El Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" (CIPO-RFM), adherido a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), demandó al gobierno estatal la liberación inmediata de su compañero Pablo López Alavés, procesado penalmente por su presunta participación en un homicidio, donde Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo, aparece como testigo de cargo.
El caso de nuestro hermano, "es uno de muchos, en los que personas dignas y honestas sufren violaciones a sus derechos humanos en una situación de violencia institucional que prevalece en Oaxaca", afirmó Miguel Cruz López, miembro de la Junta Organizativa de esa organización, durante una conferencia de prensa ofrecida frente al Palacio de Gobierno.
El activista expuso que López Alavés, originario de San Isidro Aloapan, fue aprehendido en agosto del 2010 por policías estatales y posteriormente acusado de los delitos de homicidio y de tentativa de homicidio en agravio de Arturo Chávez y Matildo Méndez, ambos oriundos de San Miguel Aloapan, sucedido el 18 de junio de 2007.
Explicó que su compañero se ha distinguido por la defensa del bosque para evitar invasiones de los talamontes y paramilitares priístas de San Miguel Aloapan con la complicidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quienes "participan de las ganancias millonarias de la venta de madera sin importar la muerte del bosque", así como la vida y subsistencia de la comunidad.
Expresó que el proceso penal seguido a López Alavés se ha convertido un "circo burocrático porque los encargados de impartir justicia se niegan a servir al pueblo y se ponen de lado de quienes lo reprimen y saquean sus territorios", ante las irregularidades cometidas por los agentes del Ministerio Público, Francisco Reyes Corpus y Concepción Matías Hernández, así como por la jueza de la Villa de Etla, Lucero Hernández Melchor.
Tanto en la averiguación previa 276(II)/2007 y la causa penal 102/2007, se "demuestra la prefabricación, la complicidad y corrupción de las autoridades y juez encargados de impartir justicia con los priístas de San Miguel Aloapan", señaló.
Precisó que López Alavés obtuvo inicialmente un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en contra del auto de formal prisión dictado por la jueza Hernández Melchor, donde la insta a revisar el proceso, pero a pesar de esto, decreta nuevamente su detención.
Incluso, subrayó que la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CCDHO) emitió la recomendación CCDH/1191/06/OAX/2010 donde corroboró las irregularidades e inconsistencias tanto en la averiguación previa como en el proceso penal.
A causa de esto, observó que López Alavés requirió un nuevo amparo en el Juzgado Tercero de Distrito, el 17 de enero pasado, pero fue rechazado porque las recomendaciones de la CCDHO no son vinculatorias.
Además, se presentaron quejas ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la administración estatal y en la Fiscalía de Control Interno y de Evaluación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero hasta ahora no han sido resueltas.
Consideró que uno de los agravios más insultantes para su compañero resulta el testimonio de El Amarillo porque está en la cárcel "tomando como verdad la palabra de estos criminales".
Ante ello, Cruz Moreno demandó la libertad inmediata de su compañero y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de los comuneros de San Isidro Aloapan, así como el castigo para los autores de las violaciones de sus derechos humanos y la ejecución de la justicia imparcial y digna para todos y todas en Oaxaca.
La próxima protesta
El CIPO-RFM convoca a los seguidores del movimiento magisterial y popular a manifestarse el día 10 de marzo a las 10 horas frente al Juzgado de la Villa de Etla para demandar la libertad de Pablo López Alavés.
Preocupación por la detención al Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y a dos de sus colaboradores, todos defensores de derechos humanos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención de los defensores de derechos humanos José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, (CDH Digna Ochoa) y Nataniel Hernández Núñez, Director de esa organización, con sede en la ciudad de Tonalá, Chiapas, México.
La detención se llevó a cabo el día 22 de febrero del presente, cuando los defensores se encontraban realizando actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba un bloqueo carretero en el tramo Tonalá – Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita.
En el bloqueo, organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, participaban personas de al menos cinco comunidades de esa región, en el marco de acciones de protesta que han venido realizando organizaciones civiles, comunidades indígenas y campesinas para pedir la liberación de 10 personas adherentes a La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas. Junto con los defensores de derechos humanos, fueron detenidas varias personas más, quienes ya están en libertad.
Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, los tres defensores fueron consignados por el ministerio público por los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado.
De la ciudad de Tonalá fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas y puestos a disposición del Juzgado Primero Penal bajo el expediente 34/201. El juez de la causa a últimas horas les retiró el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado, por lo que los tres defensores se encuentran detenidos por el delito de motín.
La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado que los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos contra la seguridad del Estado.1
Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el respeto a los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades.2 En consecuencia, los Estados deben otorgar garantías efectivas y adecuadas a las y los defensores y prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen su trabajo.
El Frayba, manifiesta su preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores de derechos humanos, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.
El Frayba, exige al gobierno del estado de Chiapas, que cumpla con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión y/u obstrucción al trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Chiapas y que como parte del Estado mexicano cumpla con las obligaciones contraídas en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
Antecedentes
En Junio del 2010, el Sr. Nataniel Hernández Núñez, había sido objeto de hostigamiento judicial acusándolo de ataques a las vías de comunicación.
El CDH Digna Ochoa, es una Asociación Civil sin fines de lucro, creada en el 2009, cuenta con reconocimiento legal, trabajan en la Región Istmo – Costa del estado de Chiapas, principalmente en los municipios de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan. Realizan actividades de defensa y promoción de derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales, además acompañan a organizaciones sociales y brindan asesoría jurídica. Apoyan al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, trabajando en las comunidades para formar promotoras y promotores de derechos humanos.
NOTA: ESTE 2 DE MARZO SALDRA UNA CARAVANA MOTORIZADA DESDE TONALA PARA LLEGAR AL PENAL DEL AMATE Y AHI HACER UN ACTO DE PROTESTA Y DE AHI SE DESPLAZARA A TUXTLA GUTIERREZ
Fuente: Notas Rebeldes
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