En concreto | Laura Itzel Castillo
El lunes pasado concluyó el foro sobre Libertad de expresión al que convocamos en la Cámara de Diputados. La séptima y última mesa tuvo como ponentes a los moneros El Fisgón y Helguera, quienes expusieron las razones de la campaña No más sangre que han promovido, a iniciativa de uno de los mayores exponentes de este género periodístico: el maestro Rius. Por su parte, David Manrique, de la revista Contralínea, relató el caso judicial en el que se ha visto involucrado. Él tiene el dudoso honor de ser el primer caricaturista sentenciado por sus opiniones desde la época del Porfiriato.
El foro se desarrolló durante varias semanas. Participaron periodistas, académicos, abogados, defensores de derechos humanos, legisladores y todo aquél que estuvo interesado en hacerlo. El compromiso fue que las propuestas ahí planteadas se traducirían en iniciativas legislativas. De la última mesa, particularmente, surgieron dos proposiciones concretas que, en lo inmediato, serán llevadas al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
Una de ellas versa sobre la responsabilidad del Estado frente a las viudas, huérfanos y víctimas colaterales de la guerra de Calderón. La hizo Antonio Helguera. La otra, de Rafael Barajas, El Fisgón, es la formación de una comisión especial que investigue los acuerdos a que llegó el equipo de transición del Presidente espurio, encabezado entonces por Josefina Vázquez Mota, con la embajada norteamericana, en los días previos a la toma de posesión.
Según revelan cables oficiales de esa legación, obtenidos por WikiLeaks y publicados por La Jornada, el gobierno gringo se comprometió a fortalecer al debilitado Calderón. La presunción es que el panista se subordinó a los norteamericanos, quienes le habrían impuesto la guerra contra el narco como instrumento para legitimarse en el ejercicio del poder. Si ese fue el origen, todo lo demás (incluido el operativo Rápido y furioso) son consecuencias.
Las propuestas de los moneros, que suscribo a cabalidad, son parte también de la campaña No más sangre, que ha irritado sobremanera a la administración panista y a sus portavoces, pues nace con una gran fuerza moral, desde la credibilidad y la autoridad de este grupo de creadores.
Y es que desde hace más de 184 años, cuando arrancó este género de periodismo gráfico en México, hasta la fecha, los caricaturistas han sido una especie de vengadores del pueblo. Frente a la mentira, la manipulación, el fraude y la represión desde el gobierno, una de las mejores respuestas es la sátira, la ridiculización. Contra eso no hay defensa. Por eso los gobernantes autoritarios y usurpadores, como es el caso de Calderón, detestan a los moneros. Consecuentemente, al panista le sulfura ser objeto de caricaturización. Si a eso le sumamos la campaña No más sangre, que lo desnuda, el coctel resulta explosivo. Por eso la urgente necesidad de que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto.
Distintos funcionarios aseguran que de las 35 mil personas muertas en lo que va de esta administración sangrienta, la mayoría se lo merecía por estar vinculada al crimen organizado. En abril de 2010, el propio Calderón afirmó que más de 90% de los muertos era víctima de guerras entre bandas. Incluso su primera reacción ante los jóvenes asesinados de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, fue acusarlos sin pruebas de pandilleros. La misma actitud exhibieron voceros gubernamentales tras la ejecución de los 72 migrantes de Tamaulipas o de los 20 michoacanos de Acapulco. Pero todas estas acusaciones resultaron falsas.
Realmente es difícil saber cuántos eran criminales y cuántos inocentes convertidos en daño colateral. En última instancia, eso no es lo más importante. Lo grave es que todos eran seres humanos. He ahí la trascendencia de la campaña No más sangre: hay que parar la masacre que inició Calderón.
Fuente: El Gráfico
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