Los mercaderes de la justicia

Los mercaderes de la justicia

Lo bueno es que en México ya se sabe que hay un problema grave en la impartición de justicia. Lo malo es que quienes tienen la responsabilidad y el poder de cambiar las cosas, no hacen nada.

Por Félix Arredondo

27/05/2010 - 0 comentarios

Categoría: Política

El presidente de México afirmó a principios de la semana que “en muchas ocasiones la justicia queda al mejor postor”. Y también esta semana se presentaron al menos tres casos emblemáticos que podrían confirmar el diagnóstico presidencial.

Estos son: el desenlace del caso Paulette, el poder de la familia de “El Jefe Diego” sobre la Procuraduría General de la República (PGR) y la detención del candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo.

La buena noticia es que al menos ya se reconoce la existencia de un problema grave.

La mala es que quienes están investidos con el poder para impedir que la justicia siga a merced de los mercaderes no hacen nada para evitarlo.

El martes 25 de mayo renunció el procurador de Justicia del Estado de México Alberto Bazbaz.

Su salida pareciera tener el propósito de poner punto final al escandaloso desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto en la investigación de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

“Fue un accidente”. “No hay culpables”. Así cerró el caso el procurador mexiquense el viernes 21 de mayo. Sin embargo, cuatro días después tuvo que renunciar.

La mayoría de los mexicanos simplemente no le creyeron. Ni a Bazbaz, ni al gobernador Enrique Peña Nieto.

Por el contrario, aumentó la creencia de la perversión de la justicia mexiquense.

Y es que no solo está el hecho de que a la mayoría de los mexicanos les resulta imposible aceptar como cierta la “explicación” que ha dado el gobierno de Peña Nieto, sino que por otro lado aumentan las señales de una interesada distorsión en la procuración de justicia.

Señales como las que envió esta semana Mauricio Gebara, padre de Paulette, cuando sus abogados anunciaron que se plegaban a las conclusiones dadas a conocer por Bazbaz.

¿Que no era precisamente Mauricio Gebara quien sostenía que su hija había sido sustraída del departamento?

En cambio –cosas que tiene la vida–, Lizette Farah, antes indiciada por Bazbaz como principal sospechosa, se convirtió en la fiscal acusadora de su perseguidor al convocar a una conferencia de prensa para reclamar una explicación convincente.

Y es que “si hay una explicación sustentable, está bien, pero la que dieron a nadie convence”, declaró la mamá de la pequeña.

Sin embargo, este no es el único caso que exhibe la deplorable situación del sistema de justicia mexicano.

Esta misma semana, la familia de Diego Fernández de Cevallos hizo que la PGR se abstuviera de cumplir con las obligaciones que le impone la ley.

Juristas especializados en materia penal afirman que la privación ilegal de la libertad es un delito que el Ministerio Público está obligado a investigar y perseguir de oficio. Pero en el caso del ex senador, se ha quedado al margen.

En contraste, las familias de los jóvenes acribillados en el campus del Tecnológico de Monterrey siguen esperando que se haga justicia y que se diga la verdad.

Algo que el Estado mexicano se ha negado a hacer desde el principio, cuando se trató de hacer creer que dos alumnos brillantes eran sicarios. Después, las autoridades quisieron corregir el error diciendo que habían muerto en la “línea de fuego”, que eran “daños colaterales” de la guerra del presidente Felipe Calderón.

Otro caso notable sucedió el miércoles, cuando fue detenido Gregorio Sánchez, el candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, por presunto lavado de dinero.

Según Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, esta aprehensión busca evitar el triunfo de su candidato en las elecciones de julio.

Como antecedente, se señala la espectacular detención de alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán antes de las elecciones de 2009. Y, finalmente, la mayoría resultaron inocentes de los delitos que se les imputaron.

Estos son solo tres casos –aunque seguramente hay muchos más– que ponen en evidencia el deplorable estado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia. Como dice el presidente Calderón: “en muchas ocasiones la justicia queda al mejor postor”.

¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos esperar de la reforma penal que se llevó a cabo hace dos años?

Prácticamente nada.

“Será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y de administrarla, porque cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia.

“Seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor”, sentenció el presidente Felipe Calderón.

La pregunta obligada es:

Si Ejecutivo Federal, de quien depende la Procuraduría General de la República, que además tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, no ha podido impedir “que en muchas ocasiones la justicia quede al mejor postor”, entonces, ¿quién sí podría hacerlo?

¿Cómo restablecer el Estado de derecho si el responsable de cumplir y hacer cumplir la ley admite que el poder de la corrupción se ha instalado en los cuerpos ministeriales, policiales y judiciales con tal fuerza, que hasta ahora no se ha podido evitar el mercadeo de la justicia?

Seguramente por eso surgió la pregunta central del segundo Foro sobre Seguridad y Justicia al que convocó Alejandro Martí, presidente de S.O.S.: “La reforma penal… ¿El rumbo que necesitamos?”.

Reporte Indigo presenta los puntos de vista de varios panelistas que participaron en ese encuentro.

¿Cómo recuperar el Estado de derecho en México?

Participantes en el foro “La reforma penal… ¿El rumbo que necesitamos?”.

Fuente: Reporte Indigo

Difusión: AMLOTV