Hace cuatro años que los funcionarios del gobierno federal se debaten entre el caos de una incompetencia pletórica de iniciativas e ideas sueltas que son ácidamente criticadas por gobiernos, organizaciones multilaterales y protectores de derechos humanos de todo el mundo. A esas críticas el gobierno suele responder con mentirijillas blancas y habla de lo positivo del país. Cuando la cosa va bien en términos de semiaceptar cierta dosis de realidad, responde con estadísticas y el número de las muchas detenciones o muertes de conspicuos líderes criminales. Así pasó hace 20, días cuando Alejandro Poiré llegó armado de ese bagaje a reunirse con la Comisión Bicamaral de Seguridad. También estuvo presente del director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés. Ambos llevaban en ristre afirmaciones como que “las mayores redes de secuestro, exportación y contrabando de drogas están siendo desmanteladas” y autos de fe como “a través de esto el gobierno federal construye, auténtica, verdadera seguridad para nuestro país”. Era miércoles 9 de febrero. El 16 de febrero asesinaron en una carretera de San Luis Potosí al agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Jaime Zapata. Siete días después fueron detenidos y presentados los responsables de la muerte del agente estadounidense de aduanas. Para el 25 de febrero, debido al asesinato del agente y bajo la consigna “no toleraremos el asesinato de un agente o funcionario estadounidense”, las agencias norteamericanas informaban de la detención de más de 500 personas. Otro agente dijo: “estamos sacudiendo el árbol para obtener información de inteligencia buena y dura”. Redadas simultáneas en Atlanta, San Luis, Denver, Detroit, San Antonio, San Diego, Chicago y Nueva Jersey: Redadas que produjeron el beneficio colateral de 9 millones de dólares en efectivo y algunas armas; más unos 12 kilos de metanfetaminas, 107 de coca, 2.5 de heroína y 150 de mariguana. Realizadas en unos 150 lugares distintos y en las que participaron miles de agentes. En la DEA se dijo que los operativos se concentraron no sólo en la desarticulación de las células de los cárteles mexicanos, sino, además, en la recolección de “información de inteligencia”.
Para cuando el agente norteamericano Zapata fue muerto, México contabilizaba más de 36 mil muertos asociados a la guerra de Calderón.
Hay una pregunta elemental que deriva naturalmente de tal despliegue estadounidense. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque, vista la reacción, 36 mil muertos mexicanos más los procesos asociados que carcomen a México –país de las inquietudes y preocupaciones de seguridad estadounidenses– les son lo suficientemente indiferentes como para hacer nada para parar el fenómeno en su territorio. Las redadas fueron contra organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos. Bien. ¿Y las otras no existen? ¿No comercian con drogas y substancias ilícitas? ¿No se asocian acaso con las mexicanas?
La dimensión relativa de la respuesta estadounidense no evita revelar que en toda esta parafernalia hay inmensas distorsiones dentro de los propios Estados Unidos.
Puede darse por sentado que las 500 detenciones fueron relativamente aleatorias. Lanzaron un chinchorro casi a ciegas hacia donde estaban las organizaciones de origen mexicano. No más. Detuvieron a un número de delincuentes de donde “esperan” obtener inteligencia dura. Es de un cretinismo francamente ofensivo. Particularmente luego de los saldos de este lado de la ecuación.
Mientras, el gobierno mexicano sigue con la peregrina idea de que basta hablar bien del país para que percepciones sobre su tragedia se modifiquen. En una especie de axioma goebeliano de repetir hasta el cansancio una mentira para que termine por convertirse en verdad.
La detención de los responsables de la muerte del agente norteamericano se dio en plazo inusualmente breve. Bien por eso. Significa entonces que el gobierno tiene efectivamente la capacidad instalada para ser efectivo en la persecución del delito y, eventualmente, la ministración de justicia. El matiz está en los incentivos.
Lo que explica por qué coños hizo nada en el caso de la devastación de la familia Reyes Salazar. Sara Salazar, madre de 10 hermanos Reyes Zalazar, ha encajado la muerte de cuatro de sus hijos, una de sus nueras y un nieto. Hasta ayer por la mañana nadie del gobierno de Chihuahua se había acercado a ella. Tampoco lo hizo nadie del gobierno federal cuando estuvo en plantón frente al Senado de la República, justo cuando encontraron los cadáveres de sus hijos Elías y Malena Reyes Salazar recientemente secuestrados. Hermanos de Josefina Reyes Salazar, defensora de derechos humanos que fue asesinada el 2 de enero. Con ella sumaban siete defensores de derechos humanos asesinados en Chihuahua. Todos en menos de dos años.
Días antes de ser asesinada había ido ante un Fiscal Militar en Ciudad Juárez donde se trataban los casos documentados por Amnistía Internacional de la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. En todos se implica al Ejército. Por eso no era casual que cuando la madre de los Reyes Salazar exigía que sus hijos aparecieran apuntaba sus sospechas hacia el gobierno. Tanto el estatal como el federal.
Lomas de Salvárcar, el campus del Tecnológico de Monterrey con los doctorandos a los que se quiso hacer pasar por delincuentes, y la saña sobre una familia completa de luchadores sociales son sólo botones muestra de la ínfima, si acaso, calidad de un gobierno que en su cuarto año viene con que ha logrado pergeñar la idea –y reconocerla, además– de que el aumento de la delincuencia organizada y los asesinatos violentos en el país se originan “en la falta de empleo bien remunerado” y oportunidades de estudio para millones de jóvenes de entre 14 y 17 años, que “al no encontrar una oportunidad honesta para subsanar sus necesidades más básicas son blanco fácil de los criminales”. El anormal ejercicio de autocrítica es redondeado con la idea adicional de que el enfrentamiento directo y de fuerza a los delincuentes ha generado que la violencia repunte. ¡Eureka! Visto de quien viene, un momento de lucidez casi equivalente al de Arquímedes cuando dio con la idea de determinar el volumen de los cuerpos por la cantidad de agua desplazada.
A estas alturas es dable pensar cualquier cosa excepto en la sinceridad de los personajes del gobierno federal. Es más probable que el inusual momento de lucidez autocrítica obedezca más al grave problema de tensión bilateral con el gobierno estadunidense por la muerte del agente de aduanas Zapata, que a un inesperado aumento en la capacidad de sinapsis y entendimiento de los hombres de gobierno. Detrás del espaldarazo diplomático de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se asoma tal lectura de la realidad y la petición de modificar el método de aproximación al problema. Pero en este gobierno de impasibles son de lento entendimiento. De hecho la militarización de la seguridad pública –negada por el propio García Luna– se generaliza en más de un centenar de cargos en estados y municipios. En 12 estados ocupan mandos militares las secretarías de Seguridad Pública; las direcciones de Policía Estatal en otras tres. En Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Colima tienen frente a la seguridad pública a miembros de la Marina. Generales, coroneles y capitanes dirigen las labores de vigilancia en municipios y ciudades disputadas por empresas criminales donde han fincado sus zonas de producción, cultivo, almacenamiento, distribución y comercialización, incluso de financiamiento y tránsito hacia zonas de consumo.
Pero a cuatro años de su toma de posesión los problemas estructurales de la seguridad pública en el país siguen intocados y sus manifestaciones son mucho peores que al inicio del gobierno. Nada en absoluto han hecho por atender el problema sustantivo porque no han sido capaces de definirlo siquiera. Han puesto al Estado mexicano en situación tan precaria que puede revertirse incluso contra los oligarcas que drenan al país desde hace décadas.
Se empezó con la fanfarronada de recuperar los territorios perdidos frente a la criminalidad en los primeros días del gobierno federal, hoy ese mismo gobierno es obligado a reconocer frente a diputados federales en un reporte confidencial que el narcotráfico ha infestado a todo México.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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