Diputados de la oposición en Costa Rica buscarán este martes que la Corte Constitucional prohíba el ingreso a su soberanía marítima de 48 de embarcaciones militares y más 7 mil soldados estadounidenses para el supuesto combate al narcotráfico, aprobado por la Asamblea Legislativa (Parlamento) el pasado jueves.
El diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, ex candidato presidencial y ex ministro de Seguridad, informó que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, con la finalidad de que anule el acuerdo con Washington.
Para Fishman la decisión del Congreso "va más allá" del convenio de patrullaje conjunto y que la presencia de buques, aviones y helicópteros artillados estadounidenses "convertirá a Costa Rica en la base naval más grande de Estados Unidos en el mundo".
De igual forma, grupos civiles y sindicales consideran que el ingreso de fuerzas extranjeras implicaría una violación a la soberanía de Costa Rica y que el Gobierno está propiciando una invasión militar de Estados Unidos.
La mandataria costarricense, Laura Chinchilla, indicó este martes que el convenio servirá para el supuesto combate al narcotráfico y rechazó que el acuerdo represente un riesgo para la soberanía del país.
"Garantizo que estos convenios son los mismos (que se han firmado en los últimos 10 años) y no voy nunca a exponer al país a un incumplimiento constitucional y muchísimo menos a una militarización de la lucha antidrogas", declaró Chinchilla un programa de radio local.
La Asamblea Legislativa costarricense renovó el convenio de vigilancia conjunta contra el narcotráfico en aguas costarricenses para el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010, el cual ha sido renovado año a año desde 2000.
La diferencia entre este nuevo convenio y los anteriores es que existe la posibilidad de que unos 7 mil oficiales y 48 embarcaciones estadounidenses puedan participar, lo que ha despertado fuertes críticas en un país que renunció a los temas militares al abolir su Ejército en 1948.
La mandataria anunció que su Gobierno tiene la intención de revisar los convenios antidrogas con el país norteamericano para ampliarlos a no sólo vigilancia marítima sino aérea y de detención de lanchas rápidas que naveguen más cerca de la costa del país centroamericano.
Este tipo de convenios militares con Estados Unidos han sido rechazados por la mayoría de los países de la región por considerarlos como una acción intervencionista que pone en riesgo la seguridad del bloque.
Un ejemplo de ello es el repudio expresado por los mandatarios de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, entre otros, a la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia.
Las bases que serán tomadas por Estados Unidos son la del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Estas instalaciones militares, según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pretenden "otros objetivos: controlar la región, enfrentar, crear conflictos armados en los países que no van en la línea de EE.UU., que Estados Unidos los considere enemigos, parte del eje del mal, etcétera".
De igual forma, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó el pasado viernes que espera que el nuevo Gobierno de Colombia retire de ese territorio las bases militares de Estados Unidos (EE.UU.).
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
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