días en el tramo de carretera conocido como la Curva del Diablo, que conduce a Bagua y Bagua Grande, en el departamento de Amazonas, Perú
Hasta la fecha no se ha juzgado a nadie por la violencia que se desencadenó tras la protesta en Bagua. Tres manifestantes indígenas continúan en prisión, más de una decena sigue bajo orden de arresto y muchos más siguen acusados formalmente. Hasta el momento no se han presentado cargos en contra de ningún agente de policía ni autoridad pública.
Amnistía Internacional pide a Alan García, presidente de Perú, que demuestre su compromiso de resolver las cuestiones que desencadenaron los sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009.
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