Parece cosa ajena en el discurso de los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos el notabilísimo hecho de que junto con Tabasco, Veracruz sea de los estados de la República donde ocurre la mayoría de los secuestros y violación a los derechos humanos de los centroamericanos que pasan por la entidad en su pesaroso viaje al norte del país , cayendo muchas veces en manos de grupos asociados al narcotráfico que encontraron en el rapto de rehenes un multimillonario negocio.
Quienes desean el cargo parecen más preocupados por los aspectos técnicos y de representación de la Comisión que por buscarle una salida específica, por ejemplo, al vergonzoso papel que se le ha endilgado al estado como un verdadero infierno, en el que cientos de humildes y empobrecidos campesinos provenientes de las no menos atribuladas naciones de Centromérica se ven obligados a vivir.
Es cierto que ese papel no le corresponde en estricto sentido a la institución por la que suspiran entre académicos, políticos y funcionarios 16 veracruzanos, pues con las policías estatales y algunos otros funcionarios tienen bastante tarea; no obstante, ante la pesada evidencia de los hechos, a alguno se le podría ocurrir la creación de alguna estructura institucional específica para, cuando menos, vigilar y denunciar los atropellos que la delincuencia organizada comete, cosa que se ve complejísima ante la sospecha de que el propio Instituto Nacional de Migración tiene tajada en este gran negocio que lucra con la miseria y la necesidad de la gente.
De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coordinadora de la zona suroeste de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Coatzacoalcos y Acayucan son de los municipios veracruzanos donde se ha incrementado el secuestro de migrantes centroamericanos a manos de la delincuencia organizada.
Según estos órganos, en la región en que limitan Oaxaca y Veracruz, las corporaciones policiales como el propio Instituto Nacional de Migración hacen poca cosa para evitar los plagios y de manera cómoda y hasta cierto punto entendible en términos de supervivencia o, en el peor de los casos, de complicidad con los delincuentes, se mantienen al margen de los hechos dando carta blanca a estas facciones dedicadas en exclusiva al secuestro.
El párroco Alejandro Solalinde Guerra, coordinador en la región de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, denunció que desde 2008 se ha advertido que Coatzacoalcos es la capital del secuestro de migrantes, pues la tercera parte de estos delitos se hacen desde este municipio. Refiere que hay complicidad de policías municipales, ministeriales y del aparato de justicia, así como omisión del gobierno estatal, porque a ese nivel se hacen campañas antisecuestros y en la práctica es territorio de secuestros.
Si los datos del padre Solalinde están en lo correcto, en una región de Veracruz suceden transgresiones a los derechos humanos en una escala masiva pocas veces vista, pues si en promedio en el país cada año unos 20 mil centromericanos son secuestrados y según la Pastoral en Tabasco y el solar jarocho se cometen 55 por ciento de los raptos, el asunto pasa a un nivel en el que autoridades e instituciones civiles deben enfocar su atención, para evitar que se siga incubando una situación que a la postre se convierta en una pesadilla para los propios habitantes de esa porción de la entidad. Éste bien podría ser un tema que ocupe al futuro ombudsman estatal.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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